En Europa y en España, los trastornos mentales, son el segundo problema de salud más común en el trabajo. Desde marzo de 2020, los problemas de salud mental aumentaron en todo el mundo a raíz de la pandemia, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Insisto y reitero mi preocupación por la salud mental en el ámbito laboral, porque es una asignatura pendiente para la salud pública y también para la prevención de riesgos laborales, pese a que la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales lleva ya más de 25 años en vigor, y en ella ya se hablaba de salud integral y de riesgo psicosocial. Pero parece que el tiempo no pasa para algunos temas, y este es uno de ellos.
La OMS define la salud como el estado completo de bienestar físico, mental y social y no simplemente la ausencia de enfermedad o dolencia. En estos días leemos como España encabeza el consumo de ansiolíticos en Europa. Más de 2,5 millones de personas consumen psicofármacos a diario en nuestro país. También el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) nos ha advertido del incremento del número de suicidios en nuestro país, en 2020 han fallecido por suicidio 3.941 personas en España, una media de casi 11 personas al día; un 74% de ellas varones (2.938) y un 26% mujeres (1.011), 270 defunciones más respecto a 2019.
Estas cifras generales se centran principalmente en ciudadanos y ciudadanas en edad de trabajar. Pero lo importante no es la cifra, sino el problema que supone ya que detrás de estas frías cantidades hay nombres, caras, personas, familias que ven cercenadas sus vidas por el empeoramiento de su salud y sin una solución próxima que les ayude a mejorar.
Y son diferentes aspectos los que influyen en la aparición de problemas mentales en el mundo de trabajo. Por un lado, la incertidumbre y el desempleo que veníamos padeciendo en nuestro país desde la aprobación del Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, y que se ha visto acrecentado durante la pandemia es causa directa de empeoramiento de salud mental. Ambos se sitúan entre las principales preocupaciones de los españoles junto con una mayor precarización del mercado laboral. Diversos estudios demuestran que el desempleo, sobre todo si es de larga duración, es perjudicial para la salud mental.
Desde 2012 se han venido generando y han aumentado en frecuencia e intensidad condiciones laborales más inestables, que han sido caldo de cultivo de ciertos riesgos psicosociales como el estrés laboral, la carga mental, el síndrome de burnout, inseguridad contractual o el tecnoestrés.
Esta situación durante el confinamiento se ha agravado, muchas de las personas trabajadoras esenciales continuaron trabajando con bajos sueldos, contratos temporales, largas jornadas y están expuestas a infinidad de riesgos laborales. Ha aparecido la figura de la persona trabajadora pobre, ya que aun trabajando no les es posible mantener una calidad de vida digna y un estado del bienestar adecuado.
Otro aspecto que ha empeorado con la pandemia ha sido la mayor implantación de las nuevas tecnologías de la información y comunicación en el ámbito laboral, especialmente el teletrabajo, el aumento en el volumen y velocidad de información, la externalización y la subcontratación han producido más problemas psicológicos en el mundo laboral. Con la actual Reforma Laboral, Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo, negociada con el Gobierno socialista, empresarios y sindicatos probablemente la situación de precariedad vaya mejorando, pero es necesaria una nueva estrategia en favor de la salud mental en el ámbito laboral.
Aspecto a su vez a destacar es que nos encontramos con una falta de estadística referente a las enfermedades mentales producidas en el trabajo, ya que ninguna de ellas está contemplada en el actual cuadro de enfermedad profesional, Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y registro, por lo que la realidad esta distorsionada. Tan sólo hay un pequeño acercamiento a través de las estadísticas de accidentes de trabajo producidos por patologías no traumáticas, de las 14381 comunicadas en 2021 tan solo 61 fueron desórdenes mentales, cifras muy alejadas de la situación en la que nos encontramos.
La Organización Internacional del Trabajo en 2010 aprobó una recomendación (Recomendación 194) de lista de enfermedades profesionales en cuyo anexo figuran los trastornos mentales y del comportamiento prestando especial atención al trastorno de estrés postraumático y a otros trastornos mentales cuando exista un vínculo directo entre la exposición a factores de riesgo que resulte de las actividades laborales y el (los) trastorno(s) mentales o del comportamiento contraído(s) por el trabajador. Esta recomendación no se ha seguido por el Estado Español, que no ha incluido estas patologías en la norma que regula la enfermedad profesional.
Las principales enfermedades que generan estos factores de riesgos psicosociales son ansiedad, estrés laboral, el síndrome de agotamiento emocional o del quemado (burnout), el de insatisfacción y desinterés, la violencia en el trabajo, trastornos del sueño relacionados con los trabajos a turnos.
Respecto a la violencia en el trabajo afecta al 11% de los profesionales españoles, las personas que interaccionan frecuentemente con terceros, como clientes, estudiantes o pacientes, pueden tener mayor riesgo de exponerse a comportamientos violentos. La última encuesta del INE, 2021, sobre siniestralidad laboral realizada con datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) vislumbra como se ha incrementado en los trabajadores y trabajadoras los niveles de estrés, depresión o ansiedad. Son diversos los estudios que trasladan que la preocupación, el estrés, y la tristeza entre los empleados de todo el mundo han ido en aumento durante la última década.
Por tanto, queda claro que una mala salud mental puede aflorar en el ámbito laboral y tenemos la obligación de dar una respuesta preventiva. Lo que sucede es que las empresas siguen considerando los riesgos psicosociales como externos a las mismas, y normalmente las personas trabajadoras que los padecen acuden al sistema público de salud, colapsado y falto de respuesta por la falta de recursos humanos y de centros especializados para la atención a la salud mental. Lo que no existe no se evalúa, ni se evita. La cuestión clave es que hablamos principalmente de enfermedades generadas por una mala organización del trabajo, y a las empresas no les suele gustar que nadie se interponga a su estilo de gestión.
Además, las personas trabajadoras con este tipo de patologías lo suelen ocultar, ya que en muchos casos se ven señalados, tienen menos oportunidades laborales, académicas, sociales, y ven como su calidad de vida empeora, así como su proceso de integración social y laboral. Se genera un rechazo hacia las personas cuando padecen enfermedades mentales que suelen ser etiquetados como peligrosos o inútiles.
Son diversos los factores que influyen en la salud mental de las personas trabajadoras. Falta de comunicación, de participación, horarios prolongados y poco flexibles, el trabajo a turnos, bajo nivel de apoyo y escaso poder de decisión y control sobre la tarea, así como falta de claridad en los objetivos constituyen algunos de los riesgos para la salud mental.
Según la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo (OSHA) entre las condiciones de trabajo que pueden entrañar riesgos psicosociales para las plantillas, están las cargas excesivas de trabajo, las exigencias contradictorias, la falta de claridad en las funciones, la poca participación en la toma de decisiones que afectan al trabajador y en la manera de hacer el trabajo, la gestión deficiente en la organización del trabajo, la comunicación ineficaz, la falta de apoyo, el acoso psicológico o la violencia ejercida por otros y la inseguridad en el empleo.
Información, formación y sensibilización son aspectos necesarios en el cambio de mentalidad por parte de las empresas, han de asimilar que el bienestar de las personas trabajadoras influye en una mayor productividad. Y que las organizaciones son responsables de garantizar la seguridad y salud de todas las personas trabajadoras, adoptando cuantas medidas sean necesarias para protegerles de cualquier riesgo existente. Abordar adecuadamente la prevención de los riesgos psicosociales es una obligación normativa y también una obligación ético-moral. La prevención de los riesgos debidos a problemas de salud mental debe ser una línea de actuación prioritaria de actuación empresarial.
Trabajar es beneficioso para nuestra salud, pero en ocasiones puede producirse un entorno laboral negativo que nos afecte física, mental y emocionalmente.
Las empresas deben asumir un papel activo que promueva la adecuada salud mental en el lugar de trabajo contribuyendo al bienestar de los trabajadores y la reducción de las bajas laborales derivadas de afecciones mentales (los trastornos psiquiátricos son actualmente la causa más frecuente de ausencias de larga duración por enfermedad), ha de ser un objetivo.
La propia Inspección de Trabajo, alertada por el aumento de este tipo de riesgos publicó en 2021 un criterio técnico 104/2021 de actuación donde establece la obligación de las empresas a evaluar estos riesgos y la planificación de medidas preventivas.
Las políticas públicas deben ayudar a que la salud mental en el trabajo sea tenida en cuenta por parte de las empresas. La nueva Estrategia de Salud Mental del Sistema Nacional de Salud (2022-2026) del Ministerio de Sanidad, y de la actual “Estrategia española de seguridad y salud en el trabajo del Ministerio de Trabajo” que se está negociando actualmente deben profundizar en ello. La salud laboral es parte de la salud pública y de la prevención de riesgos en el trabajo. Una mayor coordinación entre ambas administraciones es obligada si se quiere abordar y atajar este grave problema. La prevención, detección temprana, evaluación, apoyo y las medidas preventivas para evitar estos riesgos, así como la reincorporación o readaptación han de ser una prioridad en los centros de trabajo.
Más profesionales, más recursos, coordinación, accesibilidad a un tratamiento integral y una apuesta por la prevención son temas centrales que deberían contemplarse en un Plan de Acción concreto y definido. Se ha de abordar la problemática de la salud mental en el ámbito laboral y situarla en el plano adecuado, mejorando la calidad y el bienestar de las personas trabajadoras. Ya que el trabajo digno debe ser saludable y contribuir al desarrollo del individuo, como persona y como trabajador.
