Tras conseguir que la UE acepte la denominada “excepción Ibérica”, para que España y Portugal puedan establecer un tope al precio del gas y así bajar el desorbitado precio de la electricidad, el gobierno ha aprobado el plan de choque contra los efectos económicos de la guerra.

Un plan, que supone movilizar 16.000 millones de euros hasta el 30 de junio, con cinco grandes ejes: medidas de apoyo a familias, trabajadores y refugiados; de apoyo al tejido económico; en materia de transportes; de ciberseguridad; y en materia de energía, para abaratar el precio final de la electricidad a hogares y empresas.

Entre las medidas, se pueden destacar: la bonificación mínima a los carburantes de 20 céntimos de euro por cada litro de combustible; la rebaja de la luz; la ampliación del número de beneficiarios del bono social eléctrico en 600.000 familias, hasta llegar a casi 2 millones de hogares; las medidas regulatorias para fomentar y acelerar el despliegue de energías renovables, el ahorro energético y garantizar el suministro energético; 1.000 millones de euros para ayudas directas a los transportistas; el compromiso de aprobar una nueva ley que permita a los transportistas trabajar con “un precio justo”, al estilo de la ley de la cadena alimentaria; 10.000 millones más en avales del ICO y ayudas al campo y la pesca; 362 millones de ayudas directas al sector de la agricultura y la ganadería; 68 millones para el sector pesquero; 500 millones para apoyar a la industria, y compensar los peajes eléctricos en un 80 por ciento; el límite del 2 por ciento a las revisiones del precio de los alquileres ligadas al IPC; la limitación del despido para impulsar los ERTE; el aumento del 15% de la cuantía del ingreso mínimo vital (IMV) durante los próximos tres meses, entre abril y junio; 1.000 millones para ciberseguridad.

Todas ellas demuestran que nos encontramos ante un gobierno que se preocupa de los ciudadanos. Pero, sobre todo, que actúa para paliar las consecuencias de la invasión de Ucrania en la vida cotidiana de la población.

En este contexto, donde el malestar social ha aumentado en toda Europa, algunos partidos de la oposición van a tener difícil oponerse en el Congreso a la aprobación de este decreto, lo que va a romper su estrategia de cuanto peor mejor para intentar llegar al gobierno.

Estos partidos, tienen una buena oportunidad para cambiar su estrategia de confrontación permanente con el gobierno, y pasar a una estrategia de colaboración y unidad frente a las consecuencias de la invasión rusa de Ucrania. Ya llegará el momento de las elecciones y decidirán los ciudadanos en las urnas. Pero ahora, es la hora de la responsabilidad, del diálogo y de los acuerdos por el bien de los españoles y de España.

En este punto, con tantas incertidumbres sobre la mesa, hay que recordar que los ciudadanos, cambian rápidamente sus preferencias electorales. Pero, sobre todo, con tanta fragmentación, un porcentaje cada vez mayor y determinante en el resultado, decide en el último momento a quien votar. Y lo del último momento es literal.

Cuando se pregunta a la población el momento en el que decide el voto a un partido, en los últimos años se han producido cambios significativos, como se puede observar con los datos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS):

  • Bajada de 33,5 puntos porcentuales de las personas que tenían decidido hace tiempo, antes de la campaña electoral, a que partido votar. Si en el año 1996, el 87 por ciento de la población tenía decidido hace tiempo a quien votar antes de la campaña electoral, en febrero de 2022, el porcentaje ha bajado al 53,5 por ciento de la población.
  • Se ha más que triplicado el porcentaje de votantes que deciden a quien votar en los primeros días de la campaña electoral. De suponer un 3,4 por ciento en el año 1996, en febrero de 2022 son el 11,7 por ciento.
  • Se ha triplicado el porcentaje de votantes que deciden a quien votar en los últimos días de la campaña electoral. Si en el año 1996, eran el 6,4 por ciento, en febrero de 2022 son el 19,4 por ciento.
  • Se ha duplicado el porcentaje de votantes que deciden a quien votar el mismo día de las elecciones. De ser un 2,8 por ciento en el año 1996, se ha pasado, en febrero de 2022, al 5,7 por ciento.

Si a estos datos, le añadimos que los ciudadanos cada vez tienen menos reparos en cambiar su voto de un partido a otro, harían bien los partidos de la oposición en apoyar al gobierno en unas medidas que a todas luces son útiles para la vida cotidiana de los españoles, y buenas para el progreso y la prosperidad de la sociedad en su conjunto.