Uno de los elementos que determinan la calidad de cualquier sociedad democrática es el grado de implicación política de los ciudadanos. Así, cuanto mayor es la participación de la ciudadanía mayor es el beneficio para el sistema. Partiendo de esta premisa, se puede afirmar que en estos momentos en España, y en las democracias consolidadas, se está viviendo una desafección ciudadana hacia la democracia como sistema, que inocula populismos que pueden llegar a acabar con ella.

Una situación que se ha agravado en los últimos años, pero que se viene larvándo desde hace tiempo. Solo hay que recordar como Putnam, en el año 2003, en su libro, El declive del capital social, señalaba que “hay razones para sospechar que a consecuencia de un proceso gradual pero extendido de abandono del compromiso cívico, podrían haberse deteriorado en las últimas décadas algunas de las condiciones previas fundamentales, tanto sociales como culturales, para la existencia de una democracia efectiva.”

Cuando se escuchan debates radiofónicos, o se ven tertulias televisivas se puede constatar la frecuencia con que se cae en el error de establecer un todo homogéneo,  cuando se habla de la participación de los ciudadanos, o de su interés en las cuestiones políticas. Ante semejantes análisis, hay que reafirmar que la sociedad española, y cualquier sociedad contemporánea, es mucho más compleja que la simplificación de argumentos que se realizan en el poco tiempo que se tiene en estos formatos.

Aun así, hay dos hipótesis plenamente verificadas. La primera, es que el interés por las cuestiones políticas de los ciudadanos en España es bajo. Y la segunda, es que el interés o desinterés sobre las cuestiones políticas no es homogéneo dentro de la sociedad, y es más fácil para unas personas que para otras participar.

La consecuencia de esta situación, es que cada vez se agudiza más una desigualdad política, donde las personas que se interesan por la política y participan están imponiendo su agenda. O donde los poderes públicos son más receptivos a las demandas de aquellos ciudadanos que más participan en detrimento de aquellos sectores que no lo hacen, y son los que más precisan de la política y las políticas públicas.

En esta desigualdad política creciente, los jóvenes son uno de los colectivos más afectados, como se puede observar en la realidad social, y analizar en estudios, como el recientemente realizado por José Félix Tezanos y Verónica Díaz, en su libro La cuestión Juvenil ¿Una generación sin futuro?

Partiendo de la heterogeneidad del comportamiento en los jóvenes, sí se pueden señalar algunas tendencias:

  • Poca confianza en las instituciones. En estos momentos, la confianza en las instituciones por parte de la población es mínima, y especialmente grave es la situación en los jóvenes. La confianza de los jóvenes españoles en las instituciones no pasa por su mejor momento. Según los datos del Grupo de Estudios de Tendencias Sociales (GETS) el 62,3 por ciento de los jóvenes españoles afirma que tiene una mínima confianza en el Parlamento; un 76,6 por ciento desconfía del Gobierno; el 68,9 por ciento desconfía de los Partidos Políticos; el 58,5 por ciento de los jóvenes tiene una mínima confianza de los sindicatos y el 40,2 por ciento de los jóvenes afirman confían poco en los medios de comunicación.
  • Poco interés por la política. Aunque en los últimos años se está produciendo un mayor interés de los jóvenes por la política los datos siguen siendo preocupantes. En 2015, un 24,8 por ciento manifiesta que tiene mucho o bastante interés por la política; un 28,2 por ciento tienen un regular interés; y un 46,9 por ciento tiene poco o ningún interés. Una situación mejor que la del año 2009, cuando el 62,8 por ciento de los jóvenes afirmaba que tenía poco o ningún interés. Hay que recordar que el interés por las cuestiones políticas es uno de los hechos que mayor influencia positiva tiene en la participación política.
  • Poca participación. Que va desde que solo un 3,4 por ciento de los jóvenes está afiliado a un partido político, un 7 por ciento ha acudido a una reunión de un sindicato en el último año, un 12,8 por ciento ha ido a alguna reunión de una asociación ciudadana, un 14,1 por ciento ha elaborado o firmado algún manifiesto público; o un 31 por ciento ha asistido a alguna manifestación o acto de protesta.

Estas tendencias en la juventud, y en amplias capas de la población, están provocando una brecha que solo se podrá superar con unas instituciones al servicio de los ciudadanos y con una mayor participación real de los ciudadanos. ¿Cómo? Pues teniendo claro que la agenda política debe ser definida por el debate y la decisión de los ciudadanos, porque dejar a las elites sociales, económicas y políticas la definición y el ajuste de la misma es una abdicación de los derechos y de las responsabilidades que se poseen como ciudadano.