El 28 de abril conmemoramos el Día Internacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo. En este entorno se realizan innumerables actuaciones dirigidas a informar y sensibilizar a la sociedad de la importancia de una adecuada salud laboral.

Principalmente es un día de recuerdo de todas aquellas personas trabajadoras que han fallecido por el simple hecho de desempeñar su trabajo, así como de apoyo y solidaridad con los trabajadores y trabajadoras que se han lesionado o enfermado debido a unas condiciones de trabajo inseguras e insalubres.

Paralelamente es un día de denuncia y de reivindicación de unas mejores condiciones de trabajo y de seguridad y salud que eviten accidentes y enfermedades relacionadas con el trabajo. Es una jornada de reafirmación del compromiso con la defensa de la salud y con la lucha por un empleo digno, seguro y saludable. Es un momento de reflexión y análisis sobre las políticas preventivas que se vienen realizando a lo largo de estos más de 25 años y su efectividad en la mejora de la salud de las personas trabajadoras.

Las cifras de siniestralidad son una de las formas de medir la situación del sistema preventivo y el estado de salud de las personas trabajadoras, y lo que nos trasladan es que el trabajo realizado en materia preventiva no ha sido lo suficientemente efectivo, porque son muchos y muchas las trabajadoras que continúan lesionándose en sus trabajos e incluso falleciendo.

Durante el año 2021 se produjeron 572.448 accidentes de trabajo con baja, un 18% más que los ocurridos durante el año 2020. 705 personas trabajadoras fallecieron, 4.772 tuvieron una lesión grave, y 568.171 una leve. Aún teniendo en cuenta que el año 2020 no fue representativo en materia de siniestralidad por el grave problema sufrido con la pandemia provocada por el Covid-19 y la caída de actividad que produjo una reducción del 22% en la siniestralidad respecto del 2019, son datos inasumibles. Podemos comprobar que los avances son escasos y lentos. Persisten los riesgos tradicionales y se han acentuado otros nuevos; el actual sistema preventivo no ha dado la respuesta adecuada. Las principales formas de producción de los accidentes de trabajo son las mismas que en el año de entrada en vigor de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales (1996), sobreesfuerzos, golpes por objetos y caídas al mismo y a diferente nivel. Respecto de los accidentes in itinere, han pasado de 41.176 en 1996, a los 74.713 de 2021.

Otro indicador son las enfermedades derivadas del trabajo. La declaración de las mismas sigue siendo insignificante teniendo en cuenta la realidad laboral que estamos viviendo. Se confirma la falta de notificación y declaración de las mismas, y por tanto su no prevención. 20.510 partes comunicados en 2021, un 11,5% de descenso en la notificación respecto de 2020; prácticamente no existen. El interés en su declaración tan sólo es por parte de las personas trabajadoras, no existe interés por parte de los poderes públicos, de las empresas, ni de las entidades encargadas de su prevención y de su comunicación, lo que dificulta actuar frente a ellas. Los cánceres de origen profesional, las enfermedades musculoesqueléticas, o las patologías derivadas de los riesgos psicosociales, como el estrés siguen sin tener un espacio definido en el ámbito preventivo.

Y merece especial atención el cáncer de origen profesional que es una de las principales causas de mortalidad laboral en la Unión Europea. Se estima que los agentes cancerígenos son los causantes de unas 100.000 muertes, cada año, por cáncer de origen laboral. El Marco Estratégico de la UE señala que el 52% de las muertes relacionadas con el trabajo en Europa se producen por cáncer. Es necesario desarrollar acciones contra el cáncer de origen laboral.

La Organización Internacional del Trabajo y la Organización Mundial de la Salud estiman que en España se producen alrededor de 9.550 fallecimientos por cáncer de origen laboral. Otro indicador que falla, en 2021 en nuestro país se comunicaron 51 cánceres de origen profesional, de los cuales 25 fueron producidos por amianto. Observamos como incluso las enfermedades derivadas de agentes cancerígenos incluidas en el real decreto que las regula prácticamente no se comunican. Es dificultoso relacionar las patologías de origen laboral con el trabajo debido al largo periodo de latencia que, en general, tienen estas enfermedades.

Lo mismo sucede con las enfermedades derivadas de los riesgos psicosociales. La salud mental laboral no existe en el Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social. Las crisis padecidas y la pandemia han dejado a millones de personas trabajadoras atrás, y han tenido consecuencias psicosociales. El aumento de las patologías no traumáticas (derrames cerebrales, infartos…) que en su mayor parte son causa de los riesgos psicosociales, así lo refleja; estas se han incrementado hasta el punto de estar prácticamente al mismo nivel que los accidentes de trabajo traumáticos.

Ocurre algo similar con los trastornos musculoesqueléticos, primera causa de enfermedad profesional que sigue planteándose como un reto en las empresas, si bien es cierto que las evaluaciones ergonómicas no se realizan y por tanto estas patologías no se previenen. El procedimiento de notificación y registro de estas patologías no se ajusta a la realidad de las mismas, y continúan sin prevenirse.

Este año, las organizaciones sindicales hemos adoptado el lema “La prevención en el centro de la recuperación. Hacer de la salud laboral un derecho fundamental”. Partiendo de los derechos constitucionales a la salud y al trabajo, y a todas las normas que los desarrollan, estamos en el momento de reflexionar sobre la viabilidad del sistema preventivo y hacer nuevas propuestas de mejora que realmente se ajusten a la realidad actual. De manera que afrontemos los cambios económicos, medioambientales, sociales, y culturales que se han producido tras las crisis económicas padecidas en estos últimos años y la actual provocada por la pandemia por la Covid 19, a las que el actual sistema preventivo no ha sabido responder.

La falta de cultura preventiva en la sociedad esta latente. Ni en la escuela, ni en la formación reglada, ni en la no reglada, se ha interiorizado el concepto de “riesgo”, no se plantea esta cuestión en los itinerarios formativos. Igual que hay campañas de concienciación con los accidentes de tráfico, deberían realizarse contra la siniestralidad laboral. Acercar este problema a la sociedad, pues no es tolerable que los trabajadores y las trabajadoras fallezcan en sus trabajos, ya que la mayor parte de los accidentes laborales se puedan evitar.

De la misma manera, es importante resaltar el imprescindible papel de políticas públicas equilibradas que inviertan en servicios públicos sobre todo en este periodo, ya que se ha incrementado la desigualdad y la precariedad producida por las nuevas formas de organizar el trabajo. La necesidad de reforzar los servicios públicos ha quedado de manifiesto, personal sanitario y de servicios esenciales han demostrado que el estado de bienestar está muy relacionado con la fortaleza de los mismos. Debemos abrir el debate sobre un sistema público de seguridad y salud.

La mercantilización que se ha realizado con el sistema preventivo ha pervertido el espíritu de la Directiva marco 89/391 sobre salud y seguridad en el trabajo. Las políticas públicas han de apostar por la integración de la prevención en las empresas, por la disminución de las cifras de siniestralidad, por la mejora de los mecanismos de notificación y declaración sobre los daños a la salud ocasionados por el trabajo, y por un mayor reconocimiento de las enfermedades relacionadas en el trabajo, para, en definitiva, contribuir a la mejora de las condiciones de trabajo y vida. Porque realmente los daños a la salud y la seguridad de los trabajadores y trabajadoras se pueden y se deben prevenir y evitar.

Y sólo se puede hacer con instituciones fuertes, con suficientes recursos humanos y económicos, que desarrollen estrategias consensuadas con los interlocutores sociales y coordinadas entre los diferentes ámbitos de actuación (sanidad, industria, seguridad social, trabajo…) incluyendo a las Comunidades Autónomas.

Es la hora de nuevas normas preventivas, de renovar y adecuar el marco legal en consonancia con la normativa europea que se va aprobando. Y siempre consensuadas con los interlocutores sociales como ha ocurrido en estos años de empobrecimiento de la clase trabajadora. Se han negociado ERTES, la ley “rider” y las plataformas digitales, el trabajo a distancia, la subida de SMI, los acuerdos de pensiones, y sobre todo la reforma laboral, han sentado la base para la recuperación y mejora de las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras. La adaptación, reforma, modificación o, por qué no, una nueva normativa preventiva junto con la reforma del Estatuto de los Trabajadores potenciará nuestro sistema de salud pública y por tanto de salud laboral.

Modificar el sistema preventivo, para que el daño hecho por la reforma laboral del Partido Popular, que ha generado precariedad, inseguridad laboral, y desigualdad, se reduzca. Está suficientemente probado cómo la precariedad y la temporalidad son sinónimos de siniestralidad laboral, de desigualdad, de pobreza. El impulso a un nuevo modelo de relaciones laborales que mejore las condiciones de trabajo de la población trabajadora es una prioridad en salud laboral.

Construir un modelo de trabajo más saludable y más seguro, y frenar esta lacra social. Abordar los riesgos que están generando las nuevas formas de organizar el trabajo como las plataformas digitales, el teletrabajo, y aquellas generadas por la introducción de las TIC y la automatización, la globalización que cada vez es mayor, el cambio climático junto con los importantes cambios que se están produciendo en las modalidades de empleo. Y actuar con los colectivos más desfavorecidos, empleadas de hogar, autónomos, mayores de 55, jóvenes, mujeres y discapacitados.

Estas razones hacen que el 28 de abril, Día Internacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo junto con el 1º de Mayo, Día Internacional del Trabajo, los trabajadores y trabajadoras salgamos a la calle reivindicando un trabajo decente. “La solución: subir salarios, contener precios, más igualdad”, es el lema que CCOO y UGT hemos lanzado a los ciudadanos. Después de las grandes crisis vividas, y los graves problemas que se están generando con la guerra de Ucrania los trabajadores y trabajadoras necesitamos más que nunca mejorar nuestro poder adquisitivo, principalmente a través de la negociación colectiva, de mejores salarios, de inversión pública y del desarrollo de normativas que reduzcan la desigualdad y la pobreza y generen empleo de calidad y decente.

Acabar con la pobreza, con la precariedad, con la injustica social y con el cambio climático. Recuperación y humanización del concepto de trabajo decente, digno, y del derecho al trabajo como valor social básico constitucional, ha de ser el objetivo.