Las pequeñas y ruidosas manifestaciones de la extrema derecha que tienen lugar en varios lugares de España todas las tardes, junto al auge de las caceroladas para pedir el cese del Presidente del Gobierno, se están convirtiendo en un problema político serio que conviene analizar. Es un problema por el mero hecho de unas manifestaciones fascistas, por el apoyo (digámoslo claramente) del Partido Popular y de Vox, por lo que tiene de confrontación con el Gobierno en medio de una crisis social gravísima y, en fin, por el riesgo de enfrentamiento entre ciudadanos. Conviene recordar que no es la primera vez que la derecha se lanza a protestar en la calle. Entre 2007 y 2008 el Partido Popular alentó protestas ante la sede federal del PSOE en la calle Ferraz de Madrid y esas concentraciones, que eran diarias, duraron varios meses. Eran muy ruidosas y hasta afectaron al funcionamiento de un conservatorio de música de la Comunidad de Madrid que está ubicado a pocos metros de la sede socialista. La diferencia respecto a aquellos años es que ahora están dispersos por Madrid y alrededores y también en que entonces el Partido Popular no se escondía como ahora.

Veamos el sentido de estas concentraciones en sí mismas. Entre los muchos daños que ha producido el movimiento secesionista catalán ha sido la banalización de ciertos términos como, por ejemplo, el término fascista. Para los secesionistas, toda persona que en Cataluña y en el resto de España sea contraria a la independencia de este territorio es fascista. Pero la banalización del término no es óbice para que en España haya fascistas de verdad, identificados con la ideología y la praxis del fascismo europeo de los años treinta del siglo pasado. Fascistas que rechazan la democracia, se apropian de los símbolos del Estado, se sienten identificados con la dictadura franquista y con el bando rebelde de la Guerra Civil y que, en su caso, aplaudirían la violencia contra los enemigos políticos. Pues bien, ese fascismo, con un origen social muy concreto (alta burguesía y clases medias tanto antiguas como emergentes de reciente origen obrero), existe en España, aunque no deben tener un apoyo superior al 7 o 8 % del electorado. Ese es el primer problema que este tipo de manifestaciones da resonancia a un colectivo antidemocrático y les acostumbra a tomar la calle. Y, como decía el soldado que no se comía el rancho para fastidiar al capitán, con tal de enfrentarse al Gobierno se ponen en peligro al no guardar distancias. Pero ese riesgo no afecta sólo a los manifestantes, sino a la Sanidad Pública a la que tendrá que acudir alguno tras el juego de “arrejuntarse” para que los virus circulen libremente.

Es igualmente preocupante el apoyo, cada vez más público y reconocido, del Partido Popular. Que Vox apoye estas manifestaciones es normal porque es su gente. Que lo hagan Casado y Díaz Ayuso es doblemente preocupante, tanto por apoyar grupúsculos fascistas que son los enemigos de la democracia como por el fin, que no es otro que derribar un Gobierno DESDE LA CALLE, NO DESDE EL PARLAMENTO. Ya sabemos que desde que se formó el Gobierno de Rodríguez Zapatero el Partido Popular utiliza la calle para debilitar al Gobierno y que en otros tiempos este partido ocupó las calles en compañía de lo más granado de la extrema derecha, pero ahora hay un salto cualitativo porque son manifestaciones antidemocráticas que el partido de Casado apoya. El Partido Popular, en vez de hacer oposición desde los órganos del Estado, incita a lo más extremo de sus bases a salir a la calle y, en cambio, en el Parlamento se limita a que su líder suba a la tribuna para insultar al Gobierno y a su Presidente, sin presentar alternativas y sin formular una crítica honesta. Así no se hace oposición, sino barullo, y además nos sigue indicando el abandono del centro por el partido de Casado para tratar de arrebatar seguidores a Vox.

El tercer motivo de preocupación es la confrontación con el Gobierno en medio de una crisis sanitaria que traerá a continuación una crisis social. Cuando llevamos veintiocho mil muertos y un cuarto de millón de enfermos, cuando todos los recursos del país se han de dirigir a combatir la pandemia y cuando hay que tener mucho cuidado en las medidas que se adopten para evitar que la desaceleración no agrave la situación, abrir la guerra (callejera y parlamentaria) es una irresponsabilidad política. A la derecha española le importa más regresar al poder que la salud de los españoles, porque un Gobierno cercado no puede dedicar de la misma manera sus esfuerzos a luchar contra la enfermedad.

Finalmente, estos simpáticos fascistas y sus mentores, Casado y Abascal, están creando un riesgo de enfrentamiento entre ciudadanos. Cuando se saltan las reglas de alarma, cuando insultan al Gobierno y a su Presidente, cuando nos roban los símbolos del Estado que pasan a ser símbolos fascistas, el riesgo de que otros grupos de ciudadanos se enfrente a esta gente es un riesgo cada vez más alto.

Hace tiempo que señalo en esta sección que la derecha española, a diferencia de la derecha francesa o británica, es heredera de otra derecha antidemocrática y frecuentemente golpista. Se nota en la forma de hacer oposición pero en momentos críticos como los que vivimos, esa querencia autoritaria pone en peligro la democracia.