Si Karl Marx y Max Weber son considerados padres de la Sociología es porque, ambos, cada uno en su época, tuvieron la clarividencia de describir el modo de producción capitalista. En El capital y en algunos capítulos de Economía y sociedad, Marx y Weber analizaron la esencia de ese modo de producción que ya en el siglo XIX era dominante en Europa y en América. Así, Weber describió la explotación lucrativa de mercado como aquella actividad orientada de modo continuado por las posibilidades del propio mercado en la medida en que empleando bienes como medios lucrativos puede obtener dinero mediante la producción y venta de bienes solicitados o mediante la oferta de servicios (Economía y sociedad. México, D. F, 1979, pág. 75). Y a su vez debemos a Hans Kelsen el haber despojado el análisis jurídico de connotaciones morales para dejarlo en una tarea ajena a lo axiológico.
Vienen a cuento esas consideraciones a propósito del anunciado cambio de sede social de la multinacional española Ferrovial a los Países Bajos, con las consecuencias negativas que tiene para la imagen económica y política de España. Porque es muy fácil quedarse sólo en la condena moral (que comporta una condena política) cuando, en realidad, está en la base del modo de producción capitalista que cada sujeto económico se mueva primordialmente por la rentabilidad. Otra cosa diferente es que las decisiones adoptadas por cada empresa para maximizar sus beneficios sean, a medio y a largo plazo, acertadas o erróneas. Pero ese juicio también se sitúa en el campo socioeconómico, no en el campo moral. Es decir, que es difícil pedir a los empresarios capitalistas que se muevan con una lógica distinta del puro beneficio.
Antes de avanzar algunos interrogantes que suscita la decisión de Ferrovial conviene presentar dos cuestiones previas. En primer lugar, si la multinacional hasta ahora española se plantea emigrar a los Países Bajos (y no, por ejemplo, a Estados Unidos) es por la extravagancia de que en el seno de la Unión Europea se hayan asentado cinco paraísos fiscales (Chipre, Irlanda, Luxemburgo, Malta y Países Bajos). Esos paraísos fiscales rompen toda la filosofía económica de la Unión Europea y llama la atención que el resto de los Estados miembros de la Unión no se hayan concertado para acabar con esa situación. Especialmente sorprendente es que los Países Bajos, cuya boyante economía se pudo consolidar en el pasado gracias a sus colonias, ahora juegue a hacer dumping fiscal combinándolo con dosis de frugalidad presupuestaria en los foros donde está presente este país, como el Eurogrupo. Dumpimg fiscal, frugalidad y protestantismo no es una fórmula que provoque muchas simpatías fuera de sus fronteras. Por ende, mientas se den esas situaciones, los Estados han de aceptar esa dinámica de escapada fiscal y si molesta, concertarse para irla aminorando. De hecho, muy pocos días antes de que se anunciara la huida de Ferrovial el suplemento económico de El Mundo publicó un artículo titulado “¿Por qué los ricos españoles prefieren los Países Bajos?” (La Actualidad Económica, 12 de febrero de 2023) y en el pequeño ranking de españoles que tienen situado su patrimonio en los Países Bajos ya aparecía en primer lugar Rafael del Pino y familia. Por cierto, que en esa pequeña relación aparecían varias familias catalanas conocidas por su fervor independentista.
La segunda cuestión previa a tener en cuenta es que esta salida de España de Ferrovial es una confesión de que sus directivos dan por perdida la posibilidad de que el Partido Popular gane las próximas elecciones legislativas, pues si creyeran que el partido de Núñez Feijóo va a formar Gobierno a finales de 2023 o principios de 2024 Ferrovial quizá no hubiera intentado abandonar España. Muy convencidos deben estar los directivos de Ferrovial de que el Gobierno que se forme tras las próximas elecciones será otra vez de izquierda y con ello están lanzando un mensaje desvalorativo al Partido Popular o, al menos, un mensaje poco asertivo.
Tras estas dos cuestiones, la operación migrante de Ferrovial plantea cuatro grandes interrogantes.
En primer lugar, ¿Ferrovial actúa por móviles estrictamente económicos o también políticos? Es decir, ¿se traslada a los Países Bajos en busca de un tratamiento fiscal más beneficioso o también como gesto de protesta política contra el Gobierno? Lo primero forma parte de la esencia del modo de producción capitalista y corrobora que los capitalistas no tienen patria sino intereses económicos. Por ello, Ferrovial estaría en su derecho a huir de España si con ello se ahorra unos cuantos millones, aunque el Estado español está también en su derecho en poner condiciones al traslado si no choca con la unidad de mercado comunitaria. A fortiori, cuando el Derecho fiscal comunitario no facilita precisamente esa unidad de mercado.
Pero si lo que mueve a Ferrovial son objetivos políticos, la operación tiene otro cariz. Algún objetivo político debe haber por la justificación aducida ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores: falta seguridad jurídica, si bien pocos días después el CEO de Ferrovial se desdijo en una entrevista en un medio de comunicación. También se sospecha el cariz político al ver el sigilo con que se ha llevado la operación y la deslealtad de informar al Gobierno tras aprobar el traslado el Consejo de Administración. Y esta duda enlaza con el siguiente interrogante: ¿es una operación exclusiva de Ferrovial o también entrarán en juego otras empresas? La duda se impone vista la beligerancia de otras empresas como, por ejemplo. Iberdrola y la propia CEOE. Dicho de otra manera, ¿estamos ante una ofensiva empresarial que trata de condicionar los resultados de las próximas elecciones porque ve difícil que las gane la derecha? El único dato que puede darnos una pista es el incidente del comunicado de Seopan, la patronal de las grandes constructoras. Ésta emitió un comunicado impertinente y hasta ofensivo para el Gobierno, pero, según informaron el 6 y el 7 de marzo El País y La Vanguardia, la organización empresarial dio marcha atrás y el comunicado se convirtió en un texto del que se responsabilizó su presidente. Al menos en este sector de la construcción no todas las grandes empresas quieren ir a la guerra con el Gobierno,
El tercer interrogante me lo sugiere un artículo de Manel Pérez “la rebelión de las superélites” en La Vanguardia de 5 de marzo pasado. El autor se hacía la siguiente pregunta:
“¿Se inscriben los dos episodios [la salida de Ferrovial y la instalación de una adinerada familia catalana en Dubái por razones fiscales] en la creciente rebelión global de las élites, los beneficiados de la globalización, contra la presión impositiva y reguladora de los estados, la cara patricia del populismo galopante?”
O, dicho de otra manera, ¿estaríamos ante una rebelión empresarial española (más o menos amplia) contra un Gobierno legítimo o el tema tiene más alcance y es otro caso más de rebelión capitalista contra políticas socialdemócratas de redistribución de la riqueza, como ya hicieron Reagan y Thatcher?
Y el cuarto interrogante es ¿qué papel está jugando el Partido Popular? En público su papel (al igual que su prensa adicta) es lamentable porque ¿cuándo se ha visto que un partido nacional jalee una operación que puede tener efectos negativos para la economía del país? ¿Y lo hace por ideología, por perjudicar al Gobierno o por motivos menos claros? Tenemos datos suficientes de que el Partido Popular, a través del Partido Popular Europeo está tratando de hundir la economía española con el fin de hundir al Gobierno, por lo que no ha de extrañar que ahora se alíe a una empresa cuyo comportamiento puede dañar a la economía y al prestigio de España
El tiempo irá respondiendo a estos cuatro interrogantes, pero ya hay una conclusión: cuando los capitalistas acentúan su búsqueda de beneficios a cosa de los intereses de toda la comunidad, lo que hace falta es más Estado. Más Estado para fijar las reglas del juego económico. Más Estado para que la economía sirva a toda la sociedad. Más Estado para que el esfuerzo de los asalariados tenga reflejo en el reparto de beneficios de las empresas. Y más Estado para que las empresas de servicios públicos sirvan efectivamente a los ciudadanos. En todo caso, el Gobierno que actúa para todos los ciudadanos no debe renunciar a utilizar los instrumentos que le da el ordenamiento para las operaciones conspirativas de algunos incidan lo menos posible en la buena marcha de la economía española.
