El pasado 15 de enero se reunió la Mesa de Diálogo Social para la Recuperación, la Transformación y la Resiliencia, siendo la tercera vez que se reúne desde su constitución el pasado mes de noviembre. Participaron por parte del Gobierno la vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital; la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico; la ministra de Hacienda; la ministra de Industria, Comercio y Turismo; la ministra de Trabajo y Economía Social y el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. En representación de los interlocutores sociales asistieron los presidentes de CEOE y CEPYME y los secretarios generales de UGT y CCOO.

Desde el Gobierno, la vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital junto al resto de ministras y ministro expusieron a los interlocutores sociales los elementos principales de las 170 reformas, distribuidas en 30 capítulos, que se van a trasladar a la Unión Europea (UE). El Plan de Recuperación recoge la estrategia, las inversiones y la agenda de reformas estructurales para superar los efectos de la crisis sanitaria y sus consecuencias económicas y sociales, junto con las políticas para afrontar los retos de la próxima década y llevar a cabo una segunda modernización de nuestra economía. Todo ello potenciando el crecimiento económico y la creación empleos de calidad, reforzando los servicios públicos y el Estado de bienestar y reduciendo las desigualdades y la pobreza provocadas por las políticas austeridad y recortes impuestas desde la crisis económica de 2008.

Las reformas que se tiene previsto llevar a cabo serían entre otras: la modernización y digitalización de las Administraciones Públicas; la política industrial; el cambio climático y la economía circular; la reforma energética, la política de agricultura y pesca; la movilidad sostenible; la política de vivienda; la modernización de la justicia; la reforma concursal; el sistema nacional de salud; las reformas de la formación profesional y la universidad; las reformas en el mercado de trabajo y las políticas activas de empleo; la nueva economía de los cuidados y servicios sociales; la reforma fiscal o la reforma del sistema de pensiones. A estas reformas horizontales, se suman algunas específicamente dirigidas a impulsar la modernización de sectores tractores, como el comercio, el turismo, el sector agroalimentario, la salud, la automoción, el aeronáutico o la propia modernización de las Administraciones Públicas.

El Gobierno ha anticipado ya a la UE sus previsiones sobre reformas, excepto la laboral y la de pensiones. Los interlocutores sociales manifestaron que no podían dar su opinión sobre las 170 reformas por desconocer sus contenidos y solicitaron al Gobierno los documentos concretos, advirtiendo de que no se asuman compromisos con las instancias europeas que dejen sin margen para las negociaciones comprometidas con ellos por el Gobierno en el diálogo social. La vicepresidenta tercera se comprometió a entregar los textos. De hecho, estos documentos ya les han sido trasladados esta semana, y a su vez reafirmó el compromiso del Gobierno con el diálogo social y la voluntad de alcanzar el máximo consenso político y social.

La ministra de Trabajo y Economía Social explicó algunos aspectos de la reforma en el ámbito laboral: la reordenación de los tipos de contrato y el reforzamiento de la causalidad de los contratos temporales para impulsar la contratación indefinida, reforzar la negociación colectiva, que quedó debilitada con la reforma del PP, así como la reforma de las políticas activas de empleo, entre otras. Sobre la reforma de las pensiones, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones citó algunas líneas generales de la reforma de pensiones, con medidas para garantizar el poder adquisitivo de las pensiones y la sostenibilidad y suficiencia del sistema público de pensiones. El ministro no hizo referencia alguna a los planes de ampliar el periodo de cálculo de la pensión de los 25 años, que se alcanzarán en 2022, a los 35 años que se ha difundido en los medios de comunicación.

Con anterioridad a esta reunión las confederaciones sindicales de UGT y de CCOO habían anunciado un proceso de movilizaciones, que se ha concretado en una serie de concentraciones en todas las capitales del país el próximo 11 de febrero. Los sindicatos exigen al Gobierno recuperar la agenda social pactada al inicio de la legislatura e impulsar todas las mesas de negociación. Ponen el acento en la necesidad de que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), actualmente congelado en 950 euros mensuales, suba en 2021, junto a la derogación de las reformas laborales y de pensiones, a la vez que reivindican la renovación del acuerdo interprofesional para la negociación colectiva con los empresarios, la regulación de las plataformas digitales, la lucha contra la siniestralidad laboral y el fomento de la igualdad salarial.

Durante la pandemia el Gobierno y los interlocutores sociales han alcanzado importantes acuerdos para proteger el tejido productivo y el trabajo, como el Acuerdo para la Reactivación de la Economía y el Empleo suscrito en el mes de julio de 2020, en el que se estableció un compromiso de país para trabajar unidos en la lucha contra la expansión del virus y en la recuperación de la economía y del empleo, a través de medidas económicas y sociales, de política industrial y también de relaciones laborales.

Además, agentes sociales y Gobierno ya han llegado a un nuevo acuerdo para prorrogar los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), desde el 1 de febrero hasta el 31 de mayo, en condiciones similares a las existentes hasta ahora. Se trata del cuarto gran acuerdo por el empleo que se alcanza desde el inicio de la pandemia. Los Acuerdos Sociales en Defensa del Empleo (ASDE) son una apuesta estratégica para amortiguar los efectos que la crisis está produciendo a las empresas y proteger el empleo, a través de los ERTE. A su vez el Gobierno también ha alcanzado un acuerdo con las organizaciones representativas del trabajo autónomo (UPTA, ATA y UATAE), que prorroga la prestación extraordinaria por cese de actividad hasta el 31 mayo.

Esta labor reformadora prevista en la Agenda del Cambio y comprometida en el Programa del Gobierno de la Coalición Progresista requiere que el Gobierno garantice la participación e implicación de las organizaciones sindicales y las organizaciones empresariales en todo el proceso reformador a través del diálogo social. Para su éxito, se debería tener en cuenta la gran complejidad actual agravada por los efectos de la pandemia, pues la negociación social no está exenta de contradicciones, fruto del conflicto de los intereses que representan las partes. La grave situación sanitaria y económica que atraviesa nuestro del país exige a todas las partes su compromiso con los intereses comunes y la continuidad en la ya demostrada voluntad de consenso para impulsar este Plan transformador de nuestro país y reforzar la igualdad, la justicia y la cohesión social.