El diseño final del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que sustituirá al derogado Factor de Sostenibilidad con el que se quiere reforzar el sistema de pensiones, para mitigar el efecto de las jubilaciones de los boby boomers, nacidos entre los años sesenta y primeros de los setenta, lo firmó la pasada semana el Gobierno con los sindicatos UGT y CC.OO.

A diferencia del Factor de Sostenibilidad ideado por el PP, que cargaba sobre los pensionistas los costes de este posible desequilibrio, reduciendo las pensiones presentes y futuras, el acuerdo supone aumentar los ingresos subiendo un 0’5% de cotizaciones para las empresas y un 01% para los trabajadores.

Es decir, las empresas pasarán de pagar el 23’6% actual de su base de cotización al 24’1 % y los trabajadores del 4’7% al 4’8%. Traducido en una nómina de 1.050 € con la base mínima de cotización, al trabajador se le detraerá 1’05 € en la nómina del mes, y el empresario aportará 5’25 €/mes. Incrementos destinados a recuperar el fondo de reserva de las pensiones, que ha pasado de los 67.000 millones que había en 2010 a los 2.137.923 euros que hay actualmente debido al uso que el Gobierno del PP hizo de él a partir del Real Decreto Ley 28/2012, pagando tanto políticas del Servicio Público de Empleo Estatal, como bonificaciones a la contratación, ayudas a los autónomos, políticas derivadas del desempleo, gastos impropios de la Seguridad Social. Más de 50.000 millones de euros se gastaron en ellas, mientras los pensionistas perdían poder adquisitivo con las subidas del 0’25%.

Las diferencias con el factor de sostenibilidad, derivado de la reforma de pensiones del 2013, hecha sin ningún tipo de respeto por el diálogo social, es que aquella trasladaba a la reducción de las pensiones el peso del aumento de gasto derivado del crecimiento de la esperanza de vida. Por eso, en esta reforma se pretende jugar con varios factores; edad de jubilación, el incremento del tipo de cotización, las aportaciones del Estado a través de los PGE y la modificación del periodo de cálculo, todavía no formulado con claridad.

Además, la aplicación va a ser temporal; la primera fase de 10 años entre 2023 y 2032 se revisará cada tres años, y a partir de esa fecha se irán analizando las desviaciones, si se producen. En el caso de hacerla sobre los parámetros marcados, será la subcomisión del Pacto de Toledo quien tome las decisiones, porque el objetivo es recaudar 50.000 millones en 10 años y garantizar las pensiones del 2032 al 2050.

La propuesta así planteada, es una respuesta a una amenaza a la sostenibilidad del sistema de carácter circunstancial, motivada por un incremento exponencial del número de pensionistas, dejando muy claro que el sistema funciona y la alternativa pasa por reforzarlo garantizando la revalorización de las pensiones.

Difícil entender el descuelgue de la CEOE y la CEPYME, sobre todo si los argumentos para ello son que “aumentar las cotizaciones tiene efectos negativos sobre el empleo” o que “el crecimiento de los empleos es la principal garantía de sostenibilidad”. De sobra saben que estos mínimos incrementos dan estabilidad a un sistema primordial para el bienestar y la actividad económica, y que los puestos de trabajo son fundamentales, pero recuperar el antiguo fondo de reserva debe hacerse con medidas excepcionales como estas, ya que con salarios bajo y cotizaciones precarias no se generan los recursos suficientes.

Resulta curioso cómo algunos, que hoy defienden la negociación y el acuerdo a tres bandas para que sea bendecido por Europa, nada dijeron cuando en los primeros meses del año 2012, se publicó en el BOE la reforma laboral, o cuando el Real Decreto Ley 28/2012 liberó el límite del uso del 3% del Fondo de Reserva para poder saquearlo durante seis años hasta dejarlo esquilmado en 2018.

Querer encorsetar cualquier negociación en el plan de recuperación y en los documentos presentados en su día a Bruselas, es un argumento insostenible. La redacción acordada es lo suficientemente abierta para dar juego a la negociación y al diálogo social, de manera que nadie debería utilizar Bruselas para decir qué debe o no debe hacerse, tanto en la reforma de pensiones como en la reforma laboral u otras.

La ofensiva de las derechas contra las patronales por la catarata de los acuerdos firmados en el marco del diálogo social, solo demuestra que les hace mella en sus estrategias, pues les deja desnudos con su oposición furibunda y ostentación antisistema en las sesiones de control parlamentario de los miércoles. Durante estos casi dos años de pandemia, el diálogo social ha sido una muestra clara de responsabilidad, vital para el país. Los acuerdos están ahí, beneficiando a millones de ciudadanos. Torpedearlos por pura estrategia política partidista es la mejor muestra de su “patriotismo”.