Los interlocutores sociales más representativos, organizaciones sindicales UGT y CCOO y empresariales CEOE y CEPYME -junto con el Gobierno- acaban de alcanzar un Acuerdo en materia laboral, que ya ha sido publicado en el Boletín Oficial del Estado, Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo, que será refrendado en breve por el Congreso y el Senado y modificará el mercado de trabajo en un futuro próximo.

Pacto positivo y necesario por varios aspectos. Los acuerdos a tres bandas (empresarios, sindicatos y Gobierno) son más fáciles de implantar y perduran en el tiempo. La inseguridad, desigualdad y precariedad se había situado en el mercado laboral español, y se venía aceptando con normalidad, creando un grave perjuicio a la clase trabajadora, principalmente a los sectores de la sociedad más desfavorecidos como son los jóvenes, las mujeres y los mayores de 45 años.

Sin recorrer cada uno de los artículos que la desarrollan, ya que aún falta algún que otro visto bueno, sí conviene aportar alguna reflexión respecto de la relación que existe entre los temas que aborda y la siniestralidad laboral, ya que la salud laboral no puede verse únicamente desde el punto de vista de la prevención de riesgos laborales, sino que es necesario analizar las relaciones laborales, centrándola en la mejora de las condiciones de vida y trabajo de las personas trabajadoras.

Después de la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, la clase trabajadora hemos vivido un empeoramiento de las condiciones de trabajo y por tanto de seguridad y salud en los centros de trabajo que ha supuesto que se produzcan más accidentes y más daños derivados del trabajo.

La Reforma Laboral del PP se llevó a cabo de forma unilateral, sin consulta alguna a los interlocutores sociales, con la excusa de crear empleo para salir de la crisis en la que estábamos inmersos. Realmente lo que produjo fue una depreciación de las condiciones laborales, de los salarios y de los derechos de las personas asalariadas. El abaratamiento del despido, y la flexibilización de las relaciones laborales han sido consecuencia de la misma.

Los salarios cayeron y la temporalidad aumentó, incluso ha aparecido la figura del trabajador pobre, personas con empleo a tiempo completo que están por debajo del umbral de la pobreza. Según la encuesta de estructura salarial del INE, en una comparativa de los salarios, la media de 2011, 26.000 euros anuales, con los actuales, 24.300 euros, vemos como después de diez años lo que ha provocado es una reducción de los mismos.

Contratación, temporalidad, subcontratación y negociación colectiva todos influyen directamente en la siniestralidad laboral. Personas trabajadoras con contratos de meses, semanas, días incluso horas; sin la formación específica y adecuada en riesgos laborales, sin la cualificación profesional necesaria. Hay personas que han firmado más de 200 contratos en un año.

Despido más fácil e incremento de la temporalidad, actualmente el mercado laboral español según la EPA tiene una temporalidad del 26% (tercer trimestre de 2021), el doble que la UE. El índice de incidencia de accidentes de trabajo de los trabajadores y de las trabajadoras temporales prácticamente duplica al índice de los trabajadores/as indefinidos/as (Informe sobre el estado de la seguridad y salud laboral en España. Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Octubre de 2021).

Los trabajadores jóvenes son los más vulnerables en relación con las condiciones de seguridad y salud en el trabajo tanto físicas como mentales. Se ha unido la falta de experiencia, formación inadecuada al trabajo a desempeñar, falta de madurez, de concienciación…, a la crisis del empleo juvenil (38% de desempleo juvenil, de nuevo el doble que en la UE). El índice de incidencia de los accidentes de trabajo de los trabajadores más jóvenes es sensiblemente superior al resto (Plan de Acción de la Estrategia de Seguridad y Salud en el Trabajo 2015-2020. INSST).

Inestabilidad e inseguridad generada entre los trabajadores/as temporales supone mayor estrés laboral. Las personas con contrato temporal se ven obligadas a trabajar a “gran velocidad”, mayor que las indefinidas, 41% respecto al 32% (Informe sobre el estado de la seguridad y salud laboral en España 2016. INSST). Mayor carga de trabajo mental que puede elevar su estrés y reflejarse en una mayor probabilidad de materializarse un accidente de trabajo y en otras patologías no traumáticas que puedan lesionar su salud. Incluso consecuencias relacionadas con riesgos psicosociales que puedan padecer, como trastornos del sistema cardiovascular, digestivo, insomnio, etc.

Son trabajadores/as que en ocasiones se han visto forzados a compaginar varios trabajos para poder alcanzar un sueldo digno cada mes, con la consiguiente mayor fatiga física y/o mental, junto a los posibles problemas para poder conciliar sus trabajos con su vida personal y familiar. El 17,9% de las personas trabajadoras considera que tiene una larga jornada de trabajo, el 15,6% tiene miedo de perder su trabajo y el 36,1% siente presión de tiempo de trabajo (ESENER. 6ªEncuesta europea de empresas sobre riesgos nuevos y emergentes. 2019. Datos de España). Queda clara la relación directa entre temporalidad e incremento de riesgos laborales tanto físicos como mentales.

Junto con la temporalidad, el desempleo y el miedo a perder el trabajo han sido la tónica en el periodo 2012-2022. La citada encuesta plantea preguntas en relación con esta cuestión. El 44% de las personas trabajadoras ante la pregunta si perdieras el trabajo te sería fácil encontrar otro, no cree que fuera fácil (“total” o “parcialmente” en desacuerdo). Son los jóvenes menores de 34 años los que mayor probabilidad de perder el trabajo plantean, 30%, y los mayores de 35 y especialmente de 50 años los que responden que no les sería fácil encontrar otro trabajo con el mismo salario. La nueva reforma dedica también un especio importante al mantenimiento del empleo, y el uso de fórmulas alternativas como los ERTES en lugar de extintivas, serán una clara mejora de los riesgos psicosociales laborales.

Hay argumentos más que suficientes y probados en relación a la mejora que supondrá el recién aprobado RD 32/2021 respecto a la temporalidad y por tanto a la reducción de siniestralidad en los centros de trabajo y mejora de salud mental de las personas trabajadoras asalariadas.

Otro factor que también diferencia ambas normas es la subcontratación. A lo largo de estos diez años ha sido un factor determinante del empeoramiento de las condiciones de salud en las empresas, ya que la Reforma de 2012 permitió a las empresas subcontratistas imponer sus condiciones particulares al margen de las del sector, encadenar contratos temporales sin límite. En la actual reforma a las personas trabajadoras de empresas contratas y subcontratas se les aplicara el convenio del sector de la actividad realizada. Otro aspecto importante de cara a unas mejores condiciones de salud laboral en las empresas.

Concluyente ha sido el deterioro producido en la negociación colectiva, haciendo prevalecer los convenios de empresa por encima de los sectoriales, y eliminando la ultraactividad. La consecuencia, disminución de la capacidad de presión sindical en los centros de trabajo en defensa, entre otras reivindicaciones, de las relacionadas con la salud laboral.

La negociación colectiva siempre ha sido la base de la mejora de la calidad de vida y del estado de bienestar de la clase trabajadora de nuestro país, del fortalecimiento de la clase media, ha permitido que los hijos e hijas de las personas trabajadoras puedan estudiar, crecer en libertad e igualdad de oportunidades frente a las clases sociales más pudientes.

Y la vuelta al equilibrio en la negociación colectiva es otro de los pilares de esta nueva Reforma que reforzara el desarrollo de la prevención de riesgos laborales, ya que tanto la mejora del salario, como la recuperación de la ultraactividad, son aspectos importantes en la gestión de la salud en los centros de trabajo. Donde hay representación de las personas trabajadoras, organizaciones sindicales fuertes que demandan derechos, hay menos siniestralidad. A lo largo de toda la reforma se vislumbra la participación y la comunicación con los representantes de los trabajadores, que en todo momento deberán tener información.

En definitiva, en estos diez últimos años la precariedad laboral en España ha llegado a tener tal tamaño que ha afectado gravemente a la salud de las personas trabajadoras, elevando los índices de accidentes de trabajo e incrementando las desigualdades de salud entre clases sociales, entre personas trabajadoras con contrato temporal e indefinidas. Se han combinado temporalidad y rotación, desempleo y precariedad y reducción del poder asociativo de los sindicatos, de la cobertura de la negociación colectiva junto con un debilitamiento de la inspección de trabajo, y todo ello ha tenido un impacto sobre el repunte de la siniestralidad laboral.

La salud en el trabajo está íntimamente ligada a la situación del mercado de trabajo. La principal causa del daño laboral son las mejores o peores condiciones de trabajo, que padecen las personas trabajadoras.

De ahí la urgencia y la necesidad de modificar aquella Reforma que ha dificultado una adecuada salud en el trabajo. Prueba de ello es el índice de incidencia de los accidentes de trabajo que desde el 2012 se ha venido incrementando año a año prácticamente en todos los sectores (no contabilizo el periodo de pandemia por su peculiaridad).

Son muchas las mejoras de la actual norma, que prioriza la estabilidad en el empleo y la reducción de la temporalidad ya que el contrato indefinido es la regla general, suprimiendo el contrato de obra y servicios, y limitando el contrato de duración de terminada.

Por favor, avalen el acuerdo alcanzado y miren por la mejora del bienestar de las personas trabajadoras.