El pasado 29 de febrero se supo que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, la Sala Segunda, ha acordado investigar a Carles Puigdemont por el delito de terrorismo, como solicitaba la exposición razonada elevada por el magistrado Manuel García-Castellón, quien llevaba semanas buscando esta imputación en la mejor línea de los jueces-estrella del pasado. Conforme al largo comunicado del Consejo General del Poder Judicial (aún no se ha publicado el Auto), Puigdemont y Rubén Wagenberg, diputado del Parlamento catalán, serán investigados por el delito de terrorismo en relación con el caso “Tsunami Democratic”. La sección correspondiente acordó nombrar un instructor.

Sin leer el auto es temerario comentarlo a través de un comunicado de prensa, por muy extenso que sea. Pero sí es posible y necesario avanzar algunas consideraciones que nos conducen a un interrogante: ¿Quién politiza el Poder Judicial?

La primera consideración es de carácter cronológico. El llamado “Tsunami Democratic” organizó revueltas y disturbios como respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo contra los dirigentes independentistas, sentencia que se publicó el 14 de octubre de 2019. Los disturbios tuvieron lugar desde la publicación de la sentencia hasta comienzos de 2020, cada vez con menos intensidad. Tanto el magistrado García-Castellón como el Tribunal Supremo (por el carácter de aforado del eurodiputado Puigdemont) han tenido los años 2020, 2021, 2022 y 2023 para imputar al ex-Presidente catalán, pero el instructor García-Castellón sólo ha removido el asunto cuando PSOE, Sumar, Junts y Esquerra acordaron tramitar la proposición de Ley de amnistía. Si el tiempo es un factor determinante en el mundo del Derecho, aquí el tiempo no sólo es determinante, sino que además es un espejo que refleja las verdaderas motivaciones de García-Castellón y de la Sala Segunda del Tribunal Supremo: boicotear una medida legislativa del Parlamento que representa al pueblo español.

La segunda consideración es complementaria de la anterior. ¿Por qué el delito de terrorismo? Sin leer el auto no se deben avanzar muchas interpretaciones, pero sí debemos recordar que García-Castellón ha ido cambiando sus acusaciones a medida que se iba tramitando la proposición de Ley de amnistía para acusar de algún delito que no abarcara la futura amnistía. Podría haber acusado a Puigdemont y a Wagenberg de un delito de incendios forestales o de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente (tipos no incluidos en la amnistía), pero necesitaba algo más fuerte y se ha acordado del delito de terrorismo, a pesar de que lo que promovió “Tsunami Democratic” fueron, para cualquier penalista mínimamente experimentado, desórdenes públicos (véase Jon-Miren Landa: “Tsunami Democrático: ¿terrorismo?”, El País, 1 de marzo de 2024). Se trataba de impedir desde el Poder Judicial que una Ley de las Cortes Generales no pueda aplicarse.

Una tercera consideración es qué han visto el magistrado García-Castellón y los magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que no vieron en su momento varios Juzgados catalanes que ya investigaron los hechos sin llegar a esa conclusión, precisamente cuando los hechos estaban próximos y se podían valorar y reconstruir con cercanía en el tiempo.

Tras estas consideraciones, no es difícil ver en esta decisión del Tribunal Supremo otra actuación política del Poder Judicial, como las que hemos visto en los últimos meses por parte de una Sección de la Sala Tercera del mismo Tribunal (la Sala de lo Contencioso-Administrativo), para anular varios actos del Gobierno. Una actuación con un endeble fundamento jurídico, pero con muchas ganas de hacer oposición política (véase Javier García Fernández: “La rebelión del Poder Judicial contra el Gobierno legítimo de los españoles”, Sistema Digital, 4 de diciembre de 2023).

Un dato relevante acerca de la dimensión claramente política del Poder Judicial, en este caso de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, son los editoriales de la prensa. En los diarios alineados con la derecha y su política de tierra quemada la satisfacción ante la decisión del Tribunal Supremo era evidente, como se vio en “Rotundo aval del TS para procesar por terrorismo a Puigdemont”, 1 de marzo de 2024. En cambio, era mucho más crítico, por las mismas razones de este artículo, el editorial de El País “Supremo, terrorismo y amnistía”, 2 de marzo de 2024.

Por eso, es pertinente preguntarse quién politiza el Poder Judicial, ya que esa es la principal razón que manejan la derecha judicial y la derecha política para desprestigiar el vigente modo de elección del Consejo General del Poder Judicial y reservar la elección de la mayoría de sus Vocales a los mismos Jueces y Magistrados, como si el Consejo fuera el comité de empresa de la magistratura y no un órgano constitucional del Estado. El Poder Judicial no se politiza ni pierde independencia porque su órgano de gobierno, el Consejo, sea totalmente elegido por las Cortes Generales que, repetimos, representan al pueblo español. Se politiza cuando sus órganos unipersonales o colegiados, dirigidos por la derecha judicial y por la derecha política, entran en la batalla política y, saltándose su función de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, se dedican preferentemente a boicotear la acción del Gobierno y la función legislativa del Parlamento. Ahí está la verdadera politización del Poder Judicial. Desde 1978, año en que entró en vigor la Constitución España, no había conocido una rebelión judicial como la que se está viviendo estos días. Pero los españoles no hemos entregado a los miembros del Poder Judicial una potestad para que hagan política de oposición, sino para que cumplan con sus funciones constitucionales.