El Real Decreto 826/2020, de 25 de octubre, ha declarado otra vez el estado de alarma en todo el territorio nacional, de conformidad con el artículo 4.b) de la Ley orgánica 4/1981, de 4 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio. La declaración contribuirá a dar seguridad jurídica y claridad política a la acción administrativa de lucha contra la pandemia. Además, la declaración trae causa y viene a evidenciar el errático comportamiento de muchas Comunidades Autónomas, de la oposición y hasta del Poder Judicial. Por eso vamos a examinar la corrección jurídica de la medida y sus eventuales alternativas y, en segundo lugar, las reacciones de los restantes sujetos políticos.

La respuesta ha sido jurídica y políticamente correcta porque hemos de recordar una vez más que el estado de alarma es el instrumento idóneo, conforme a Derecho, para luchar contra el Covid-19- El mencionado artículo 4.b) de la Ley orgánica 4/1981, de 4 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio, establece

“El Gobierno, en uso de las facultades que le otorga al artículo ciento dieciséis, dos, de la Constitución podrá declarar e1 estado de alarma en todo o parte del territorio nacional, cuando se produzca alguna de las siguientes alteraciones de la normalidad:… b) Crisis sanitarias, tales como epidemias y situaciones de contaminación graves…”.

Frente a esta regulación tan rotunda, la legislación vigente en materia de Salud Pública (la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, y la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública) no contiene referencias a la limitación de derechos para combatir una epidemia. No lo contiene ni tiene que contenerla, porque la legislación sanitaria no es la sede para fijar esas limitaciones muy extraordinarias de derechos. Tampoco es adecuado, como ha propuesto algún constitucionalista, combatir la epidemia declarando el estado de excepción, porque esta situación está pensada no tanto para restringir colectivamente libertades, sino para aplicarla selectivamente. Desde 1981 el ordenamiento ha establecido que el estado de alarma es un instrumento para hacer frente, entre otras catástrofes, a las epidemias; y así debemos actuar.

Por eso la machacona propuesta del Partido Popular de reformar la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, es jurídicamente inconsistente y sólo pretende aparecer ante la opinión pública como el partido que obliga al Gobierno a comprar su mercancía (averiada, por cierto). No es una propuesta solvente, sino un pulso al Gobierno.

En cuanto al contenido de la nueva declaración hay que destacar, como han hecho algunos medios, que se trata de un estado de alarma “federal”, en el sentido de que la capacidad de decisión se desplaza parcialmente a las Comunidades Autónomas, lo que, por otra parte, está previsto en el artículo 7 de la Ley orgánica de 1981. Vista la resistencia de muchas Comunidades Autónomas durante el anterior estado de alarma (bien por hacer oposición al Gobierno, como hicieron Cataluña y Madrid, bien por asentar el poder autonómico frente al Estado como se vio en alguna Comunidad Autónoma socialista), atribuir la autoridad delegada al Presidente de la Comunidad, habilitando atribuciones normativas y para dictar actos administrativos a la propia Comunidad (artículo 2.2 y 2.3 del Real Decreto), es un acto sensato que respeta el principio de autonomía y permite una confluencia de gestión entre el Estado y las Comunidades. Por otra parte, las limitaciones de derechos que fija el nuevo Decreto (limitación de circulación en horario nocturno, vulgo “toque de queda, limitación de entrada y salida en las Comunidades Autónomas, vulgo “confinamiento”, y limitación de permanencia en lugares públicos y de culto) son técnicamente las medidas adecuadas para evitar las aglomeraciones, que son la fuente principal de transmisión.

No son medidas dictatoriales, como dice Vox, sobre todo cuando la prórroga más allá de los primeros quince días ha de ser autorizada por el Congreso de los Diputados, y el propio Decreto añade como medida adicional de control la comparecencia quincenal del Ministro de Sanidad ante el Parlamento y se atribuyen medidas adicionales al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

La reacción de la oposición política y mediática podría haber sido más leal y constructiva. Para calentar el ambiente, los periódicos de la derecha dijeron en su primera plana del 27 de octubre: “Empresarios, juristas y oposición, contra la alarma de Sánchez” (ABC) y “Los juristas rechazan la alarma de Sánchez por ‘desproporcionada’” (El Mundo). Para criticar al Gobierno ambos diarios han acudido a los mismos profesores de Derecho constitucional (no muchos) conocidos por sus simpatías conservadoras, que con poca consistencia ejercen en este caso de intelectuales orgánicos de la derecha y de la extrema derecha, a pesar de que van a ser las propias Comunidades Autónomas las que van a aplicar, modulándolas en su caso, las restricciones “dictatoriales” del Gobierno.

También llama la atención la reacción de los empresarios. En su primera plana del mismo 17 de octubre decía La Vanguardia: “Los empresarios piden un estado de alarma corto y los sindicatos, medidas sociales”. Sorprende la ceguera de los empresarios: cuando media Europa declara el “toque de queda”, cuando el Primer Ministro neerlandés anuncia que no va a salir de su país hasta 2021, los empresarios españoles, con su habitual cortoplacismo, quieren seguir haciendo negocios. ¿No habrá un empresario inteligente que diga a sus compañeros que el mejor negocio es cortar sanitariamente la pandemia y sólo después replantearse la reconstrucción?

Y en la estela de la prensa de derechas y de los empresarios cortoplacistas, el Partido Popular sigue actuando con poca lealtad. No vale exigir una reforma normativa como condición para pactar el estado de alarma porque el partido de Casado tendría que demostrar que su propuesta protege mejor las libertades que el estado de alarma, lo que no es cierto ni demostrable. Y no vale pedir un estado de alarma más breve que concluiría en Navidad, porque al Partido Popular se le ve muy bien el plumero de los empresarios cortoplacistas, que quieren hacer caja en Navidad a costa de romper toda distancia social y que los ciudadanos-consumidores se lancen a los comercios en tan entrañables días. Y si a partir del 24 de diciembre se redobla la pandemia por la asistencia masiva de personas a comercios y a fiestas, no pasa nada, que responda Sánchez y su Gobierno de coalición. Por eso Casado pone un límite de dos meses al estado de alarma para salvar a los empresarios a costa de la expansión de la epidemia. La misma posición de la Presidenta de Madrid. Es en situaciones límite como éstas donde se ve que la derecha es el(los) partido(s) de los empresarios.

Es de suponer que cuando las Comunidades Autónomas del Partido Popular empiecen a aplicar el nuevo estado de alarma, empiecen también a modular su política desleal de oposición. Porque, al día de hoy, la derecha, toda la derecha, sigue amparándose en el Covid-19 para hacer oposición desleal al Gobierno y, si llega la ocasión, derribarlo.