Los dos actos que la coalición Junts pel Sí y la CUP celebraron el 4 de julio en Barcelona constituyen otro paso hacia el golpe de Estado que estos grupos políticos quieren dar en los próximos meses. Por ello, merece la pena examinar: I) la naturaleza política y jurídica de los actos celebrados ayer; II) el contenido del borrador que presentaron; y III) las reacciones del Gobierno y de otros partidos.

Los actos celebrados el 4 de julio fueron dos. El primero fue un acto denominado “Garanties per a la democracia. Per un referéndum legal, efectiu i vinculant” que se celebró en el Teatro Nacional de Cataluña. Parece que estaba convocado por el propio Gobierno catalán y por el Grupo Parlamentario de Junts pel Sí. En este acto intervinieron el Presidente Puigdemont, el Vicepresidente Junqueras y dos miembros del Grupo Parlamentario, Turull y Roviera. El conductor del acto fue el Diputado de Junts pel Sí Lluís Llach, que se ha caracterizado últimamente por sus amenazas contra los que se opongan al golpe de Estado. El acto fue una reafirmación de la celebración del referéndum ilegal (con invento de una legalidad ficticia para apoyar el golpe) y la explicación de la futura Ley del Parlamento catalán que vendría a organizar el referéndum. El segundo acto se celebró en la sede del edificio del Parlamento pero no en su salón de Plenos. Parece que fue organizado por los Grupos Parlamentarios de Junts pel Sí y de la CUP sin intervención esta vez del Gobierno catalán. La finalidad era la misma, presentar el borrador del proyecto de ley para la celebración del referéndum aunque la web de Junts pel Sí, con poca finura jurídica, decía literalmente “Han presentado esta mañana la ley del referéndum de autodeterminación de Catalunya”. Estos son los dos actos del 4 de julio, que conectan con el que se celebró en la sede de la Presidencia de la Generalidad el pasado 9 de junio. ¿Qué alcance político y jurídico tiene ambos actos?

En sentido político, estos actos aportan otra losa en la senda empedrada que va, no hacia la independencia pero sí hacia el conflicto con el Estado democrático. A la agotadora verborrea rupturista y de descalificación de la democracia española se añade ahora un borrador de proyecto de ley y la voluntad (ya explicitada el pasado 9 de junio), de ruptura con España. Eso, en cualquier país, se llama golpe de Estado. No es imaginable la independencia efectiva pero sí es imaginable que los golpistas den todos los pasos que puedan (declaración del Parlamento, proclamación de la independencia por parte del Gobierno, etc.). No es posible más rebelión.

Jurídicamente el tema ofrece datos de interés. El Tribunal Constitucional, al amparo del artículo 87 de su Ley Orgánica, ha efectuado requerimientos a algunas autoridades catalanas a fin de que cumplan la Sentencia de este mismo Tribunal que declaró el 2 de diciembre de 2016 que prohibió ejecutar la resolución 1/XI del Parlamento de Cataluña. Pero (al igual que ocurrió con algunos actos del Gobierno catalán del 9 de junio que probablemente estaban formalizados) aquí van dejando huellas jurídicas pues las intervenciones del Presidente y del Vicepresidente de la Comunidad Autónoma muestran la participación de ambos en la elaboración de lo que ya parece que es un borrador. Cómo además también parecen implicados los Grupos Parlamentarios de Junts pel Sí y de la CUP, hay materia suficiente para que empiece a actuar la Policía Judicial no sólo por no acatar las Sentencias del Tribunal Constitucional sino también por un eventual delito de sedición (artículo 544 del Código Penal) o de rebelión (artículo 472 del mismo Código). La constante actitud de los secesionistas catalanes de no formalizar sus actos de rebeldía tiene muchos huecos y por ahí debe de actuar la autoridad judicial.

Hay motivo para actuar porque, aunque no parece que se repartiera ningún texto escrito, las intervenciones orales de Puigdemont, de Junqueras y de los distintos Portavoces parlamentarios de Junts pel Sí y de la CUP (conforme a lo que prevé la Ley de Enjuiciamiento Criminal sobre medios de prueba como la grabación de las intervención de Puigdemont y la prueba de testigos) podrían acreditar la participación de algunos miembros del Gobierno en la operación. ¿Y qué pretende regular esa futura Ley? Según se desprende de la prensa, de la web de Junts pel Sí y del comunicado de la Sala de premsa de la Generalidad, esa Ley vendría a regular no sólo el desarrollo del referéndum (implicando incluso a los Ayuntamientos) sino los efectos del mismo que serían, ¡nada menos!, la proclamación de la independencia de Cataluña.

La gravedad de lo que ocurrió ayer (ensoberbecidos los independentistas por la nula reacción gubernamental al acto del 9 de julio) no debería ser negada por nadie. Pero la reacción del Gobierno ha sido decepcionante. Por un lado, la Vicepresidenta del Gobierno ha dado una respuesta burocrática: “Bastan 24 horas para recurrirla [la eventual Ley]”. Pero no basta esa respuesta que, por otra parte, debe hacer reír a los golpistas. Y al lado de la reacción burocrática y apolítica de la máxima colaboradora de Rajoy, la Ministra de Defensa ha formulado una amenaza militar fuera de lugar porque la rebelión de Cataluña se solucionaría, en el peor de los casos, con la Guardia Civil, la Policía Nacional y los Mozos de Escuadra dirigidos por el Delegado del Gobierno. El Gobierno no tiene medida o mira a otro lado o saca los cañones.

Por su parte, para la izquierda, en las webs del PSOE y de Podemos no se encuentra ninguna referencia al nuevo acto golpista. Sólo el PSC, a través de su Secretario de Organización, ha sido crítico tanto con los secesionistas catalanes como con la desafortunada Ministra de Defensa, explicando que este partido no participará en ningún acto ilegal.

La situación en Cataluña es muy grave, porque no hay un ejemplo en toda Europa de una rebelión tan constante sin que el Gobierno reaccione con rigor. ¿Por qué no se reúne el Presidente Rajoy con los partidos naciónales y también con los partidos catalanes no golpistas? ¿Por qué no impulsa el Gobierno una imagen de unidad? ¿Por qué el Gobierno no envía a los catalanes un doble mensaje de reforma constitucional y de inmediata persecución a los golpistas? Por eso no iba descamina do Alfonso Guerra cuando habló de aplicar el artículo 155 de la Constitución que, en contra de lo que dejó ver una dirigente del PSC, no supone anular la autonomía de la Comunidad. Ninguna democracia aguanta un ataque tan constante a sus fundamentos constitucionales y se está dando una imagen de pasividad que deja abandonados a los catalanes que no quieren la secesión.