Los miro, y cuando escucho a Puigdemont decir que “no perdemos el tiempo con aquellos que ya han decidido arrasar el autogobierno”. O a Junqueras afirmar que “entendemos que hay un mandato democrático para establecer una nueva república”. Les vuelvo a mirar, y confirmo que solo están luchando por su supervivencia. Por conservar sus privilegios sobre la espuma de una independencia que ha roto Cataluña. Una Cataluña y unos catalanes que no les importan. Solo su supervivencia.

Pues nada, llegados a este nuevo momento histórico es necesario hacer respetar la ley de una vez por todas, si se pretende que la democracia persista en Cataluña y en toda España.

Que lejos queda ya aquel 19 de abril de 2016 cuando Puigdemont presentaba un ambicioso plan de Gobierno, donde pretendía reforzar las políticas sociales de la Generalitat, sobre tres ejes básicos: la defensa del estado de bienestar, la generación de empleo y la regeneración democrática de las instituciones.

Para lograrlo, pretendía aprobar 45 leyes, 750 medidas concretas y 79 objetivos básicos. Aquel día, afirmaba que “es un plan de Gobierno que prioriza las políticas sociales a pesar del ahogo económico y financiero y las amenazas de nuevos recortes por parte del Estado español”.

También, se destacó de su intervención que dejará en un segundo plano el proceso soberanista y la desconexión. Que lejanas quedan aquellas palabras de regeneración de las instituciones, que han dado paso a un golpe de Estado, tras declarar en el Parlament la independencia, a su modo:

“Llegados a este momento histórico y como presidente de la Generalitat, asumo al presentarles los resultados del referéndum ante todos ustedes, y ante nuestros conciudadanos, el mandato del pueblo para que Cataluña se convierta en un Estado independiente en forma de república. Esto es lo que hoy hacemos con toda solemnidad por responsabilidad y por respeto. Y con la misma solemnidad, el Govern y yo mismo proponemos que el Parlament suspenda los efectos de la declaración de independencia para que en las próximas semanas emprendamos un diálogo sin el cual no es posible llegar a una solución acordada.”

Escuchando esas palabras, y persistiendo, como hacen, en el empecinamiento de la ruptura de la convivencia y de la legalidad, el Gobierno de España ha hecho lo que tenía que hacer para restaurar la legalidad en Cataluña.

Pero frente al victimismo secesionista, hay que recordar a los ciudadanos a los que Puigdemont se comprometió a gobernar y no lo ha hecho, algo que ya saben porque lo sufren a diario. Hoy Cataluña está mucho peor, con una sociedad dividida, con las empresas yéndose a la carrera y con las necesidades de los ciudadanos esperando ser atendidas.

El 13,2 por ciento de la población de Cataluña se encuentra en una situación de riesgo de pobreza. Pero Puigdemont y Junqueras están en la ruptura del Estado de Derecho.

La Tasa de riesgo de pobreza o exclusión social (indicador AROPE) es del 17,9 por ciento en Cataluña. Pero Puigdemont y Junqueras están en la ruptura del Estado de Derecho.

El 34, 1 por ciento de la población de Cataluña no puede permitirse ir de vacaciones al menos una semana al año. Pero Puigdemont y Junqueras están en la ruptura del Estado de Derecho.

El 2,9 por ciento de la población de Cataluña no puede permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días. Pero Puigdemont y Junqueras están en la ruptura del Estado de Derecho.

El 8,7 por ciento de la población de Cataluña no puede permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada. Pero Puigdemont y Junqueras están en la ruptura del Estado de Derecho.

El 37,2 por ciento de la población de Cataluña no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos. Pero Puigdemont y Junqueras están en la ruptura del Estado de Derecho.

El 9,2 por ciento de la población de Cataluña ha tenido retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal (hipoteca o alquiler, recibos de gas, comunidad…) en los últimos 12 meses. Pero Puigdemont y Junqueras están en la ruptura del Estado de Derecho.

El 6,8 por ciento de la población de Cataluña no puede permitirse disponer de un automóvil. Pero Puigdemont y Junqueras están en la ruptura del Estado de Derecho.

El 5,1 por ciento de la población de Cataluña no puede permitirse disponer de un ordenador personal. Pero Puigdemont y Junqueras están en la ruptura del Estado de Derecho.

El 5,5 por ciento de la población de Cataluña vive con carencia material severa. Pero Puigdemont y Junqueras están en la ruptura del Estado de Derecho.

El 13,6 por ciento de los hogares en Cataluña sufren ruidos producidos por vecinos o del exterior. Pero Puigdemont y Junqueras están en la ruptura del Estado de Derecho.

El 6,7 por ciento de los hogares Catalanes sufren contaminación y otros problemas ambientales. Pero Puigdemont y Junqueras están en la ruptura del Estado de Derecho.

El 8,6 por ciento de los hogares en Cataluña sufren delincuencia y vandalismo. Pero Puigdemont y Junqueras están en la ruptura del Estado de Derecho.

El 4,1 por ciento de los hogares catalanes sufren escasez de luz. Pero Puigdemont y Junqueras están en la ruptura del Estado de Derecho.

El 16,7 por ciento de la población en Cataluña son personas con discapacidad. Muchas no tienen empleo y cuando lo consiguen tienen salarios inferiores a la media. Pero Puigdemont y Junqueras están en la ruptura del Estado de Derecho.

Así se podría seguir con más datos del INE y otras instituciones. Pero les da igual el sufrimiento que está padeciendo la gente, les da igual seguir sembrado odio y división porque creen que así ganarán y sobrevivirán políticamente. Se confunden. Ya han perdido, aunque todavía puedan hacer mucho daño.