Una de las derivaciones, desde mi punto de vista, de mayor gravedad para un país que ocupa el 27º puesto del Índice de Desarrollo Humano Mundial 2014, el peor desde 1990, se concreta en el aumento entre la población del número de trastornos mentales menores, como ansiedades, insomnios y depresiones, estrechamente vinculados a lasoledad, a la percepción de falta de horizontes y a la impotencia ante lo irremisible, en un escenario que está arrojando, desde el inicio de la crisis económica, a millones de ciudadanos a encadenar futuros sin perspectivas. En definitiva, a instalarse en la vivencia de un círculo vicioso de falta de trabajo y/o paro y/o pérdida de sus viviendas y/o falta de recursos para alimentar a sus familias y a sus propios hijos, circunstancias que, en cualquier caso, generan frustración, temor, tristeza, en definitiva, depresión. Y la tristeza, calificada por algunos analistas como “enfermedad del alma”, es consecuencia, al tiempo que también puede estar en el origen, de los procesos de apartamiento de lo social, de la pauperización en el ámbito relacional y personal y, consecuentemente, de la inmersión del individuo en el desarraigo e indigencia sociales.

La familia española, culturalmente vigorosa y fuerte, espieza clave, a modo de colchón emocional y económico en los procesos de exclusión social. También lo es la solidaridad de la sociedad civil, conceptualizada desde el principio de justicia, que organizada en mareas de diversos colores y plataformas ciudadanas reivindican los derechos de ciudadanía, que pareciera fueran a esfumarse de un plumazo en un país como el nuestro, que dejó como ejemplo la lucha de generaciones de españoles por la igualdad de oportunidades.

Y retomamos la incidencia de los trastornos mentales que, con la crisis económica y las mal llamadas políticas de austeridad, hantraído consigo un crecimiento del 20% del número de personas afectadas por este tipo de problemáticas, especialmente las depresivas, con una sintomatología que puede ir desde la tristeza prolongada, el llanto constante, la sensación de cansancio, los cambios de humor, las crisis de ansiedad, la pérdida de ilusión y la falta de apetito o sueño, que de no ser tratadas adecuadamente en fases iniciales pueden dar lugar a enfermedades mentales graves.

Según la Confederación Española de Agrupaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental (FEAES), tienen mayor riesgo de sufrir depresión y ansiedad las mujeres paradas (véase la investigación realizada por la Universidad de Granada tituladaEfectos de la crisis económica sobre la población española), los jóvenes que no encuentran empleo, los mayores de 55 años que han perdido su trabajo, y/o los que tienen dificultades para hacer frente a los pagos de la vivienda. En definitiva, personasy familias, muchas de ellas en procesos de movilidad social descendente. En paralelo se observa un incremento de los casos de dependencia del alcohol (en un 4,6% según un estudio del Institut Universitari d’Investigació en Ciències de la Salut de la Universidad de las Illes Balears).

Junto a lo anterior, España es uno de los países de la Unión Europea que menos invierte en investigación sobre enfermedades mentales (5% del total del presupuesto en materia de salud), a la par que han disminuido, en su conjunto, los montos económicos dedicados a saluddel Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (2.674 millones en 2011, 2.309 en 2012, 1.936 en 2013 sin contar la partida extraordinaria de dirigida a pagar la deuda generada por el “impago” de las cuotasa la Seguridad Social de cuidadores no profesionales en dependencia, y de 1.907 en 2014), habiéndose plasmado en una reducción de 53.000 trabajadores sanitarios en los últimos años,no existiendo datosprecisos sobre las cantidades destinadas a atender la salud mental.

Profesionales del sector alertan desde hace varios años sobre los efectos que puede tener el progresivo deterioro de las prestaciones en este terreno, así como sobre la necesidad de dar soluciones a la reducción de los servicios y prestaciones públicasy a la progresiva privatización de la atención sanitaria. La realidad es que numerosos centros de salud mental están siendo absorbidos por grandes hospitales y/o están desapareciendo y los programas de prevención, rehabilitación y reinserción han sido recortados,en diversas dimensiones,notablemente.

Ante esta situación, el presidente de FEAFES señala cuatro medidas que deberían acometerse con la finalidad de mejorar la atención en salud mental, que conllevarían además una reducción de futuros costes: «Crear un programa individualizado de atención al paciente, informar a las familias a través de un programa psicoterapéutico, realizar ayudas a domicilio y mejorar las unidades de salud mental».

Sería preceptivo, en cualquier caso, reconducir la deriva que seguimos desde hace años, una senda llena de sufrimientos para buena parte de los ciudadanos, generando trabajos de calidad y decentes, dando oportunidades de futuro a los jóvenes, a los no tan jóvenes y a los que lo están perdiendo todo, para que la “enfermedad del alma” no se convierta en una patología social irremediable.

Si la Constitución española dice en el artículo 43.1 que “Se reconoce el derecho a la protección de la salud” y el artículo 43.2 que “Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto”, desde mi ingenuidad, debería ser así como un derecho de ciudadanía (de igual modo que en el caso de otros derechos constitucionales), por respeto hacia un país valiente que se alejó de las tinieblas y alcanzó la luz, aunque algunos se empeñen en devolvernos a la oscuridad. Estoy segura que no lo conseguirán.