El lunes 28 de agosto, cuando no habían transcurrido cuarenta y ocho horas de la manifestación barcelonesa contra el terrorismo que manipularon los independentistas, se presentó en el Registro del Parlamento catalán la Proposició de llei de transitorietat jurídica i fundació de la república. Estamos ante lo que puede ser la primera fase del golpe de Estado que están preparando los independentistas, golpe que culminará, muy probablemente, el 2 de octubre si la mayoría del Parlamento proclama la República catalana. Difícilmente puede iniciarse la rentrée política posveraniega de manera más abrupta y por ello en este primer artículo de la temporada vamos a examinar: I) el procedimiento y las circunstancias concomitantes a la presentación; II) el contenido de la proposición de ley y su alcance jurídico; y III) el previsible iter parlamentario y político.

Empezando por el procedimiento y las circunstancias concomitantes a la presentación, debemos apuntar dos circunstancias. La primera es que, como ya nadie pone en duda, el atentado islamista del 17 de agosto ha sido empleado concienzudamente por los independentistas para imprimir velocidad al proceso golpista: rueda de prensa de Puigdemont y de Colau como si fueran las autoridades máximas de Cataluña, división entre ciudadanos españoles y ciudadanos catalanes en la intervención del Consejero de Interior (conspicuo separatista desde su juventud), mentiras del Consejero de Relaciones Internacionales sobre sus relaciones con las autoridades extranjeras que acudieron a visitar a sus conciudadanos hospitalizados, insidias sobre la falta de cooperación policial, etc., para culminar en la celebración de la manifestación en cuya organización participaron, por encargo del Gobierno catalán y del Ayuntamiento barcelonés, los afiliados de la Assemblea Nacional de Catalunya como “servicio de orden”. Probablemente, el tiempo que tardó Puigdemont en llegar desde su lugar de veraneo al Palacio de la Generalidad lo aprovechó para organizar la manera en que mejor partido pudieran sacar del atentado. Todo ello descansa en una falacia (una de tantas del separatismo catalán): que la gestión de los atentados demuestra que Cataluña puede ser independiente. Pero el problema no es ese pues nadie pone en duda que la Administración autonómica puede transformarse en la Administración de un Estado independiente. El problema es que sería un Estado creado autoritariamente contra la voluntad de la mayoría de la población catalana y, además, mediante un golpe de Estado contra el Estado español.

En ese contexto se presenta la proposició de llei de transitorietat jurídica i fundació de la república. Llama la atención una circunstancia muy peculiar. Muy pocos días antes del atentado la Presidenta del Parlamento convocó una reunión de la Mesa para, en principio, admitir a trámite la otra pata legal del golpe de Estado, la proposición de ley de referéndum, firmada al final de julio y a bombo y platillo por los Portavoces de los Grupos independentistas del Parlamento, pero al elaborar el orden del día la Presidenta no incluyó la proposición de ley de referéndum que era precisamente lo que justificaba, por la urgencia, celebrar una reunión de la Mesa del Parlamento a mediados de agosto. La explicación de esa anomalía era evitar que el Gobierno de la Nación recurriera el acto parlamentario de admisión a trámite para su posterior sometimiento a la toma en consideración por el Pleno de la Cámara pensando en algún truco parlamentario (modificación inesperada del orden del día de jun Pleno, etc.). Luego, si los independentistas están jugando la ratón y al gato con el proyecto de ley de referéndum, ¿qué sentido tiene presentar también a bombo y platillo la Proposició de llei de transitorietat jurídica i fundació de la república? Ya sabemos que el PDCat se resistía a presentarlo y que han sido Esquerra y la CUP quienes han forzado la presentación de la proposición de ley y no es ninguna novedad porque, tras el liderazgo de Mas y de Puigdemont, el PDCat (antes CDC) se ha convertido en un partido subordinado a los otros dos.

Quiere ello decir que Esquerra y la CUP han decidido que el primer round del golpe de Estado se celebrará antes del 11 de septiembre. Probablemente pretendan aprobar ambas Leyes antes de ese día y que el Tribunal Constitucional las suspenda, lo que calentará los bien caldeados ánimos secesionistas.

Pasando al contenido de la proposición de ley y su alcance jurídico, lo primero a señalar es que se trata de la Constitución provisional de la República catalana. Llama la atención la obsesión del independentismo (y de su cerebro jurídico) por elaborar textos de desmesurada (e innecesaria) extensión. Ese mismo cerebro jurídico redactó ya el anteproyecto de Estatuto de 2006 y le salieron doscientos cuarenta y cuatro artículos (incluyendo disposiciones adicionales, etc.). Ahora ha escrito noventa y dos (incluyendo disposiciones finales). Sólo una mente jurídicamente retorcida es capaz de escribir tantos artículos para algo que no va a entrar en vigor. Pero forma parte de la impresionante operación de engaño que los independentistas están ofreciendo al pueblo catalán.

La estructura de esta Ley quiere hacerla parecer a una Constitución y abarca los contenidos canónicos de un texto constitucional (disposiciones generales, territorio y nacionalidad, Parlamento, Presidencia, Gobierno y Administración, régimen local, Poder Judicial y Hacienda). Esto ya es llamativo, porque si se desea proclamar la República y, a continuación, convocar elecciones a un Parlamento constituyente (artículos 85 a 89) no se entiende que un Parlamento que ni siquiera conforme a la filosofía independentista es constituyente, apruebe (¡por mayoría simple!) una extensa ley que es materialmente constitucional. Esto es como si el Gobierno Provisional de la Segunda República, en lugar de aprobar un pequeño Decreto de seis artículos -aprobando el estatuto jurídico de ese Gobierno- hubiera elaborado un texto paraconstitucional o si los Artículos de Confederación, primera Constitución de Estados Unidos, hubieran rebasado sus modestos dieciséis artículos. Pero además de crear el marco constitucional de la nueva República a partir de un Parlamento cuya legitimidad viene de la Constitución de 1978 lo que diferenciaría a esta Ley de una Constitución son los citados artículos 85 a 89, que regulan el proceso constituyente. En estos preceptos se establece que si en el referéndum que se celebre vence la opción independentista el Gobierno “activará” (viva la buena dicción) el proceso constituyente, proceso que será, nada menos, democrático, de base ciudadana, transversal, participativo y vinculante: ¿cómo se pueden emplear tantos adjetivos sin decir nada?

No voy a castigar al amable lector contándole un texto onírico-jurídico que no va entrar en vigor. Pero, como ejemplo de la ideología política de sus inspiradores, voy a apuntar algunas de las cuestiones que más llaman la atención:

  1. “Cataluña se constituye en una República de Derecho, democrática y social” (artículo 1). ¿Alguien ha odio hablar alguna vez de una “República de Derecho”? Como tenían que decir desde el primer artículo que Cataluña es una República no se les ha ocurrido otra cosa que sustituir la expresión Estado de Derecho” por ésta que no significa nada y que demuestra que su redactor no tiene grandes cualidades como escritor. Y ese redactor se dolió porque el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales unos pocos artículos de su Estatuto de 2006…;
  2. “La soberanía nacional reside en el pueblo de Cataluña, del cual emanan todos los poderes del Estado” (artículo 2). Y la mayoría simple de los Diputados del Parlamento han decidido crear un nuevo pueblo soberano…
  3. El derecho de la Unión Europea mantiene su naturaleza y posición respecto al derecho interno” (artículo 3 y también artículos 10.1) y “Las normas de la Unión Europea que entren en vigor con posterioridad a la entrada en vigor de esta Ley se integrarán automáticamente en el ordenamiento jurídico de Cataluña” (artículo 14). Como han escrito dos profesores, se libran de la soberanía española para entregarse a la Unión Europea, de la que ni siquiera sería miembro la nueva República (Francisco Sosa Wagner y Mercedes Fuertes: “Entre lo ridículo y lo frívolo”, El Mundo,30 de agosto de 2017);
  4. El Poder Judicial, como han destacado todos los comentaristas, queda condicionado por el Gobierno pues el gobierno del Poder Judicial se atribuye a la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo y a una Comisión Mixta integrada por esa Sala y por personas designadas por el Gobierno (artículo 70). Pero esta influencia política del Poder Judicial no se agota ahí, porque la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo se compone, entre otros, por cinco Magistrados o Jueces elegidos por el Parlamento (artículo 71). Curiosamente, a los cinco días de entrar en vigor la Ley el Parlamento (es decir, el Parlamento actual con mayoría exigua de independentistas) ha de nombrar a los Presidentes del Tribunal Supremo y de sus Salas para politizar y depurar el Poder Judicial como había vaticinado el Magistrado sancionado Vidal. Y para que no haya dudas se ordena sobreseer o anular los procesos penales incoados o pendientes de recurso contra Mas y demás políticos independentistas (sobre el modelo judicial, véase Xavier Arbós: “Un país nuevo, un Estado peor”, La Vanguardia, 30 de agosto de 2017 y el editorial de este diario titulado “El mandato y el espíritu democráticos”;
  5. Un proceso constituyente ya definido: activación por el Gobierno, proceso participativo de seis meses al estilo venezolano y elección de la Asamblea constituyente;
  6. Entrada en vigor cuando se celebre el referéndum y triunfe el “Sí”.

Por lo demás, el autor del proyecto ha escrito mucho pero ha pensado poco, pues los artículos referidos al Parlamento, al Presidente y al Gobierno son una mala copia de la Constitución española y contienen, además, muchas remisiones al vigente Estatuto de Autonomía que no se molestan en derogar. También es una mala copia de la Junta Electoral Central y demás Juntas Electorales los nuevos órganos electorales (Sindicatura Electoral de Cataluña, Síndico Electoral y Sindicaturas Electorales territoriales), pero bajo una denominación arcaizante. También sigue vigente el Consejo de Garantías Estatutarias creado por el Estatuto de 2006 si bien se le cambia ligeramente de denominación, y se mantienen todos los órganos estatutarios.

Desde un punto de vista jurídico, el texto es un bodrio impropio de quien ha tenido altas responsabilidades en el Tribunal Constitucional. Pero desde el punto de vista político hay que decir dos cosas: es la primera fase del golpe de Estado que quiere destruir el actual Estado democrático y, en segundo lugar, prefigura un Estado autoritario.

Finalmente, ¿qué pasará con este texto? A mi juicio, es probable que, por presiones de Esquerra y de la CUP, se apruebe por Decreto-Ley en la semana del 4 de septiembre o en Pleno inesperado del Parlamento para que dé tiempo a que lo suspenda el Tribunal Constitucional, para que calentar la celebración del 11 de septiembre. No se darán por enterados e intentarán celebrar el referéndum. Y bastará con que pongan dos urnas de cartón en cualquier cueva y acudan unos pocos votantes para proclamar que el “Sí” ha vencido. Y el día 2 de octubre, los Diputados independentistas del Parlamento proclamarán la República catalana. Pero eso es materia de otros próximos artículos.