Una buena salud mental es parte integrante de nuestra salud y bienestar general. Como señala la Organización Mundial de la Salud (OMS) nos permite afrontar los retos, conectar con los demás y avanzar a lo largo de la vida. Es vital y merece ser reconocida y respetada.

Millones de personas en el mundo ven limitados sus derechos humanos básicos todos los días como consecuencia de padecer un problema de salud mental. A unos se les priva de las decisiones sobre su propia salud, a otros se les discrimina o excluye de la vida cotidiana, y muchos más no disponen de los servicios de salud mental que necesitan o reciben una atención que no respeta sus derechos humanos.

¿Millones? Sí. Una de cada ocho personas en el mundo padece algún problema de salud mental, lo que puede repercutir en su salud física, su bienestar, su relación con los demás y sus medios de subsistencia. Las personas con trastornos de salud mental graves mueren de forma prematura, en torno a veinte años antes, debido a enfermedades físicas prevenibles.

Además, cada vez más adolescentes y jóvenes presentan problemas de salud mental. Concretamente, los trastornos mentales afectan a uno de cada siete adolescentes en todo el mundo, la depresión se perfila como la principal causa de enfermedad y discapacidad entre los adolescentes, y el suicidio es la segunda causa de defunción entre las personas de 15 a 29 años, según la OMS.

Con ocasión del día mundial de la Salud Mental, el día 10 de octubre, la Organización Mundial de la Salud (OMS) desarrolló una campaña con el lema “La salud mental es un derecho humano”, con el objetivo de mejorar los conocimientos, sensibilizar a las personas y a la sociedad, e impulsar medidas que promuevan y protejan la salud mental de todas las personas como derecho humano universal.

Queda mucho camino por recorrer para que se tome conciencia de que la salud mental es un derecho humano básico que tienen todas las personas. Un derecho que al mismo tiempo incluye el derecho a ser protegido de los riesgos para la salud mental, el derecho a una atención disponible, accesible, digna y de calidad, y el derecho a la libertad, la independencia y la integración en su entorno social, como afirma la OMS.

El informe Health at a Glance del año 2018, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y la Comisión Europea, en los que se evalúa el progreso hacia sistemas de salud eficaces, accesibles y resistentes en toda la UE,  estimaba que el coste total de los problemas de salud mental representa el 4 por ciento del PIB en los países de la UE: 190.000 millones de euros (1,3% del PIB) en gasto directo en asistencia sanitaria, 170.000 millones de euros (1,2% del PIB) en gasto en programas de seguridad social y aproximadamente 240.000 millones de euros (1,6% del PIB) en costes indirectos para el mercado laboral debido a la reducción del empleo y de la disminución de la productividad laboral.

La estimación que en el informe se realizaba para España hablaba de 45.058 millones de euros en coste total de los problemas de salud mental, es decir, el 4,2 por ciento del PIB, repartidos en: 14.415 millones en costes directos en asistencia sanitaria, 12.318 millones en costes directos en programas de seguridad social y 18.325 millones de costes indirectos en relación con disminución la de productividad laboral.

Lo positivo es que algo está cambiando. En España, en los últimos años, y más aún desde la pandemia, se está avanzando en visibilizar la salud mental y en poner más recursos por parte de las administraciones para hacer efectiva la prevención y el tratamiento de los problemas de salud mental.

Cada día, más y más personas reconocen abiertamente situaciones relacionadas con su salud mental, que hasta hace poco eran ocultadas en la esfera de lo privado por miedo a la estigmatización. Este incipiente cambio social ha venido acompañado de un mayor compromiso por parte del Gobierno de España. Ejemplos de ello, son la Estrategia de Salud Mental del Sistema Nacional de Salud 2022-2026, y el incremento que se ha producido en los presupuestos destinados a esta materia.

Este aumento de la preocupación de las instituciones por la salud mental se produce en un momento donde nueve de cada diez españoles están muy de acuerdo en dedicar más recursos a ciertas áreas de la sanidad pública. Y concretamente, el 94 por ciento de la población está muy/bastante de acuerdo en dedicar más recursos a los servicios públicos de salud mental, según los datos de la encuesta de prospectiva II del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publicada en el año 2022.

Y también, en una sociedad donde ante el 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y una posible actualización de esta con nuevos derechos, un 73,9 por ciento de los españoles cree que deberían incluirse derechos medioambientales, por ejemplo, derecho al agua potable, y demás suministros. En segundo lugar, un 72,6 por ciento el derecho a la salud gratuita. Y, en tercer lugar, un 44,4 por ciento cree que debería incluirse el derecho a tener acceso a la salud mental, según la encuesta sobre el 75 aniversario de la declaración universal de los derechos humanos realizada por el CIS.


La campaña de la OMS es necesario que tenga la máxima difusión para que la salud mental se valore, se promueva y se proteja, y para que se tomen medidas urgentes a fin de que todas las personas puedan hacer valer sus derechos humanos y obtener la atención de salud mental de calidad que necesitan.

A ello, todos juntos y normalizando las pequeñas cosas de la vida diaria.