La alerta sanitaria internacional por el nuevo coronavirus COVID-19 está generando una intensa respuesta institucional por parte de los gobiernos, tanto en la UE como fuera de ella.

En España se está respondiendo con arreglo a la valoración epidemiológica real que en cada momento se va realizando. Ello permite asegurar que las decisiones contemplan los elementos de análisis que la evidencia científica aconseja en cada momento. Puede decirse que la respuesta es absolutamente solvente, equilibrada y con los niveles de coordinación y liderazgo que se necesitan en cada momento. Así se reconoce de manera generalizada en España.

Pero esta es una epidemia (seguramente una pandemia) en la que aún quedan pendientes conocer elementos característicos que sólo el paso del tiempo pondrá en evidencia. Ello requiere también elementos y estrategias de prospectiva que sólo se pueden abordar desde el conocimiento experto.

Uno de los asuntos que puede cobrar actualidad y relevancia en un futuro inmediato se refriere a la eventual disponibilidad de tratamientos eficaces con medicamentos antivirales y/o terapias preventivas (vacunas) que, en caso de superar los necesarios requisitos de investigación propios del mundo del medicamento, deberemos aspirar a que estén disponibles para que nuestro sistema sanitario pueda aplicarlo en los pacientes y ciudadanos con los criterios de evidencia clínica de los que se disponga y con garantías de acceso equitativo.

En estos asuntos hay que trabajar con la previsión necesaria y uno de los pasos a dar se refiere a anticipar los procedimientos que deberían seguirse para prevenir y asegurar la disponibilidad de medicamentos y vacunas, si finalmente es posible disponer de estos recursos con la necesaria eficacia demostrada; incluso, es conveniente trabajar para desarrollar políticas en la UE que aseguren equidad y costes razonables para para las arcas públicas.

En la agenda de trabajo de las autoridades públicas este es un asunto que cobra vigencia ya que resolver eventualmente los desafíos de Salud Pública con garantía de equidad es, también, un objetivo de interés general.