Por primera vez, el derecho a la participación de los trabajadores en las empresas se recoge en un acuerdo de partidos, el de PSOE y SUMAR, con la intención de convertirlo en Ley durante esta legislatura. Una reivindicación histórica del movimiento sindical, que forma parte del documento firmado y puede hacer que en los órganos de decisión de numerosas empresas participen los sindicatos o trabajadores elegidos para ello.
Se apoya en el artículo 129.2 de la Constitución, en el que se afirma que “los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la empresa y fomentarán mediante una legislación adecuada las sociedades cooperativas. También establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción”. El Estatuto de los Trabajadores también recoge en el art. 4.1.g este derecho que no se ha desarrollado. Salvo el art.64 del Estatuto de los Trabajadores, que recoge el derecho a la información y consulta a los trabajadores a través de sus órganos de representación, nuestra experiencia de participación se reduce al desarrollo del AES (Acuerdo Económico y Social), firmado en 1986 entre los sindicatos y el gobierno, por el cual se acuerda la participación sindical en los consejos de administración del sector público empresarial. El alcance de esta medida ha sido muy desigual y en algunos casos poco operativa.
No hay duda de que hay sustento jurídico para asentar una norma que está implantada en muchos países. Alemania pronto celebrará los 50 años que lleva aplicando lo que ellos llaman la “cogestión”, y que tiene su origen en el año 1951, cuando se aprobó la primera Ley de codecisión en los sectores del carbón, el acero y el metal, que permitió posteriormente regular la representación de los trabajadores en los órganos de gobierno de las empresas.
Con fórmulas muy diferentes, países como Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Finlandia, Francia, Hungría, Irlanda, Luxemburgo, Austria, Países Bajos, Noruega y Suecia, ya llevan décadas practicando esta participación. No hay un hilo conductor entre las distintas regulaciones. Unas lo hacen en función del tamaño de las empresas y otras por el ámbito de actividad empresarial que abarcan; las hay que regulan la participación de los sindicatos directamente y otras que lo hacen a través de organismos semejantes a un Comité de Vigilancia como el que tiene Volkswagen.
Sin duda, el sistema alemán es el más conocido y también el más amplio y sólido del mundo. Su fórmula paritaria de representación en aquellas empresas que cuentan con más de 2.000 trabajadores y otras muy diversas en las medianas empresas, le ha ayudado a ser una de las primeras economías del mundo. La competitividad, la fidelización de los trabajadores a las empresas, la reducción de los conflictos, la mejora de la calidad y el aumento de la eficiencia tiene mucho que ver con este sistema y, a su vez, desdice el ansia desreguladora de los neoliberales que ven la participación de los trabajadores como algo antinatural en el funcionamiento empresarial.
La Plataforma por la Democracia Económica ha firmado un manifiesto “Por la modernización de las empresas españolas y por la participación de los trabajadores en su gobierno”, en el que se plantea la necesidad de repensar la economía desde la democracia mediante la participación de los trabajadores como un paso importante para acabar con la desigualdad, la precarización y aminorar las exponenciales ganancias de los más ricos.
En la misma línea, las voces de los sindicatos, la CES o el Consejo Económico y Social Europeo, claman por repensar la economía desde una posición más democrática. La crisis del 2008 mostró el fracaso de un modelo empresarial al que le horroriza dar voz y voto a los trabajadores para opinar e influir en las decisiones empresariales.
Aprovechando la Presidencia española del Consejo de la Unión Europea, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo impulsó en septiembre pasado un encuentro internacional para analizar “El futuro del trabajo y el diálogo social”, en el cual, y entre otras cuestiones, se instó a la UE a avanzar en la democracia en el trabajo siguiendo las experiencias exitosas de algunos países europeos. El apoyo del Comisario de Empleo y Derechos Sociales, Nicolas Schmit, abogando por que sea asumido por la Comisión, puede ser un paso importante para avanzar en esa dirección y, de paso, actualizar la Directiva sobre información y consulta a los trabajadores de la UE y la Directiva sobre los Comités de empresas europeas transnacionales que se aprobaron hace más de 20 años.
Como explicaba hace poco la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, “si nos tomamos en serio el desafío de democratizar Europa, debemos comenzar porque las personas trabajadoras europeas adquieran el derecho a participar de las decisiones que afectan a su día a día”.
