La Historia termina siendo lo que se cuenta a lo largo del tiempo, verdad o mentira, no se contesta para hacerlo veraz.

La leyenda negra “española” existió. Fuera Pardo Bazán o Pérez Galdós los que acuñaran el término, es indiferente. Durante siglos era indiferente que fuera verdad o no lo sucedido; era lo que contaban los libros y folletines sobre “las tropelías y desafueros” cometidos por los españoles en el tiempo de hegemonía europea y en la colonización americana. En esos momentos no existían redes sociales y la comunicación tardaba en llegar de un lugar a otro; sin embargo, la leyenda caló de forma tal por el mundo que se arrastró hasta la instauración de la democracia. En la fundamentación y arraigo de tal leyenda no estuvo ajena la colaboración de plumas españolas más complacientes con la visión “negra” de nosotros mismos, que con el hecho de poner en positivo lo que todo pueblo y territorio tiene.

La España actual pudo desprenderse de tal estigma con el fin de la dictadura franquista, que está muy lejana, pero sobre todo con lo que significó la Constitución Española como gran pacto entre españoles; como superación de la endémica guerra civilista y con la posterior modernización y acceso al bienestar material y a la cultura cívica que nos equipararon con todos los países de nuestro entorno. En Europa hemos ocupado un papel de liderazgo en lo convivencial, social y económico. Las décadas de los ochenta y los noventa, del pasado siglo, volvieron a ser una “época de esplendor” y esta vez desde el incontestable valor de ser una democracia avanzada donde la cohesión social era parte  indisoluble del ser español.

Por todo ello, cabe pensar que lo que nos está sucediendo ahora es un drama con posibilidades de convertirse en tragedia. Los discursos se han transformado en soflamas, donde el insulto y la falacia han terminado por ser la moneda de cambio y donde la ejemplaridad de las imágenes proyectadas nos retrae a una oscuridad que va a convertirse en la lacra del futuro.

El daño provocado por unos dirigentes, a los que las urnas no legitiman en su ceguera e incapacidad, va camino de conseguir arrumbar a la sociedad, debilitándola moralmente. No tiene explicación alguna. Ni un minuto de su gloria personal, de un incomprensible ideal revolucionario, justifica la deuda que van a provocar a ciudadanos que han mantenido su creencia en el sistema democrático y que pensaban que los resortes institucionales de los que se han dotado servían para resolver los conflictos.

Si alguien no ha reparado en ello debe ser consciente que la única revolución, que como tal ha cambiado en positivo a los ciudadanos, ha sido la científico-tecnológica. Las otras, en oriente u occidente, han provocado simplemente una mutación en las elites dirigentes pero no una transformación social.

Los émulos de los líderes revolucionarios han de saber que estos han terminado, o sucumbiendo como víctimas del propio proceso a manos de sus compañeros de viaje, o erigiéndose en denostados dictadores en el momento de su desaparición. Repasen la historia y comprueben. Revolucionario, con épica o no, es intentar romper la legalidad establecida rebelándose contra ella. Lo cual tendría alguna razón de ser si no existiera un orden constitucional y democrático, con elecciones libres y periódicas, alternancia en el ejercicio del gobierno y mecanismos independientes de control, que actúan conforme a leyes establecidas elaboradas y aprobadas por órganos elegidos por los ciudadanos. Estamos muy lejos del franquismo.

Es grave y por tanto preocupante, que unos dirigentes, ayunos de cultura democrática, precipiten a una sociedad al enfrentamiento. Consideren que la legalidad tiene un acomodo a intereses mesiánicos, pretendan que las imágenes televisivas conviertan una realidad post-factual en ataques a la dignidad y que el orden internacional, que niega institucionalmente sus propósitos, los dé cobijo por un sentimentalismo que enarbola un patetismo lastimero.

Es también muy grave abonar, como hace una izquierda de salón, un falso proceso revolucionario porque un Estado democrático haga uso de sus mecanismos de defensa constitucional pensando, y haciendo pensar, que se está produciendo un ataque a un autogobierno que tiene su única legitimación en aquello que se quiere conculcar.

España merece la pena y esto dicho desde la razón y no desde el sentimiento. Cataluña tiene sentido en su acomodo y sentido en España, desde la razón y el sentimiento. A las generaciones actuales y venideras no se les pueden arruinar sus expectativas por la mediocridad política y no podemos consentir que por ello vuelva a escribirse una nueva leyenda negra.

Una mala sentencia, la inoperancia política de unos gobernantes que han pretendido tapar sus excrecencias manteniendo un conflicto ardiendo, y una izquierda imposible y trasnochada que no sabe si va o  viene, puede llevarnos a una ciénaga donde el hastío y la resignación nos vuelvan a ahogar.

Será el Senado, modulando unas medidas correctivas, lo que nos permita salir del barro; o unas elecciones que den paso a un nuevo Parlament que negocie el futuro catalán, una profunda reforma constitucional que restablezca un nuevo pacto, o una combinación de todas ellas.

En cualquier caso, no podemos dejar que políticos de medio pelo nos arruinen la vida. Eso se resuelve votando y tenemos un tiempo por delante donde vamos a tener oportunidades.