La declaración del estado de alarma mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, ha sido una medida necesaria que abre una situación desconocida en España. Desde las declaraciones del estado de guerra en la Segunda República no se había dado una situación de restricción de la libertad de circulación, de reunión y libertad de empresa como la que empezamos a experimentar a partir de ahora, pues las frecuentes declaraciones de estado de excepción durante los últimos años de la dictadura afectaban realmente a muy pocas personas, a los opositores declarados. Ahora cualquier persona, sin ser un rojo peligroso, ve limitada su libertad de circulación y de reunión en aras a poner obstáculos al contagio del coronavirus.

Ha sido una medida necesaria, equilibrada, que cambia el paradigma de la convivencia cívica, porque su éxito depende de la confluencia de cinco factores, a saber, a) el acierto de las medidas de limitación de derechos que traen causa de las medidas de prevención médica; b) la colaboración de todas las Administraciones Públicas; c) la lealtad de todas las fuerzas políticas; d) la respuesta cívica de los ciudadanos; y e) la colaboración de los medios de comunicación.

El acierto de las medidas de limitación de derechos que traen causa de las medidas de prevención médica está vinculado al alcance de las medidas contenidas en el Decreto de declaración del estado de alarma. Como se desprende de este Decreto, se trata de evitar aglomeraciones en lugares públicos y de trabajo aunque con modulaciones prudentes para que la ciudadanía disponga de los servicios y de los bienes esenciales. Claro que se restringe el ejercicio de ciertos derechos, de conformidad con la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, pero todo Estado necesita aplicar medios extraordinarios de carácter sanitario para evitar la propagación de las epidemias y, además, esa restricción de derechos se realiza conforme a la Constitución.

La colaboración de todas las Administraciones parte de un supuesto previsto en la legislación reguladora del estado de alarma, que es la superior dirección del Gobierno de la Nación, al que han de subordinarse todas las restantes Administraciones, autonómicas y locales. Ello implica también que las Administraciones territoriales no pueden extralimitarse y ejercer potestades que el ordenamiento no les otorga. Las operaciones de “cierre” de comarcas, como ha hecho la Generalidad catalana en Igualada y la Región de Murcia, en la costa mediterránea no son admisibles porque esas Comunidades Autónomas carecen de competencia para cerrar o cercar el territorio nacional. Llama la atención también que los Presidentes de las Comunidades Autónomas vasca y catalana se quejen por la supuesta invasión de competencias que ahora vendría a asumir el Gobierno. El problema de los nacionalistas españoles es que se han mentalizado hace mucho tiempo de que su autonomía es un Estado independiente y su Estatuto es la Constitución de ese Estado (se ve en los secesionistas catalanes que consideran soberano a su Parlamento), por lo que cualquier medida prevista en la Constitución que, por decisión de los órganos del Estado, limite sus competencias estatutarias (como son las previstas en los artículos 116 y 155) es vivida como un atentado a su imaginada independencia. Así se quebranta el principio de lealtad constitucional y en la práctica dificulta las medidas que ha de aplicar el Estado. Eso explica la sorprende petición del Presidente Torra de aislar Cataluña, que evidentemente no tiene fines sanitarios, sino cortar algo más los vínculos con el resto de España. Después de la teleconferencia del Presidente del Gobierno con los Presidentes autonómicos, parece que las Comunidades Autónomas colaborarán con el Gobierno, porque la Administración autonómica es un pilar fundamental para la ejecución de las medidas que contiene el Decreto de declaración y las otras que vaya aprobado el Gobierno.

La lealtad de todas las fuerzas políticas es necesaria, pero si bien se nota alguna inflexión en Ciudadanos y en Vox, no se puede decir lo mismo del Partido Popular. Casado (quizá recordando la malísima gestión del Gobierno de Aznar con el Prestige) cree que puede sacar algún partido de esta crisis y así lo muestran sus diarios más afines como ABC y El Mundo. Se equivoca una vez más, porque los ciudadanos de todos los colores políticos valoran ahora la unidad en torno a la cúspide del Estado, y los comentarios mezquinos, los pellizcos de monja del Partido Popular entran directamente en la gran antología de la infamia política sin que probablemente favorezca a quienes los lanzan. Presionado por su ala ultraderecha (García Egea, Álvarez de Toledo), Casado no ha tenido la visión exigible a un político, que es cerrar filas con el adversario cuando ocurre alguna catástrofe. Una vez más, Casado y Torra se sitúan en el mismo bando.

En cambio, la respuesta cívica de los ciudadanos muestra que la solidaridad que falta en algunos partidos sí tiene fuerza en los ciudadanos. El hecho de que la intervención del Presidente Sánchez el 14 de marzo por la noche alcanzara más de veintiún millones y medio de audiencia acumulada es demostrativo del interés de los ciudadanos y de la credibilidad que tiene el Gobierno, porque si el ciudadano no considerara solvente al Presidente no perdería el tiempo en escucharle, aunque no esté de acuerdo con todos sus planteamientos. Y el comportamiento general de los ciudadanos, cumpliendo los mandatos del estado de alarma, denota cómo los españoles se han concienciado ante un peligro real. La reacción solidaria de los ciudadanos contrasta por ello con la feroz crítica de algunos partidos que no pierden ocasión de desacreditar al Gobierno.

Pero la respuesta cívica de los ciudadanos exige la colaboración de los medios de comunicación. Aquí no estoy seguro de que la colaboración sea suficiente. Así, ABC dice en su primera plana: “Sánchez, superado”  y El Mundo, titula una de sus editoriales “Una nación unida, un Ejecutivo roto e insolvente”. Y lo peor no son los titulares descalificatorios, sino las informaciones falsas que no dejan de circular en los medios, casi siempre en descrédito del Gobierno. El estado de alarma, a diferencia del estado de excepción, no comporta limitaciones a los medios de comunicación, pero habría que impulsar un pacto por una información veraz, porque conductas que pueden provocar incluso efectos transmisores se originan en informaciones falsas o exageradas.

La declaración del estado de alarma ha sido un acierto y es de esperar que alcance sus fines, que es la disminución de la pandemia. Pero el Gobierno dispone de otros instrumentos constitucionales, como el estado de excepción, que, esperemos, sea innecesario aplicar.