En las últimas cuatro décadas, uno de los mantras del neoliberalismo, que incluso interiorizaron otras corrientes ideológicas en mayor o menor medida, era que reducir al mínimo la intervención del Estado en la economía y bajar los impuestos era decisivo para aumentar el crecimiento, la riqueza y el bienestar.

Esta creencia, se llegó a sacralizar tanto que muchos países empezaron a desmantelar parte de su Estado del Bienestar, ya no por los discípulos del neoliberalismo, sino por otras fuerzas políticas que creían que era la única forma para llegar y mantenerse en el poder.

No se daban cuanta unos y ocultaban otros que, frente al discurso oficial, la mayoría de los ciudadanos consideraba importante para su bienestar la intervención del Estado en la economía, como sigue pasando en la actualidad.

Concretamente en España, cuando se pregunta a los ciudadanos con cuál de las siguientes opciones está más de acuerdo, un 66,8 por ciento cree que el Estado tiene que intervenir en la economía. De ellos, un 48,2 por ciento, señala que el Estado debe intervenir en la vida económica, pero respetando la iniciativa privada; y un 18,6 por ciento, esta más de acuerdo con que el Estado debe intervenir en toda la vida económica.

En sentido contrario, un 24,1 por ciento cree que el Estado no debe intervenir en la economía. De ellos, para un 19,3 por ciento, el Estado no debe intervenir en la vida económica, salvo para corregir posibles desajustes; y para un 4,8 por ciento, el Estado no debe intervenir en la vida económica, debe dejarla en manos de la iniciativa privada. Es decir, que incluso la mayoría de los que dicen que no debe intervenir justifican la intervención para corregir posibles ajustes, según los datos del CIS.

Hoy, ya está demostrado que el neoliberalismo ha traído menor crecimiento económico. El periodo 1945-1980, con impuestos progresivos más altos fue la etapa más dinámica en términos de crecimiento económico, mucho más que el periodo 1980-2020, según datos del Banco Mundial. El neoliberalismo ha traído una acumulación de la riqueza en un número cada vez más reducido de personas. Y, el neoliberalismo ha ocasionado un crecimiento de la desigualdad a niveles insoportables para el futuro de la humanidad como especie.

Si a lo anterior, le unimos que este mantra se disuelve como un azucarillo en agua caliente cuando hay alguna turbulencia económica, y los apóstoles de la no intervención claman y exigen que entonces sí, el Estado intervenga para socializar sus pérdidas mientras continúan privatizado las ganancias; nos encontramos ante un cambio de rumbo de la humanidad, que la COVID-19 no ha hecho más que acentuar.

Una vez que está despejada la importancia que tiene la intervención del Estado en la vida económica, como instrumento económico y como deseo mayoritario de los ciudadanos, es necesario que los Estados cuenten con los ingresos suficientes para realizar las políticas necesarias.

A mediados de diciembre de 2019, escribí un artículo titulado “La Fiscalidad progresiva trae más crecimiento e igualdad”, donde afirmaba que “una de las luchas más encarnizadas que se están dando en las sociedades democráticas tiene que ver con que tipo de fiscalidad hay que adquirir para tener crecimiento, reducir la desigualdad y garantizar recursos públicos para hacer efectivos los derechos humanos en la vida diaria de las personas.

En este combate, que no solo es dialectico por desgracia, nos encontramos a los que defienden, con tanta vehemencia, los privilegios de las elites económicas, que no se han dado cuenta de que tras la crisis del año 2008, las tensiones que se han producido por los recortes de derechos y la concentración de la riqueza en cada vez menos personas; y las tensiones que se están produciendo entre países, dentro de los propios Estados, y entre ciudadanos y gobiernos, son tales, que es urgente volver a establecer racionalidad en el sistema, frente a tanta codifica y desigualdad, porque de lo contrario se hundirá con ellos dentro.”

Esta tesis, que era real en diciembre, se ha vuelto todavía más ineludible con la pandemia de la COVID-19. Porque los ciudadanos, reclaman, cada vez con más fuerza y de manera mayoritariamente, una reforma fiscal que haga efectivo el artículo 31.1 de la Constitución española: “Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio».

Los datos de la encuesta de Opinión Pública y Política Fiscal del CIS son reveladores y así lo certifican:

  • El 63,6 por ciento de los españoles opina que los impuestos son necesarios para que el Estado pueda prestar servicios públicos. Un 18,7 por ciento, que los impuestos son algo que el Estado nos obliga a pagar sin saber muy bien a cambio de qué. Y un 14,4 por ciento, los impuestos son un medio para redistribuir mejor la riqueza en la sociedad.
  • El 44,2 por ciento de los ciudadanos cree que pagamos regular impuestos. Un 40.3 por ciento, que pagamos muchos impuestos. Y un 10,1 por ciento, pocos impuestos.
  • El 77,2 por ciento de los españoles no cree que los impuestos se cobran con justicia, es decir, paga más quienes más tienen. Mientras un 15,5 por ciento cree que sí se pagan con justicia.
  • El 89,9 por ciento de los ciudadanos cree que en España existe mucho/bastante fraude fiscal. Frente a un 5,5 por ciento, que cree que existe poco fraude fiscal.
  • El 60,7 por ciento de la población cree que la administración hace pocos/muy pocos esfuerzos para luchar contra el fraude fiscal. Un 24,7 por ciento, opina que bastante. Y un 6,7 por ciento, que mucho.
  • El 82,6 por ciento de los ciudadanos creen que la Administración hace pocos/muy pocos esfuerzos para explicar el destino de los impuestos. Frente a un 10,1 por ciento que cree que bastantes, y un 1,1 por ciento que muchos.

Estos datos demuestran la necesidad de tener una fiscalidad justa, donde page más quien más tiene, donde se persiga el fraude fiscal y donde se explique a los ciudadanos adecuadamente la finalidad y utilización de los impuestos. Y demuestran también, que esa reforma, hacia una fiscalidad justa, contará con el apoyo mayoritario de la población española.

Y para que el sistema tributario sea justo e inspirado en los principios de igualdad y progresividad, sin tener alcance confiscatorio, tiene que estar basado en un impuesto progresivo sobre la renta, un impuesto progresivo de sucesiones y donaciones, y un impuesto progresivo sobre la propiedad. Unos impuestos lo más sencillos posibles que cumplan la misma función que cumplieron desde principios del siglo XX hasta la década de los ochenta: conseguir una reducción significativa de las desigualdades de renta y de riqueza en los países capitalistas, tanto en Europa como en Estados Unidos.

Espero que en este camino se consiga un gran acuerdo parlamentario. Aunque, algo me dice que algunos grupos parlamentarios todavía no son conscientes de la nueva realidad que vivimos.