Hay quien dice que los economistas se asemejan mucho a los médicos forenses, quienes determinan la enfermedad o la causa de la muerte cuando diseccionan el cadáver. En el caso de los primeros, detectan las crisis y sus efectos cuando ya están o ya han pasado.

Digo esto porque algunos de ellos, y también algunas instituciones nacionales e internacionales, han hecho valoraciones y previsiones sobre la inflación actual bastante desafortunadas. Han pasado de pronosticarla como transitoria al principio, para condicionar la evolución de la misma a la de los salarios (ahí están los argumentos en la campaña contra el incremento de SMI) o a buscar en la inflación subyacente el argumento a los futuros límites del incremento de precios. Tres pronósticos, tres errores.

Muchos de ellos ven imprescindible la contención salarial y así lo transmiten a través de sus terminales mediáticas todos los días. Para ellos, que en los últimos años los precios subieran en España un 2’1% en 2021 y un 8’40% en 2022 y los salarios solo lo hicieran un 1’5% y un 2’8% respectivamente, es un problema menor. Lo mismo ocurre cuando los beneficios de las compañías siguen ganando terreno a la renta nacional bruta mientras las rentas salariales la pierden.

Durante meses, no sé si participando de estas tesis, la CEOE se ha negado a negociar el AENC (Acuerdo Estatal para la Negociación Colectiva) alegando que no había condiciones para ello, que las empresas no podían asumir revisiones salariales con arreglo al IPC, o que la crisis les está perjudicando hasta el punto de tener que cerrar muchas de ellas.

Los datos de crecimiento económico, sin embargo, refutan algunas de sus tesis, especialmente si tenemos en cuenta que el PIB del año 2022 se sitúa en el 4’5%, el segundo más alto de la UE, y las previsiones para el 2023 siguen augurando el mayor incremento de nuestro entorno. A la par que esos buenos datos, somos los últimos en el incremento medio de los salarios.

En este contexto, los sindicatos UGT y CCOO han presentado una oferta de negociación salarial para un nuevo AENC con un incremento del 13’84% en el trienio 2022/24, más la cláusula de revisión salarial que dependerá de la situación económica de las empresas, en función de sus márgenes de beneficios. Ahora sabremos si sus razones para rechazar los incrementos por la situación de las empresas eran sinceras o meras excusas para bloquear las negociaciones.

Es imprescindible buscar un equilibrio entre el poder de compra de los trabajadores y los beneficios de las empresas. Es la alternativa al ajuste interno que se practicó en la crisis última, ocasionando el empobrecimiento generalizado de los asalariados y clases medias, así como un incremento de parados hasta el 26% y el aumento, nunca visto, de las desigualdades y marginación social.

La prudente oferta sindical es un complemento imprescindible a las políticas del gobierno de coalición, para mitigar los efectos de la inflación entre los ciudadanos. La propuesta supone incluir en los convenios colectivos una cláusula de revisión salarial que combina dos criterios, la evolución del poder de compra de los salarios y la situación económica de las empresas, medidas por los márgenes de sus beneficios.

Por ello concretan la subida anual, dentro del ciclo de tres años, en un 5% para el 2022, un 4’5% para el 2023 y un 3’55% para el 2024. La subida salarial adicional por la desviación de la inflación de cada uno de los tres años estará vinculada a la información otorgada por un Sistema de Información Económico para la Negociación Colectiva (SINEC) que permitirá que la recuperación de la capacidad de compra de los salarios esté relacionada con la evolución económica de los sectores, con datos fidedignos.

Salvo acuerdo en contra o matizaciones al respecto, las cláusulas de recuperación salarial se aplicarán al cierre de cada año.

La propuesta sindical que emplaza a los empresarios a negociar antes del primero de mayo traslada también un claro mensaje al Gobierno. “Si no se alcanzara un acuerdo salarial, este debe promover actuaciones fiscales pertinentes para canalizar esos excedentes que el empresariado se apropia hacia la mayoría social, para reforzar el consumo de las familias y evitar una desaceleración mayor de la prevista”.

Eso lo concretan en establecer una contribución mínima en el impuesto de sociedades del 15% o el 20% sobre el total de beneficios. El destino de esas cantidades recaudadas, en opinión de los sindicatos, deberá dirigirse a mejorar la renta disponible de las personas cuyos salarios reales estén sufriendo ante la inflación.

La mejora salarial es fundamental para apuntalar el crecimiento económico, que se ve ya afectado por una voraz inflación que ha absorbido el ahorro de las familias, o los efectos económicos beneficiosos producidos por la reconversión de contratos temporales en fijos. Recuperar la capacidad de compra de los ciudadanos no solo es una reivindicación justa, es una cuestión de Estado.