El campo ha sido uno de los grandes problemas históricos españoles.

Los conflictos sociales de finales del siglo XIX y del XX, hasta la guerra civil, tienen su gran epicentro en “la cuestión agraria”.

El nacionalismo catalán y vasco no puede entenderse sin el desarrollo industrial que en estos territorios se produjo; contrastando con el resto del país que se mantuvo dominada por el sector primario. El movimiento obrero en España fue esencialmente campesino en sus orígenes y fruto del latifundismo, sin con ello dejar de tener en cuenta la gran aportación al mismo de obreros industriales y mineros en su labor reivindicativa por los derechos laborales y el bienestar colectivo en una sociedad, más dotada para la explotación de clase que para la lucha entre una burguesía mediocre y una aristocracia sin reparos para considerarse dueña del país.

El fratricida conflicto bélico escondió también odios y resentimientos de un mundo rural en el cual el labrador estaba predestinado a la más mísera precariedad, en frase de Ramón J. Sender: “Los lujos de los campesinos son para los actos sacramentales”.

Tras la restauración democrática, con Constitución y Estatutos aprobados, la primera gran crisis territorial que se produjo en el modelo autonómico español, dejando al margen las siempre complicadas relaciones entre el Estado y los gobiernos vasco y catalán por razones de fuero, fue el enfrentamiento entre el gobierno de la Nación y el andaluz por su Ley de Reforma Agraria, que aunque no dejaba de ser una adaptación de la legislación preconstitucional, tenía objetivos que en esos momentos eran ambiciosos: aplicar, desde la proximidad regional, la norma para que nuevamente la reforma del campo andaluz no se convirtiera en un texto meramente declarativo y mejorar la productividad del campo con la utilización de tierras fértiles cuyos dueños habían dejado de explotar. En la desatención política podemos encontrar una de las causas del progresivo proceso de abandono de las zonas rurales, migración del campo a la ciudad que ahora parece sorprender.

Hay que recordar que el ingreso de España en la CEE no fue un proceso exento de tensión para el campo español, lo mismo que la aplicación de la PAC, aunque esta fuera y siga siendo, el gran salvavidas para la agricultura española, y su descapitalización es el conflicto asegurado.

En este momento se debe tener en cuenta, y en buena medida explica el malestar actual de los agricultores, que viene de muy lejos: la Agricultura ha sido una “maría” en la política española. La causa es la perdida de la relevancia electoral de los agricultores.

Durante la época boyante del desarrollo económico español y cuando en el panorama internacional empezaban a soplar con fuerza los vientos de neoliberalismo, más desregularización, nuestro país acudió a lo fácil e hizo que la base de la economía fueran mayoritariamente los servicios y en mayor medida el desenfreno inmobiliario, ¡la gallina de los huevos de oro! Había otras alternativas, apostar por un equilibrio en el modelo productivo entre la industria y los servicios y sobre todo haber sido mucho más riguroso en la utilización del territorio tanto urbanística como fiscalmente.

En ningún caso debería haberse olvidado la producción e industria agraria. Esta debería haber sido ser un componente esencial de nuestro modelo de desarrollo económico. El campo se vio, como tantas cosas, como algo viejuno y pasado de moda. Ahora, cuando las reivindicaciones de agricultores ocupan la calle, la cuestión agraria vuelve a tener un espacio en el debate público. Lo que hace falta es que esas reivindicaciones no caigan en el olvido, ni tampoco que se busquen soluciones de coyuntura. Las soluciones que se acuerden tienen que ser consecuencia de un diálogo social profundo y no cortoplacista. En el cambio radical de formas de producción, consecuencia de la tecnología y de los hábitos de consumo, no se puede dejar al sector agroalimentario al margen, sería engañarse. Tampoco concebir que la modernización y desarrollo se consigue solo con ayudas de estado o beneficios fiscales, españolas o europeas. Esto puede servir para conseguir la paz y evitar que el campo caliente otros sectores muy sensibles, pero no para proyectar hacia el futuro actividades económicas capaces de generar empleos de calidad, ni para contribuir a frenar el cambio climático y el despoblamiento rural.

Decir que España tiene gran potencial agrícola es una obviedad. Ahora hay que aprovecharlo con políticas públicas y dirigiendo la inversión privada al sector. Nuestro país es un territorio especialmente dotado por su climatología para desarrollar una producción ecológica de alta calidad, con un papel de liderazgo en el mercado europeo. Puede ofrecer la máxima calidad y seguridad en su producción; este impulso hay que unirlo a una digitalización de la industria agroalimentaria, utilizar la plural riqueza gastronómica, la vinicultura y la producción oleícola ecológica emergente como emblemas referenciales de la agricultura española. La investigación, tanto pública como privada, es estratégica para proyectar la industria agrícola hacia un futuro estable que sea acompañada de una formación profesional cualificada. Aunque, para hacerlo sostenible, es necesario dotar al sector de una estructura industrial menos atomizada y que consiga una estructura financiera más autónoma no dependiente de unas ayudas europeas que cotizan progresivamente a la baja y buscar la sensibilización y concienciación de los consumidores haciendo que maduren sus comportamientos de consumo, convirtiendo la alimentación en un factor de bienestar.