La sesión de control al Gobierno del Congreso de los Diputados del pasado 22 de marzo fue comentada en la prensa por el lenguaje soez que el dirigente de Podemos Iglesias Turrión empleó frente al Presidente Rajoy. Aunque en los medios de Podemos se explica ese lenguaje porque, afirman, es el que emplea la “gente”, lo cierto es que fue una más de las usuales salidas histriónicas de Iglesias Turrión quien necesita que cada semana se hable de él, aunque sea para mal.

El lenguaje basto del dirigente de Podemos no merecería que se le dedicara ni una línea si no fuera porque denota otra cosa, que es la notable ignorancia de los políticos del partido populista en materia de Derecho constitucional, ignorancia que deberían ir superando. Veamos el problema constitucional que subyacía en la pregunta oral de Iglesias Turrión y de qué manera éste demostró su ignorancia.

La Constitución, en su artículo 134.6, ha establecido que toda proposición de ley y toda enmienda que suponga aumento de los créditos o una disminución de los ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación. La razón de esta previsión constitucional es que el Gobierno tiene atribuido el monopolio de la iniciativa legislativa presupuestaria, de modo que está capacitado para valorar si una proposición de ley o una simple enmienda rompen el escenario presupuestario que sólo el Gobierno puede fijar. Una previsión que aparece en todas las Constituciones de los principales sistemas parlamentarios.

El problema constitucional que apareció ya en la efímera legislatura de 2015-2016 y ahora vuelve a darse es que el Gobierno popular utiliza sistemáticamente la previsión del artículo 134.6 para impedir la tramitación de las proposiciones de ley que presenta la oposición. Probablemente lo habrá utilizado alguna vez abuso de derecho y habrá invocado efectos presupuestarios en proposiciones de ley que quizá no lo tenían. Hasta aquí el problema. Y si es así, ¿cuáles son las vías constitucionales para combatir ese eventual abuso de derecho del Gobierno?

El problema jurídico que subyace a esta polémica es quién tiene la competencia para efectuar la calificación de la proposición de ley o de la enmienda, es decir, quien está constitucionalmente facultado para considerar que la figura parlamentaria tiene efectos presupuestarios y, por ello, no puede tramitarse en el Congreso de los Diputados. Muchos autores consideran que la dicción del artículo 134.6 de la Constitución es tajante: sólo el Gobierno puede calificar una proposición de ley o una enmienda como contraria al Presupuesto en vigor. Personalmente, me alineo con esa interpretación ,porque la Constitución no contiene ninguna excepción a la facultad del Gobierno. Pero no todo el mundo piensa así. Hay otros autores, especialmente procedentes del Cuerpo de Letrados de Cortes, que creen que las Cámaras deben disponer de algún mecanismo de reacción ante un eventual abuso gubernamental y que para ello esas Cámaras también deben poder calificar la respuesta del Gobierno, valorarla y, si la consideran abusiva, no aplicar el veto gubernamental. En esa línea iba un informe de los Servicios Jurídicos del Congreso, conocido a finales del año pasado, que pedía self-restreint al Gobierno.

Viciada por la coyuntura política, la polémica se traduce en que el Congreso ya ha desatendido en algunas ocasiones el veto gubernamental y está tramitando proposiciones de ley que el Gobierno considera que no se deben tramitar. No niego que el Gobierno de Rajoy no haya cometido abusos de derecho en esta materia, porque lo hizo con frecuencia a lo largo de la legislatura, pero discrepo de la vía de hecho que está practicando el Congreso. Si la Constitución no ha otorgado a las Cortes la facultad de recalificar, sus Cámaras no pueden hacerlo, a fortiori en contra del criterio calificador expresado por el Gobierno. Y si la Mesa del Congreso o del Senado, tras el pertinente informe de los Servicios Jurídicos, llega a la convicción de que la respuesta del Gobierno es errónea porque la iniciativa legislativa no comporta aumento de créditos o disminución de ingresos tiene la vía de los conflictos entre órganos constitucionales del Estado regulados en el Capítulo III del Título IV de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Lo que, a mi juicio, no puede el Congreso es tomarse la justicia por su mano y no respetar una atribución constitucional del Gobierno que, además de estar fijada en el artículo 134.6 de la Constitución trae causa de la atribución gubernamental de dirigir la política interior ex artículo 97. Un Parlamento no puede acaparar atribuciones que la Constitución no le otorga.

Hasta aquí, el problema constitucional que subyace a la pregunta oral del Diputado Iglesias Turrión. ¿Dónde demostró éste ignorancia en Derecho constitucional?

Si el dirigente de Podemos hubiese hecho una intervención en la que hubiera analizado una por una las proposiciones de ley vetadas por el Gobierno y hubiera demostrado que no suponían aumento de los créditos o disminución de los ingresos, habría actuado correctamente en defensa de las potestades legislativas de las Cortes que el Gobierno ha podido coartar. Pero en lugar de ello, Iglesias Turrión reprochó al Presidente del Gobierno no haber hecho caso al informe de los Servicios Jurídicos de la Cámara. ¿No sabe Iglesias Turrión que el Gobierno tiene sus propios servicios jurídicos y que los de la Cámara emiten un informe de parte que defiende la posición política de su órgano constitucional? ¿No sabe Iglesias Turrión que cada órgano constitucional tiene sus propios servicios jurídicos y que un órgano no debe atender al informe de un servicio jurídico que no es el suyo porque ese informe jurídico sirve sino el de otro órgano con intereses políticos e institucionales diferentes?

Evidentemente, el dirigente populista no sabe nada de lo que aquí planteo porque para ello tendría que conocer, aunque fuera someramente, la doctrina de los órganos constitucionales, que nadie le ha debido contar. Cualquier día, Iglesias Turrión reprochará a Rajoy que no ha atendido el informe de un Secretario de Ayuntamiento.