La participación política se coliga a la democracia y la perspectiva de la ciudanía política. En 1949 T.H. Marshall ideó un esquema del proceso histórico de evolución del concepto moderno de ciudadanía, asociado a la conquista de tres tipos de derechos: los civiles, los políticos y los sociales. En primer lugar, planteó, que se conquistaron los derechos civiles, relativos a la libertad y a la igualdad (libertad de la persona, libertad de expresión, de pensamiento y de religión, derecho a la propiedad, a cerrar contratos válidos y derecho a la justicia), posteriormente se alcanzaron los derechos políticos referidos al “derecho a participar en el ejercicio del poder como miembro de un cuerpo investido de autoridad política o como elector de los miembros del tal cuerpo y su extensión fue una de las principales características del siglo XIX…”[1]. En última instancia, se encumbraron los derechos sociales (bienestar económico, seguridad a participar del patrimonio social, vivir de acuerdo a los estándares de la sociedad).
Desde la perspectiva de los derechos políticos y ciudadanía política han existido y persisten limitaciones a que determinados sectores sociales concurran equitativamente en este campo, resultando de las más extendidas, en todo el mundo, la de género. Las mujeres parten de una posición estructural de desventaja social, a consecuencia de su discriminación histórica de las esferas de lo social y lo económico, hecho que les ha impedido su integración activa en política.
Se trata de una problemática relevante por cuatro razones fundamentalmente: por ser una muestra de la necesidad de profundizar en la construcción de sociedades realmente democráticas que dejan al margen de las decisiones políticas a la mitad de la población, por visualizar el desigual reparto de los recursos políticos, por las remoras al empoderamiento de las mujeres, así como por la necesaria articulación, desde instancias públicas, de medidas que fomenten su intervención en este ámbito.
Estructuramos el concepto de participación política de las mujeres en tres dimensiones: la institucional, la organizada y la individualizada. La participación institucional incluye su presencia en puestos políticos de representación y en cargos en los diferentes niveles de gobierno. La participación orgánica engloba su proporción numérica en los partidos políticos, sindicatos, organizaciones y asociaciones de índole política. Por último, la participación individualizada que concretamos en las percepciones públicas de las mismas hacia la política.
Tres juzgamos han sido los impedimentos para que las mujeres en los países mediterráneos no hayan accedido a la política: la impronta de la Iglesia católica y su prototipo de mujer buena, asociado al rol de hija, esposa y madre; el aparataje legislativo, que las dejaba en un lugar de segundo nivel (recordemos que, en nuestro país, hasta el año 1981 estaban obligadas a solicitar el permiso de sus maridos para trabajar, cobrar sus salarios, abrir cuentas corrientes en bancos, sacar los pasaportes, el carné de conducir…) y, por último, ideologías, sustentadas en supuestas “teorías científicas”, como las de Charles Darwin y Herbert Spencer, que sindicaban a los varones con la inteligencia y la razón y a las mujeres con las pasiones y con “cualidades mentales” de menor nivel.
En Europa las mujeres ejercieron su derecho al voto, por primera vez, en Finlandia (dependiente en aquel momento del imperio Ruso) en 1907 (incluso ocuparon escaños en el parlamento), le siguieron Noruega y Suecia. En los Estados Unidos en 1920 fue aprobada la Decimonovena Enmienda de la Constitución, en los siguientes términos: “El derecho de los ciudadanos de los Estados Unidos al voto no será negado o menoscabado por los Estados Unidos, ni por ningún Estado, por motivos de sexo. el gobierno federal no podía denegar el derecho de voto a causa del sexo”. En el Reino Unido data del año 1928, en Francia de 1946 y en Suiza en 1971. En España fue durante la Segunda República y la Guerra Civil cuando destacaron las mujeres en la política. Entre 1931 y 1939 obtuvieron escaños en el Parlamento, conquistaron el derecho a voto (aprobado por las Cortes Constituyentes de la Segunda República en 1931), militaron en los partidos políticos y asumieron cargos de responsabilidad pública. Las más distinguidas fueron Clara Campoamor, Victoria Kent, Dolores Ibárruri, Irene Falcón y Federica Montseny. La dictadura franquista las alejó de numerosas actividades, remitiéndolas al desempeño de roles tradicionales femeninos. El 4 de enero de 1976 en un referéndum por sufragio universal se aprueba la Ley para la Reforma Política[2], que derogaba el sistema político franquista. Dos años después, en nuestra Constitución se reconoce que “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. Desde esa fecha se han ido incorporando a la política en sus diversas variedades, aunque siguen persistiendo disimilitudes respecto a los varones, tal como detallaremos a continuación, particularmente en el contexto europeo.
La publicación Mujeres en la política: 2021[3] de la Unión Interparlamentaria (UIP) y ONU Mujeres presenta un ranking mundial de mujeres con responsabilidades ejecutivas y parlamentarias al 1 de enero de 2021. Se detallan máximos históricos de mujeres como Jefas de Estado/Jefas de Gobierno y ministras. Sin embargo, se observan desigualdades de género. No en vano la progresión de ministras se ha ralentizado (del 21,3% en 2020 al 21,9% en 2021), el número de países sin mujeres en el gobierno ha aumentado; y un cicatero 25,5% de los escaños parlamentarios, en todo el planeta, están ocupados por mujeres (24,9% en 2020).
En España hemos dado un paso de gigante en este terreno, según datos del INE de hace una semana, el porcentaje de mujeres con cargos ejecutivos en los principales partidos políticos se ha incrementado, situándose en un 46,5% (47,5% en 2020), frente al 39,1% en 2019[4]. En 2021 los partidos políticos que cumplieron el criterio de presencia equilibrada de la Ley de Igualdad[5] fueron: el PSOE, Izquierda Unida, Podemos y Esquerra Republicana de Cataluña. Alejados estaban el Partido Popular (37,2%), Coalición Canaria (28,6%) y VOX con un 25%. Por lo que se refiere al Gobierno hay 14 mujeres frente a 9 varones, lo que representa una presencia femenina en el Consejo de Ministros del 60,9%.
A la luz de estos datos, evoco las figuras de tantas y tantas mujeres que lucharon por lo que parecía un sueño, hoy en día una realidad, si bien todavía quede mucho por recorrer y tenga que diferir rotundamente de las palabras de Calderón cuando decía:
“… ¿Qué es la vida? Una ilusión,
una sombra, una ficción,
y el mayor bien es pequeño;
que toda la vida es sueño,
y los sueños, sueños son”
Sueños que se convirtieron en realidad por la fuerza, compromiso y responsabilidad de quiénes quisieron cambiar el mundo: sobre todo mujeres, pero también hombres de bien, que nunca se rindieron y nos inspiran el camino a seguir. Que así sea…
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[1] T. H. Marshall: “Ciudadanía y clase social” en REIS, nº 79, 1997, pp. 302-303. Disponible en web http://www.reis.cis.es/REIS/PDF/REIS_079_13.pdf
[2] Véase, https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1977-165
[3] Véase, https://www.unwomen.org/es/digital-library/publications/2021/03/women-in-politics-map-2021
[4] Véase, https://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INESeccion_C&cid=1259925595348&p=1254735110672&pagename=ProductosYServicios%2FPYSLayout
[5] Véase, https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-6115-consolidado.pdf
