Introducción

Una de las características más relevantes del siglo XXI está siendo la volatilidad en sus dinámicas globales de transformación y la aparición de “sorpresas” no esperadas (cisnes negros), como la crisis de la dinámica financiero-especulativa, iniciada en 2008, la Covid-19, de 2020, la invasión de Ucrania por Rusia, y los efectos de las medidas y contramedidas adoptadas en las relaciones de Rusia con la UE, o la creciente incidencia de fenómenos meteorológicos extremos asociados al calentamiento global del planeta.

El calentamiento global, asociado al incremento de la concentración de gases de efecto invernadero (GEI) en la atmósfera, es uno de los problemas puntuales de incidencia creciente en el aumento de esa fragilidad e inestabilidad por sus consecuencias, cada vez más frecuentes y graves, en procesos climáticos extremos.

El problema se conoce desde hace décadas, al igual que las soluciones y la forma de actuar para prevenir y minimizar los daños correspondientes, sobre todos y cada uno de los efectos asociados, con incidencia en incendios forestales, olas de calor y su incidencia urbana, sequías, inundaciones, afección a costas por temporales y elevación del nivel del mar, o afección a ecosistemas terrestres y marítimos, con degradación de la biodiversidad y pérdida de servicios de los ecosistemas.

Sin embargo, no se han adoptado las políticas imprescindibles adecuadas ni, sobre todo, se han puesto a disposición los recursos necesarios, no ya solo para frenar las emisiones de GEI, cuya dificultad es tremendamente elevada y de dimensión planetaria, sino, tampoco, para adoptar medidas de prevención, adaptación y resiliencia socioeconómica local ante los fenómenos climáticos extremos, cuya producción en los aspectos señalados es histórica. Y ahora, con un periodo de retorno (número de años en que es esperable que el fenómeno se repita) cada vez menor, y una magnitud de la incidencia de cada fenómeno creciente a medida que se incrementa el calentamiento global y sus efectos sobre el cambio climático, la urgencia de llevar a cabo medidas de adaptación y resiliencia socioeconómica es máxima, ante la magnitud de las consecuencias que se están derivando de su no adopción.

Con este artículo iniciamos una serie que pretende revisar las dinámicas detectables y las medidas recomendables para lograr una adecuada adaptación y resiliencia socioeconómica a un proceso de creciente calentamiento global –y cambio climático asociado- difícilmente reversible con la actual dinámica mundial de emisiones de gases de efecto invernadero, y cuyos efectos catastróficos locales irán in crescendo ya en la presente y próximas décadas.

Una tendencia creciente en el calentamiento global

El calentamiento climático se está incrementando por la dinámica energética actual, con la vuelta al uso del carbón como fuente energética de coste más reducido que el gas y el petróleo. Costes sobre los que los conflictos geoestratégicos y la dinámica especulativa de los mercados de futuro han llevado a niveles poco justificables desde el punto de vista de los potenciales de equilibrio entre la oferta y la demanda.

El resultado es un previsible agravamiento de un proceso histórico de calentamiento medio, tanto terrestre como marítimo, siguiendo la dinámica reflejada, para el período 1880-2021, en las dos Figuras siguientes, la primera de las cuales muestra cómo, en el estío, las anomalías térmicas muestran ya niveles de calentamiento global superiores a los 2ºC.

Prevención, adaptación y resiliencia socioeconómica ante el incremento de riesgos meteorológicos extremos

Históricamente, dentro del capítulo de riesgos climáticos se incorporaban los asociados a sequías, incendios, inundaciones y temporales marítimos que, en España, tenían una fuerte presencia secuencial. En la actualidad, se consideran también significativos los asociados a golpes de calor, fundamentalmente en las ciudades, los derivados del incremento del nivel del mar que, en conjunción con los temporales marítimos, tienen una incidencia creciente sobre la fragilidad de nuestras costas, y los asociados a la pérdida de biodiversidad, destrucción de ecosistemas y afección a los servicios proporcionados por los mismos a la sociedad.

En este marco histórico, la prevención de riesgos y el concepto de resiliencia ante los mismos tienen una amplia tradición científica[1], tanto en el campo de la política territorial como en el de la gestión de recursos o en el campo de los seguros. Y, de manera concreta, centrándonos en las principales aportaciones del siglo XXI, hay que destacar Informes como el “Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015 2030”[2] adoptado en la tercera Conferencia Mundial de las Naciones Unidas -celebrada en Sendai (Japón) el 18 de marzo de 2015- que renovaba el Marco de Acción de Hyogo definido para el período 2005-2015, cuyo objetivo era el “Aumento de la resiliencia de las naciones y las comunidades ante los desastres”.

Los contenidos, objetivos y prioridades de dicho “Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015 2030” se sintetizan en la Figura 3, siendo necesario destacar que, para este nuevo periodo, se ponía el acento en la necesidad de que los países se centraran prioritariamente en la gestión del riesgo de desastres en lugar de en la gestión de los propios desastres, actuando preventivamente para disminuir dichos riesgos, evitando la aparición de nuevos riesgos y reforzando la resiliencia ante los mismos[3].

En síntesis, el Marco de Sendai puede interpretarse a través de cuatro Prioridades fundamentales:

Prioridad 1: Comprender el riesgo de desastres en todas sus dimensiones: exposición, vulnerabilidad y características de las amenazas. Es necesario, en primer lugar, asumir que los riesgos existen y definir los tipos de desastres que se pueden producir.

Prioridad 2: Fortalecer la gobernanza del riesgo de desastres previamente a que dicho desastre se produzca, y gestionar dicha previsión y riesgo fortaleciendo la coordinación y el acuerdo en el comportamiento de todas las partes implicadas y/o afectadas por el riesgo.

Prioridad 3: Invertir en la reducción del riesgo de desastres para la resiliencia socioeconómica, lo que implica prever las consecuencias esperables de los mismos e incorporar entre los beneficios de las acciones de prevención la reducción de los daños que se evitan con las inversiones correspondientes.

Prioridad 4: Aumentar la preparación de todas las partes para cuando el desastre, probabilísticamente inevitable (aunque su periodo de retorno sea mayor o menor) se produzca, a fin de dar una respuesta eficaz y eficiente en la recuperación, la rehabilitación y la reconstrucción necesaria en aquellos efectos que previamente no se hayan podido evitar por su excepcionalidad o magnitud.

Desde el punto de vista de los desastres ligados al calentamiento global y cambio climático asociado y sus consecuencias, los sucesivos Informes del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC)[4], desde su creación hasta el último Informe presentado en 2022[5], han implicado una recopilación de los riesgos y políticas recomendables para la mitigación y adaptación ante el cambio climático.[6]

Específicamente, nos vamos a centrar en sus referencias y aportaciones relativas a adaptación y resiliencia, recogidas en el Informe presentado en febrero de 2022, sobre Impactos, Adaptación y Vulnerabilidad ante el Cambio Climático[7] de su Grupo de trabajo II, que complementaba el del Grupo I[8], de agosto de 2021, y al del Grupo III, sobre Mitigación[9], de abril de 2022, y que se integrará en el Informe de Síntesis en preparación en la actualidad.

Las principales conclusiones de este Informe sobre “Impactos, Adaptación y Vulnerabilidad ante el Cambio Climático” reinciden sobre el grave aumento de los efectos negativos asociados al cercano riesgo de superar los 1,5ºC de calentamiento global, y en el papel crucial de la adaptación y mejora de la resiliencia socioeconómica ante el cambio climático.

Los principales riesgos los centra en: Sequías y seguridad alimentaria; Inundaciones y Elevación del nivel del mar; Olas de calor y su incidencia urbana; y Afección a ecosistemas terrestres y marítimos. Y sus principales conclusiones, a efectos de la adaptación y resiliencia, ante una situación en que –señalan- los actuales patrones de desarrollo insostenible están aumentando la exposición a los riesgos climáticos, serían:

  1. La vulnerabilidad humana y de los ecosistemas son interdependientes, siendo las personas y los sistemas más vulnerables los que se ven afectados de manera desproporcionada.
  2. Las pérdidas y los daños esperables dependen de la magnitud y duración del calentamiento, pero algunos efectos son ya inevitables, y serán irreversibles si aumenta el calentamiento y los sistemas naturales y humanos se ven empujados más allá de su capacidad de adaptación.
  3. Existen opciones de adaptación factibles y efectivas que han generado múltiples beneficios, reduciendo los riesgos para las personas y la naturaleza. Pero su eficacia disminuye a medida que el calentamiento aumenta, porque los impactos y riesgos son cada vez más complejos y más difíciles de gestionar, como consecuencia de la interacción en cascada de riesgos climáticos y no climáticos.
  4. Se requiere una planificación e implementación flexible, multisectorial, inclusiva y a largo plazo de medidas de adaptación, que beneficien de manera interrelacionada a los diversos sectores y sistemas afectados por cada riesgo.
  5. Deben superarse las limitaciones financieras, de gobernanza, institucionales y políticas para mejorar la adaptación. Se requiere compromiso político y buena gobernanza: seguimiento, marcos institucionales, políticas e instrumentos con metas y prioridades claras, mayor conocimiento sobre impactos y soluciones, movilización y acceso a recursos financieros adecuados, monitoreo y evaluación de las dinámicas registradas, y procesos de gobernanza inclusivos.
  6. Un desarrollo resiliente al calentamiento y cambio climático es cada vez más urgente y exige respuestas integrales, eficaces e innovadoras, que aprovechen sinergias en el marco de la promoción de un desarrollo sostenible inclusivo, que priorice la reducción de riesgos, la equidad y la justicia, con procesos de toma de decisiones, finanzas y acciones integrados en todos los niveles de gobernanza, sectores y plazos.
  7. El desarrollo resiliente al clima se ve facilitado, tanto por la cooperación internacional, como or el hecho de que los gobiernos en todos los niveles trabajen con las comunidades, la sociedad civil, los organismos educativos, las instituciones científicas, los medios de comunicación, los inversores y las empresas.
  8. La capacidad de adaptación de los asentamientos urbanos y rurales puede aumentar significativamente con una planificación e inversión integradas e inclusivas en la toma de decisiones sobre la infraestructura urbana, incluidas las infraestructuras sociales, ecológicas y grises/físicas.
  9. Salvaguardar la biodiversidad y los ecosistemas es fundamental para un desarrollo resiliente al calentamiento global y cambio climático asociado, a la luz de las amenazas que estos plantean y las funciones potenciales de la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas en la adaptación y la mitigación.

La tercera referencia a considerar en esta introducción general a las propuestas de adaptación y resiliencia socioeconómica frente al calentamiento global, se centran en el documento presentado por la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR), en abril de 2022: “Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction (GAR2022)”[10], del que hay que destacar su incorporación, a los riesgos de la emergencia climática, de la experiencia y lecciones aprendidas de los efectos sistémicos de la pandemia de la Covid-19.

Lecciones que apuntan a una nueva realidad a considerar en el enfoque de los riesgos, que hacen fundamental comprender y reducir estos riesgos, en un marco de creciente incertidumbre, ante la frecuencia en la aparición de fenómenos extraordinarios (cisnes negros) difícilmente previsibles e integrables en la dinámica registrada. Y, en ese sentido, destacan que la mejor defensa frente a una tendencia que, como se aprecia en la Figura siguiente, refleja un crecimiento tendencial de los desastres esperables, es realizar transformaciones para aumentar la resiliencia frente a los mismos, reproduciendo las recomendaciones de los documentos anteriores sobre la importancia de reducir la vulnerabilidad, el grado de exposición y la desigualdad en soportar los efectos que impulsan los desastres.

La evolución de los desastres va ligada a un promedio anual de pérdidas económicas directas asociadas que se ha más que duplicado en las últimas tres décadas (aumento de aproximadamente el 145%) situándose en unos 170.000 millones de dólares a mediados de 2020, tal y como se aprecia en la Figura siguiente. Pérdidas que, además, presentan una tendencia decreciente en el porcentaje de cubrimiento de las mismas por las compañías de seguros, con menos de un 50% de los mismos cubiertos en 2020 (sólo del orden de 89.000 millones cubiertos respecto a los 202.000 millones estimados para todas las pérdidas de 2020). Y pérdidas económicas a las que habría que añadir las consecuencias no monetizadas sociales (defunciones, incremento de la hambruna y de la pobreza, o población desplazada) y ecológicas (pérdida de biodiversidad, afección a ecosistemas, etc.) derivadas de los desastres.

AON (2022)[11], en su Apéndice B recoge la evolución creciente de las pérdidas globales asociadas a desastres naturales y a desastres relacionados con el clima, que son los más directamente vinculados con la necesidad de adaptación y aumento de la resiliencia socioeconómica frente al calentamiento global, desde 1950 a 2021, tal y como se refleja en la Figura siguiente.

Observamos la indudable tendencia creciente de ambas dinámicas y, en particular, la correspondiente a los desastres relacionados con fenómenos climáticos, cuya correlación con los efectos del calentamiento global parece cada vez más clara.

En este marco, para acelerar la reducción de riesgos esenciales y el desarrollo de la resiliencia, el GAR2022 insta a los responsables de elaborar políticas a:

  1. Medir lo que valoramos. Los costos reales de los riesgos están especialmente infravalorados, y esta brecha se está ampliando a medida que los principales efectos del cambio climático se multiplican. Para ayudar a medir correctamente lo que valoramos, es fundamental:
    • Reformar las evaluaciones financieras para que incluyan los costos reales del riesgo, en particular los riesgos a largo plazo, reformando las tomas de decisiones sobre inversión y seguros para incentivar la reducción del riesgo.
    • Adaptar la planificación, la financiación de actuaciones y los sistemas de gobierno para tener en cuenta los costes reales de cada línea de acción, incorporando los riesgos de potenciales desastres y su probabilidad de ocurrencia. Sin esta incorporación en los balances y tomas de decisiones de gobierno, los resultados serán inadecuados y crecientemente inefectivos.
  2. Diseñar sistemas que tengan en cuenta cómo la mente humana toma decisiones sobre el riesgo. Se subestima el modo en que se percibe el riesgo, incluidos los sesgos cognitivos, y cómo esta percepción influye en la toma de decisiones. Para ayudar a diseñar sistemas que tengan en cuenta cómo la mente humana toma decisiones sobre el riesgo, las medidas clave son las siguientes:
    • Reconocer el papel de las percepciones de riesgo y los sesgos de las personas en las mismas, con el fin de reducir la brecha entre las intenciones previas y las acciones reales para reducir el riesgo.
    • Reconocer el valor del análisis técnico de riesgos como herramienta, pero no como panacea. Ningún modelo es 100% confiable.
  3. Reconfigurar los sistemas de gobernanza y financieros ante el riesgo para que se apliquen en todos los ámbitos y se diseñen previa consulta a las personas potencialmente afectadas.
    • Adoptar un nuevo “lenguaje del riesgo” que abarque múltiples disciplinas para generar conocimientos compartidos, fomentar la colaboración lateral y acelerar el ritmo de aprendizaje.
    • Intensificar la participación, la transparencia y el diálogo ciudadano en la toma de decisiones sobre riesgos, para acelerar el aprendizaje e introducir los ajustes necesarios. Hay que mejorar las formas de comunicación con el público y, en particular, mejorar la comunicación con los grupos de mayor riesgo, mejorando los sistemas de protección social dirigidos a los grupos más vulnerables y garantizar una acción preventiva eficaz.
    • Potenciar la gestión de riesgos a múltiples escalas, teniendo en cuenta que la autonomía de actuación local es esencial. Se deben planificar escenarios para gestionar los desastres y para manejar los problemas de gobernanza que se derivan de sus posibles efectos en cascada.

Por último, es importante hacer referencia a la evolución de la aparición de temperaturas extremas en el período 1970-2020 y al aumento de este fenómeno que se prevé para el período 2021-2030, con cifras que implicarían que, en 2030, este tipo de fenómenos triplicaría a los producidos a principios de este siglo.

La situación española en el marco de la UE. Qué medimos y cómo lo valoramos

Los Informes de la AEMA y sus cuadros de Indicadores ambientales actualizados periódicamente en la web[12] muestran, entre otras, la situación relativa de la UE y de sus países miembros en lo que se refiere a riesgos y catástrofes en el seno de la misma. Y se establecen las recomendaciones correspondientes a las distintas tipologías de los mismos, absolutamente incardinadas en las líneas generales mostradas en el epígrafe anterior.

En relación a las sequías, el sistema de Indicadores de AEMA (2022), en su última información, de 15 de enero de 2022, muestra que el impacto de las sequías sobre los ecosistemas en Europa, entre los años 2000 y 2019, generaron unas pérdidas de productividad en la vegetación del 3% anual en las áreas afectadas; pérdida mayor en el caso de las zonas forestales, donde llegó al 5% anual.

Las cada vez más frecuentes sequías prolongadas producen pérdidas de hábitats y migración de las especies autóctonas locales, y favorecen la invasión de especies exógenas, con un saldo negativo total en la biodiversidad.

En el período 2000-2019 el área medio anual impactada por las sequías, como porcentaje del total del país, según tipo de cobertura, fue la siguiente:

España, como se considerará específicamente en el artículo correspondiente, es el séptimo país en cuanto a la superficie afectada por la sequía (del orden de un 10% de su territorio), y en ella se produce una afección relativamente equilibrada, como se aprecia en la figura anterior, sobre cada uno de los tipos de cobertura.

Por otro lado, la afección del calentamiento global tiene una especial influencia sobre el estado de las masas de agua, aspecto en el que la situación no es adecuada para el 40% de la superficie de las aguas continentales en el conjunto de la UE, siendo particularmente negativo, como se aprecia en la Figura siguiente, en las áreas más densamente pobladas de la Europa noroeste, donde la inadecuación al buen estado llega a superar el 90% de las masas de agua.

No hay que olvidar que el deterioro del estado de las masas de agua tiene fuertes efectos negativos sobre la biodiversidad y sobre los servicios de los ecosistemas para la sociedad.

Por otra parte, AEMA observa que la variación del estado, entre 2009 y 2015, después del segundo ciclo de planificación hidrológica europea, prácticamente no ha cambiado, no pudiendo considerarse las medidas adoptadas en los planes como particularmente positivas en este sentido.

En el caso español, una preocupación adicional al mal estado detectado en las Confederaciones hidrográficas del Duero, Guadiana y Júcar, fundamentalmente, es la prevista grave incidencia del calentamiento global sobre el posible deterioro de la situación, que alcanza valores máximos en el caso de España, tal y como se aprecia en la Figura siguiente.

El calor extremo también supone una gran amenaza para la biodiversidad marina del Mediterráneo, ya que la biodiversidad que le habita no puede migrar hacia el norte para encontrar aguas acordes con las necesarias para su reproducción. Con ello, las especies marinas, las praderas submarinas de posidonia –fundamentales para la biodiversidad, la calidad de agua y el equilibrio de nuestras costas- podrían ir menguando hasta desparecer, hacia 2050, si prosigue el calentamiento del agua del mar previsto y aumenta la frecuencia e intensidad de los temporales costeros.

Otro elemento a considerar es la intensidad y frecuencia de los incendios forestales, que, aunque cuando responden a causas naturales pueden tener un papel positivo en los biosistemas, cuando superan un determinado umbral presentan efectos fuertemente negativos para los mismos.

Y, en ese sentido, hay que destacar que el calentamiento global está aumentado el riesgo de incendios forestales en toda Europa, si bien las medidas que se vienen adoptando en las últimas décadas han conseguido que la superficie quemada permanezca relativamente estable en el área mediterránea, que es el ámbito de mayor riesgo.

No obstante, en los últimos años, la coincidencia de sequías y olas de calor sin precedentes, han afectado no solo a las regiones mediterráneas tradicionales, sino también a regiones del centro y norte de Europa, que no solían ser propensas a los incendios.

En todo caso, se prevé una expansión de las áreas propensas y de las temporadas de incendios más largas en la mayoría de las regiones europeas, en particular para escenarios de elevado calentamiento global. España está entre los países de mayor riesgo y se estima que si se alcanzaran los 3ºC de calentamiento global, los incendios forestales podrían duplicar su área potencial de afección.

Por último, hay que destacar que, en lo que se refiere a la producción de catástrofes naturales y sus efectos en España, AON (2022) publicaba el Informe de su Fundación sobre “El coste de las catástrofes naturales en España (2016-2020)”[13] cuya síntesis es suficientemente representativa de los riesgos de una dinámica que incide gravemente no sólo sobre la población y su patrimonio, sino también sobre la naturaleza, con efectos de gravedad creciente.

El Informe destaca los daños asociados a causas naturales sobre el Sector Agrícola, para el período 2016-2020, señalando, como media en la producción de efectos negativos, la incidencia del pedrisco (40% de los costes), la sequía (24%), el viento (12%), la helada (10%), la lluvia y otros (9%), y las inundaciones (4%).

Pero son las inundaciones las que, por sí solas, acumulan el 83% de los daños totales asociados a las economías domésticas, y el 75% de los daños generados al resto de la economía por fenómenos naturales en los sectores no agrícolas en el periodo 2016-2020; a lo que hay que añadir un respectivo 15% y 17% de las tormentas ciclónicas, y un 1% adicional derivado de los temporales marítimos para las economías domésticas, y del 8% adicional para el resto de las economías.

Territorialmente, las provincias más afectadas en el periodo de observación (2016-2020) fueron Murcia, Alicante, Valencia, Barcelona y Málaga, que acumulan un 41% de los costes totales producidos en España, lo que muestra la fragilidad de las provincias mediterráneas más pobladas.

Por último, como avance de lo ocurrido en 2021, el citado Informe de AON (2022) señala que, en 2021, proliferaron las catástrofes naturales climáticas que tuvieron una especial incidencia en España, sumándose a los efectos de la pandemia. Destacaron los efectos del Temporal Filomena, que dejó nevadas históricas en buena parte de la Península, que causaron cuantiosos daños materiales; las DANAS e inundaciones consiguientes en Galicia, País Vasco, Comunidad Valenciana y Toledo, o los 18 grandes incendios forestales, entre los que destacaron los de Ávila y Málaga.

En el período enero-agosto de 2022 la incidencia de incendios, sequía y calor extremo está situándose a niveles crecientemente preocupantes, como apreciamos en los artículos correspondientes a cada uno de los efectos derivados.

Conclusiones derivables desde el punto de vista de la necesaria adaptación y resiliencia socioeconómica local

De manera general, tal y como señala UNDRR(2022), los costos reales de los riesgos asociados a fenómenos climáticos extremos puede decirse que están especialmente infravalorados, y esta brecha se está ampliando a medida que los principales efectos del cambio climático se multiplican.

Siguiendo las directivas y políticas de la UE, el enunciado de planes, estrategias, reformas e inversiones, puede considerarse, a grandes líneas, positivo, aunque necesarios de un enfoque más integrado e interdependiente, como corresponde a visiones ligadas a una ordenación del territorio ambientalmente sostenible, territorialmente equilibrada y socioeconómicamente cohesionada. De hecho, presentan generalmente una escasa consideración de los riesgos climáticos y de sus consecuencias ambientales, e, incluso, incorporan actuaciones que incrementan los citados riesgos en lo que incide en medidas ligadas al urbanismo, a la propia ordenación territorial (particularmente en el tratamiento de espacios forestales, áreas inundables y costeras), o a la actuación en el sector primario.

Adicionalmente, la práctica real en estos ámbitos muchas veces se aleja de los objetivos perseguidos y el volumen presupuestario previsto anualmente, total y relativo, es manifiestamente insuficiente y con una posterior eficacia de aplicación lejana al óptimo.

Así, a modo de ejemplo, los Presupuestos Generales del Estado de España dedicaron un 0,3% del total a las políticas del ciclo del agua, en 2021, y preveía un 0,7% para 2022. A la Acción por el clima, un 1,4%, en 2021, y está previsto un 1,3%, en 2022. A los ecosistemas marítimos y la vida submarina, un 0,4%, en 2021, y está previsto un 0,3%, en 2022. Y a la vida en los ecosistemas terrestres, 1,2%, en 2021, y está previsto un 1,1%, en 2022. Lo que nos conduce a un escasísimo presupuesto total del 3,3%, en 2021, y del 3,4%, en 2022.

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[1] Naciones Unidas ha venido utilizando el concepto de “resiliencia” en distintos documentos y, en particular, el Organismo de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNISDR), lo utiliza para reflejar la capacidad de adaptación de la sociedad a los riesgos, catástrofes y situaciones desfavorables que soporta o puede soportar. Concepción no muy diferente de la primera acepción de la Real Academia Española de la Lengua que la define como “Capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adversos”.

[2] https://www.unisdr.org/files/43291_spanishsendaiframeworkfordisasterri.pdf

[3] Además, el Marco de Sendai incorporaba tanto los riesgos derivados de las amenazas naturales como las de origen humano, estén unas u otras asociadas a desastres ambientales, tecnológicos o biológicos, resaltando su particular preocupación por la resiliencia sanitaria ante epidemias, dada la fecha y los acontecimientos asociados al ébola, que presidieron la celebración de esa Conferencia. Advertencias que, como las relacionadas con los cada vez más frecuentes fenómenos meteorológicos extremos, no han sido tenidas en cuenta, dando lugar a procesos como los asociados a la aparición del Covid-19 y sus efectos.

[4] El IPCC se creó en 1988, en la Asamblea General de Naciones Unidas, para aportar informes periódicos sobre el conocimiento científico y las recomendaciones pertinentes ante los procesos de cambio climático y sus consecuencias.

[5] https://www.ipcc.ch/reports/

[6] Hay que señalar que los Informes del IPPC son consustancialmente conservadores, tanto por el hecho de ser sometidos al escrutinio político de la propia ONU, como desde la perspectiva de su construcción científica, en la medida en que se basan en el consenso de artículos publicados en revistas “homologadas científicamente”, y suelen excluir posiciones minoritarias en la comunidad científica (que no por ello han de ser consideradas menos científicas), ya que el IPCC aplica los criterios científicos tradicionales de: moderación o restricción (limitación y duras exigencias en la definición de conclusiones que se consideran válidas), objetividad (conclusiones avaladas por mayorías y no refutadas), escepticismo (o relativismo, en la medida en que se duda de la propia veracidad de las conclusiones, pero se mantienen mientras no sean refutadas) y racionalidad (en el sentido en que existe una ligazón consistente, de causa a efecto, en las conclusiones aceptadas).

[7] https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-working-group-ii/

[8] https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-working-group-i/

[9] https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-working-group-3/

[10] https://www.undrr.org/gar2022-our-world-risk#container-downloads

[11] AON (2022).- “2021 Weather, Climate and Catastrophe Insight”. https://www.aon.com

[12] AEMA (2022). Indicadores ambientales. https://www.eea.europa.eu/ims

[13] AON (2022). El coste de las catástrofes naturales en España (2016-2020). https://fundacionaon.es/wp-content/uploads/2022/02/Informe-Coste-Catastrofes-Naturales-2016-2020-FAE.pdf