Los historiadores han venido en calificar determinados tiempos, por lo sucedido en el periodo (la Semana Tragica, el Bienio Negro, …).A este último periodo de la historia de España aún hay varios que pueden pasar a la final y decidir por twitt, la elección a buen seguro estará por “bienio imbécil o perdido».

Ambos tienen razones sobradamente contrastadas para figurar. Algunas de las pérdidas pueden ser recuperables si abrimos un nuevo tiempo poniendo empeño y sensatez. Hay una que sin embargo se está convirtiendo en más irreversible, el medio ambiente. Ello es, a pesar de haberse generalizado su introducción en los discursos políticos, incluido en la agenda pública e incluso haya pasado a ser parte del acervo ciudadano. Deterioro ambiental, cambio climático, escasez de agua, desertización, contaminación, huella ecológica,… todos tenemos nociones al respecto.

En los años 90 creció la preocupación política sobre la cuestión tras la Cumbre de Río, alertados por el mundo científico. Esto llevó a desplegar una buena cantidad de medidas de distinto tipo e incluso introducirse en la conciencia de los ciudadanos. Ahora, tras la crisis económica, la preocupación ha disminuido; un 56% de los ciudadanos se considera «poco o nada informado» acerca de la problemática medioambiental. A tenor de los estudios de opinión, la mayoría se consideran activos en su preocupación medioambiental, aunque no consideren que sus conciudadanos lo sean, estiman que pueden estar interesados pero no preocupados (46,3%) y un 35% piensa que los otros no tienen ni interés ni preocupación. El dato demoscópico más concluyente y desalentador es que un 41% piense que hay cosas más importantes en la vida que proteger el medio ambiente”. Echar de nuevo la culpa a la política sirve de poco y no resuelve, pero algo de eso hay.

Las Cumbres, Declaraciones, Protocolos y Acuerdos Internacionales nos pueden hacer creer que no es cierto: “La Gran Política está preocupada”. El desarrollo normativo tampoco ha sido escaso: la Unión Europea, los Estados, las regiones, los municipios han llenado el ordenamiento jurídico de disposiciones al respecto. Hasta la actualmente discutida Estrategia de Seguridad Nacional contempla el deterioro del medio ambiente como una amenaza. Por tanto, si son así las cosas: ¿Cuáles son las causas de que los índices de deterioro no solo no disminuyan sino que crezcan? Se ha ralentizado en algunos aspectos su rápido crecimiento, pero ya los efectos empiezan a ser perceptibles.

En el pasado valía el discurso: «el agotamiento de los recursos naturales y la contaminación sucedieron de forma inadvertida y descontrolada, la situación al ser ignorada aumentaba». Ahora bien, hoy en día, es una realidad trágica imposible de ignorar y se agotan las posibilidades de solución, los expertos dicen, con fundamento, debido más a razones políticas y económicas que a tecnológicas. Todo no consiste en elaborar normas y planes, han de cumplirlse y gestionar de manera eficiente.

La reflexión que desde la derecha se hace es que el medio ambiente debe ser parte de la agenda política pero sin que ello pueda afectar al crecimiento económico y alterar el ciclo de la economía capitalista basado en maximizar producción y consumo.

La izquierda aunque asumió esta bandera como propia al gobernar, también en esta cuestión cayó en la contradicción que supone frenar los objetivos de la estrategia económica de un mercado omnicomprensivo pudiendo afectar a la generación de puestos de trabajo y con ello el bienestar de su electorado natural, los trabajadores.

La nueva socialdemocracia ahora es plenamente consciente de que el modelo aquí también hace aguas y que solo poniendo la economía al servicio del individuo y de la sociedad, garantizando la sostenibilidad ambiental, es posible legar, en condiciones de habitabilidad, el planeta a generaciones venideras y desarrollar en el presente una vida más saludable. Ello no pasa por el solo discurso de cambiar hacia un sistema productivo sostenible, sino hacerlo y propiciar realmente una transición económica a nuevos paradigmas de bienestar alejados del consumo como fin último de todas las cosas.

Efectuar esta transición va a requerir una gran mayoría social de respaldo donde los consensos van a ser complicados. No olvidemos que se ponen en cuestión intereses económicos muy concretos e identificables con nombres y apellidos. Para ello habrá que dirigir el punto de mira en: innovar el sistema fiscal gravando comportamientos y bienes perjudiciales, y primando los coincidentes con un nuevo modelo, que lo recaudado tenga un objetivo finalista en la recuperación medioambiental; sancionar sin posibilidades de negociación y exención cualquier vulneración o actuación fraudulenta en la gestión ambiental; aumentar y endurecer la responsabilidad penal de los delitos ambientales; establecer una financiación de infraestructuras que prioricen aquellas encaminadas a favorecer los usos que palien y disminuyan los efectos contraproducentes. Este es el punto en el que se responde: ¡Es lo que se está haciendo ya!

Repasemos unos casos cercanos en el tiempo y luego respondamos. En 2015, la Agencia de Protección Ambiental estadounidense denunció a Volkswagen por burlar los mecanismos de control de emisiones en once millones de vehículos. El motivo era no perder su guerra comercial con Toyota y alcanzar su gran objetivo de ser el mayor fabricante de automóviles del mundo… ¡recuerdan! A principios de este año 2017, la empresa automovilista acordó con las Entidades de EEUU y con los propietarios de los coches una indemnización millonaria. El dinero en definitiva venía a cubrir el delito cometido. Los daños medioambientales no se pagan con dinero, el principio de quien contamina paga está claramente desfasado, hay que ir más lejos.

La cuestión hubiera requerido un mayor grado de intervención pública y sanciones más ejemplarizantes (inhabilitación de propietarios, consejeros y directivos de la empresa y sanción pecuniaria personal junto a la responsabilidad penal). No se hizo. En marzo se conoció que también Renault manipuló las pruebas de emisiones contaminantes durante al menos siete años según un estudio de la oficina antifraude francesa. Estos casos son reflejo de cómo la responsabilidad social empresarial, la ética y los escrúpulos de muchas grandes corporaciones son mera jerga y su único objetivo sostenible son sus pingües beneficios.

Más cercano y cotidiano, donde se demuestra que la industria del automóvil tiene sus benefactores políticos: En Madrid llevan meses decretándose alertas por contaminación un día sí y otro también. Las medidas adoptadas son inocuas para paliar la situación (limitación de velocidad, restricciones de aparcamiento y poco más).

Sin embargo, las inversiones y gestión de los trenes metropolitanos de cercanías efectuados por el gobierno popular, tanto nacional como regional, es otra prueba inequívoca de que de lo declarativo a lo real en materia medio ambiental hay un largo trecho. Para ellos es mejor destinar la inversión pública a construir ineficientes autopistas radiales y costosos túneles, que dotar a las ciudades de un transporte público sostenible con aumento de la red y mayor dotación de medios materiales y humanos en los trenes de cercanías, construcción de aparcamientos disuasorios y aumento de frecuencias. La oposición socialista viene denunciando el tema desde hace tiempo, pero la agenda real de los populares es otra. El propio hecho de que no se haya adoptado la decisión urgente de hacer gratuito el transporte público urbano e interurbano ante alertas de contaminación atmosférica, como propuso el grupo parlamentario socialista en la Asamblea de Madrid, es el colofón del despropósito ambiental. No vale escudarse en el coste para el erario público y que ahora es imposible aumentar las dotaciones de vehículos y personal. Este argumento no es de recibo cuando hablamos del mismo grupo político que expolió el Canal de Isabel II.

Como decíamos más arriba, la protección del ambiente no hay que declararlo hay que gestionarlo. La lista es extensa podíamos incluir en este capítulo la ordenación de los servicios de taxi y los nuevos productos de transporte denominados VTC; y a la movilidad sostenible añadir la gestión de residuos urbanos y no urbanos o las acciones de protección de la biodiversidad En definitiva el “medio ambiente de las cosas” que afectan directamente a las personas no esperar a que las soluciones bajen del cielo y solo con criterios economicistas.

Macron, en la reciente reunión de Paris, ha querido darle una larga cambiada a Trump liderando a otros gobernantes, empresarios y alcaldes en la lucha contra el cambio climático, pero quedémonos con una frase de lo dicho: «lo que salvará el clima ya no son las grandes cumbres diplomáticas clásicas, sino la movilización de cada día, aguijonazos permanentes y por el conjunto de componentes de la sociedad». Rajoy responde con más “juegos declarativos” dando garantía de que España cumplirá los compromisos para 2020 y recuerda que prepara una Ley de Cambio Climático para cumplir también en 2030. Los aguijonazos no le hacen mella. Y lo peor, no tiene interés alguno en actuar. La cuestión exige mucha voluntad, capacidad y pedagogía, pero la historia en este tema también les pesa.

El caso es que, ¡no podemos perder más el tiempo!, tenemos que ser conscientes de que nuestra salud y bienestar y la vida de las generaciones futuras depende más, sin duda, de la habitabilidad del Planeta, empezando por lo más próximo, que en saber “dónde fija residencia” Puigdemont o de si las obras de Sijena están mejor en un lugar o en otro a 90 Km.

En fin, saber gobernar es otra cosa…