A medida que se iba perfilando el “relato” independentista desde 2015 muchos pensaban que habían confeccionado una gran falacia, que haría aguas cuando se encontrara con la realidad. Antes que otras falacias se  inventaron una muy potente, el irreal “derecho a decidir”, que no era más que el velo que recubría (para ocultarla) una trampa, que era la petición de un referéndum vinculante. Los secesionistas sabían que con el control absoluto que tienen sobre los medios de comunicación de Cataluña (y en especial la televisión pública, la TV3) y el control social que ejercen en ciertos medios urbanos y en muchos medios rurales, podrían ganar cualquier referéndum, lo que no significa que obtuvieran la mayoría de los ciudadanos de Cataluña. Por eso pusieron el referéndum como primera pieza de su política de secesión. Pero muchos sospechaban que esa acendrada defensa de las urnas era propagandística, a ver si el Estado caía en la trampa y acababa convocando un referéndum: que el Estado lo convocara, que ellos ya se encargarían de manipularlo. Con el aplazamiento de las elecciones del 14 de febrero, efectuado por medio del Decreto 1/2021, de 15 de enero, se confirma la falacia del “derecho a decidir”, porque los secesionistas sólo quieren elecciones si las pueden ganar. Si no, mejor no votar.

En este texto vamos a comentar el Decreto de aplazamiento que ha quedado suspendido cautelarmente por el Tribunal Superior de Justicia. Pero antes de comentarlo debemos recordar un dato muy importante, a saber, que la Comunidad Autónoma de Cataluña no tiene Ley electoral y que sus elecciones se celebran aplicando la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General [LOREG]. Curioso que a quienes se les llena la boca con las palabras elecciones y referéndum no hayan sido capaces de aprobar una Ley electoral autonómica y prefieran aplicar la Ley electoral del Estado ocupante, opresor y antidemocrático. Curioso pero comprensible, porque una Ley electoral propia de Cataluña obligaría a aplicar una regla de proporcionalidad que daría muchos más escaños a la provincia o al área metropolitana de Barcelona (según el tipo de circunscripción que ese eligiera) que al resto de las provincias catalanas. Y es lo que los secesionistas nunca han querido; han preferido primar el voto rural e interior, que el voto metropolitano y litoral, y para ello la LOREG les viene mucho mejor.

Dicho esto, el origen del barullo electoral proviene de la inhabilitación del Presidente Torra. Tras su salida de la Presidencia de la Generalitat, ningún partido logró proponer un candidato sustituto, pues ninguno de los partidos secesionistas estaba dispuesto a permitir que el otro ocupara la Presidencia de la Comunidad Autónoma. Al constatarse por parte del Presidente del Parlamento de Cataluña que no se puede celebrar la investidura del eventual sucesor de Torra por falta de candidatos, se vio la necesidad de aplicar el artículo 67.3 del Estatuto de Autonomía de Cataluña que establece:

“Si una vez transcurridos dos meses desde la primera votación de investidura, ningún candidato o candidata es elegido, el Parlamento queda disuelto automáticamente y el Presidente o Presidenta de la Generalitat en funciones convoca elecciones de forma inmediata, que deben tener lugar entre cuarenta y sesenta días después de la convocatoria”.

Y en el mismo sentido, el artículo 4.7 de la Ley catalana 13/2008, de 5 de noviembre, de la Presidencia de la Generalitat y del Gobierno.

Ese es el fundamento jurídico del Decreto 147/2020, de 21 de diciembre, dictado por el Presidente de la Generalitat en funciones [que obedece al enmarañado título de “Vicepresidente del Gobierno en sustitución de la Presidencia de la Generalitat y Consejo de Economía y Hacienda” (sic)], Decreto que merece dos comentarios, a saber: a) ha sido dictado por el Vicepresidente sin acudir al Consejo de Gobierno, siendo lo que alguna doctrina denomina “acto debido”, es decir, un acto jurídico reglado, automático que el encargado de dictarlo no podría negarse a ejecutar; b) en previsión de que a los independentistas no les conviniera celebrar elecciones, el preámbulo del Decreto se refiere a la posibilidad de dejar sin efecto la convocatoria electoral si la pandemia no permitiera celebrar la elección, pero es sabido, como reitera el Tribunal Constitucional, que los preámbulos y exposiciones de motivos carecen de valor normativo, por lo que esa previsión, fuera del articulado del Decreto, carece de valor jurídico.

Así las cosas, cuando el PSC designa candidato al ministro llla, los independentistas (y como veremos más abajo, los partidos de derechas) comprenden que el PSC puede pasar a ser el partido más votado. Y sin dudarlo, el mismo Vicepresidente del Gobierno en sustitución de la Presidencia de la Generalitat y Consejero de Economía y Hacienda dictó a continuación el Decreto 1/2021, de 15 de enero, que deja sin efecto la convocatoria electoral y la traslada al 30 de mayo.

Este Decreto, cuya parte dispositiva abarca media página, pero va precedida de tres páginas y media de preámbulo de literatura para justificar el peligro de la pandemia, merece tres glosas políticas y jurídicas.

En primer lugar, constata que Cataluña se va aproximando a una sociedad fallida que carece ya de Gobierno y de Parlamento. Desde el día en que cesó el President Torra, si llegaran a celebrarse el 30 de mayo, habrían transcurrido ocho meses sin Presidente de la Generalitat y con un Gobierno dividido entre dos fracciones independentistas y sin tener siquiera un Presidente en funciones. La legislatura que se inició en 2018, y el subsiguiente Gobierno de Torra, han sido erráticos e improductivos, por lo que en realidad Cataluña lleva tres años sin base institucional sólida.

En segundo lugar, es difícil no sospechar que los riesgos de la pandemia no son más que un pretexto para impedir que el PSC gane las elecciones. Lo corrobora un caso curioso, y es que el PP y Ciudadanos no se han levantado en armas, como es su costumbre, contra la decisión del Presidente en funciones. Han aceptado todo mansamente, porque las derechas españolas prefieren que haya en Cataluña un Gobierno independentista antes que un Gobierno socialista.

En tercer y último lugar, la cuestión jurídica es fácil de entender; a saber, el Estatuto de Autonomía y la Ley catalana 13/2008, de 5 de noviembre, de la Presidencia de la Generalitat y del Gobierno, ordenan al Presidente en funciones convocar elecciones en una fecha determinada, pero no autorizan a ese Presidente interino a aplazar o suspender elecciones por la razón de que ninguna norma de la Comunidad Autónoma ha previsto que las elecciones se suspendan. No podría hacerlo ni el Parlamento disuelto y menos aún un Consejero en funciones de Presidente. Esa es la apariencia de buen Derecho, que le falta al Decreto de aplazamiento y lo que justifica la aplicación de medidas cautelarísimas.

¿El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña mantendrá la suspensión del Decreto de aplazamiento? Jurídicamente hay razones suficientes, pero ¿resistirá la presión ambiental?