En una entrevista en El País Semanal, del 25 de abril 2010, Umberto Eco señalaba que “donde la democracia entra en crisis, el poder acaba en las manos de quien controla los medios de comunicación”. Así, en la medida en que las grandes corporaciones mediáticas se han convertido progresivamente en una pieza muy influyente de la estructura de poder hay que entender que su papel condiciona de manera sustancial el funcionamiento y la legitimidad de los sistemas democráticos.

Y el problema es que no solo los medios de comunicación operan de facto como un poder, sino que los grandes poderes tienden a actuar también a través de los medios. Así, las grandes corporaciones mediáticas convierten la libertad de expresión en un activo de su negocio, y también en un instrumento para intereses que están fuera del mundo de la propia comunicación.

La elaboración y el tratamiento de la información pasa a mostrarse en respuesta a los objetivos comerciales del grupo empresarial y sus estrategias. Se produce una alteración del marco democrático, que degrada la vida política y social, al existir de facto una privatización de la libertad de prensa que, junto con el concepto más amplio de libertad de expresión, forma parte de la arquitectura del Estado de Derecho.

Y algo resulta categórico, la propiedad del medio es determinante dentro del proceso comunicativo, y provoca una presión permanente que afecta la acción política y sitúa al ciudadano y sus intereses por detrás de los intereses de quienes emiten. En este punto se suele confundir la libertad de empresa con la libertad de prensa, ésta última en un plano de valores muy distinto a la primera.

La agenda empieza a ser fijada y gestionada por los medios en vez de por los políticos como representantes de los ciudadanos. Los medios determinan lo que tiene relevancia social o no. Y mientras los políticos están sometidos al control de las urnas y la división de poderes, los medios no están más que sometidos al cumplimiento de la ley y al número de lectores, oyentes, telespectadores y –lo que es todavía más importante- anunciantes.

En esta situación, la televisión continúa siendo el medio a través del que suelen informarse sobre las noticias la mayoría de los españoles. Concretamente, el 69,8 por ciento. Y el canal principal de televisión donde suelen ver los programas informativos son Antena 3, un 18,7 por ciento; TVE 1, un 16,1 por ciento; La Sexta, un 8,5 por ciento; Telecinco, un 5,8 por ciento; TV3, un 4,4 por ciento; Canal 24 horas, un 2,5 por ciento; 13TV, un 1 por ciento; y Cuatro un 0,8 por ciento, según el estudio de audiencias de medios de comunicación social realizado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Estos datos, muestran como un grupo mediático privado, con dos canales, acapara un porcentaje de audiencia del 27,2 por ciento.

A lo anterior hay que añadir que un 67 por ciento de los españoles suele ver los programas informativos de la cadena que citan todos o casi todos los días; un 16,9 por ciento, cuatro o cinco días por semana; un 10,6 por ciento, dos o tres veces por semana; y un 5,1 por ciento, de vez en cuando.

La concentración ilimitada de la propiedad pone en peligro el pluralismo y la diversidad cultural que existe en la sociedad, porque el sistema basado exclusivamente en la libre competencia del mercado no garantiza por sí solo el pluralismo de los medios de comunicación.

Si unos medios tergiversan, manipulan o silencian opiniones u opciones políticas por no corresponder con sus intereses, ¿Dónde queda la libertad de expresión? ¿Es que un ciudadano puede comprar productos básicos pero no acceder al abanico completo de propuestas para la gestión del presente y del futuro de su sociedad?

Además, ¿Hasta qué punto es aceptable que los representantes elegidos democráticamente por los ciudadanos estén cada vez más subordinados a los grandes medios de comunicación y tengan que adaptarse a ellos?

Un hecho reciente, es que no solo los informativos, sino toda la parrilla de la programación es utilizada para llevar a cabo la estrategia económica, política o social de los propietarios del medio. No solo unas tertulias cuyo principal objetivo no es la información sino la desinformación, como señalaba Max Otte, en su libro El crash de la información.

Los ciudadanos sufren una manipulación sistemática dentro de dos o tres discursos dogmáticos cerrados, cuyos consumidores parecen ser única y exclusivamente los propios parroquianos. Y donde se entremezcla y confunde la información con la opinión y la propaganda con el fin de adoctrinar a sus consumidores.

En este punto, cuando se pregunta a los españoles donde colocarían a cada una de las cadenas de televisión en una escala de izquierda y derecha, donde 1 es “lo más a la izquierda” y 10 “lo más a la derecha”, los resultados muestran que a Antena 3 la sitúan de media en el 6,34; a Telecinco en el 5,59; a Cuatro, en el 4,97; a TVE1, en el 4,35; y a La Sexta en el 3,75.

La libertad de expresión es fundamental porque, sin ella, no puede haber ninguna otra libertad. Debe ser entendida como un derecho fundamental, individual y universal que desarrolla el derecho a la libertad de pensamiento y de ideas, y cuya titularidad corresponde a todos y cada uno de los ciudadanos.

Tal es así, que cuando se pregunta a los ciudadanos por el grado de confianza que tienen hacia las cadenas de televisión, un 50,5 por ciento señalan que poca o ninguna confianza. Un 41,2 por ciento, mucha o bastante confianza. Un 4,5 por ciento, regular. Y un 3,7 por ciento no sabe o no contesta, según los datos del estudio del CIS.

Hay que entender la información principalmente como un servicio público, y no como una simple mercancía que se compra. Y aquí los medios de comunicación públicos, no gubernamentales, tienen que ser un pilar esencial para hacer efectivo el derecho a la libertad de expresión e información.

La meta de fortalecer la democracia implica tener claro que la misma es inconcebible sin la independencia, la pluralidad y la diversidad de los medios de comunicación social.