Una frase de Abraham Lincoln, traída a colación por Julio Llamazares en un artículo reciente de opinión de El País, podría describir de forma certera la desorbitada verborrea de nuestras dos derechas –la azul y la naranja– en los últimos meses: “Mejor es callar y que sospechen tu poca sabiduría, que hablar y eliminar cualquier duda sobre ello”.

En sus intervenciones públicas, las derechas no ahorran calificativos dirigidos al Presidente del Gobierno: “okupa de la Moncloa”, “yonqui del poder”, “responsable y copartícipe de un golpe de estado”. O afirman sin rubor que “el PSOE está secuestrado por las garras del Sanchismo”, que Sánchez es “rehén de los independentistas”, o que “está chantajeado por Iglesias”. En la campaña andaluza, el señor Ribera nos dice que no quiere que “la plaga del Sanchismo se extienda por Andalucía”.

A fuerza de subir el listón de las desmesuras con el fin de acaparar titulares, están terminando por resultar patéticos, y muy poco creíbles para cada vez un mayor número de ciudadanos. Su estrategia se está volviendo contra ellos. Como en el cuento del lobo, a fuerza de alentar constantemente el miedo a mil catástrofes que nunca terminan de llegar, al final se produce una inmunidad en el receptor del mensaje, de forma que este ya no se cree nada.

La democracia es por el momento el mejor sistema conocido para organizar sociedades modernas y complejas como la nuestra. Quizás su definición más esclarecedora sea la de constituir un conjunto de reglas que posibilitan la convivencia pacífica entre diferentes. Conviene destacar las dos palabras clave: “pacífica” y “diferentes”.

Pensar diferente no es una excepción en democracia sino la norma. Si solo hubiera un pensamiento aceptable, no haría falta la democracia. Por ejemplo, en tiempos de la Inquisición solo era aceptable ser católico. A veces nuestras derechas dan la impresión de que solo aceptan como válido un pensamiento: el suyo. Por ejemplo, descalifican a los independentistas por “querer romper España”. No descienden siquiera a debatir esa idea, porque les parece que es evidente su intrínseca maldad. Y, sin embargo, ser independentista es un pensamiento defendible democráticamente, como lo es el ser republicano, o el ser liberal. No es defendible saltarse las leyes, pero sin duda lo es desear separarse de un país, siempre que esa defensa se haga dentro de los cauces democráticos. En esta línea, también debemos a la derecha la llamada ley mordaza, que prevé penas por delitos de opinión, o por ofensas a los símbolos del Estado.

Quemar una foto del Rey, pisotear una bandera española, o sonarse la nariz con ella, son actos de muy mal gusto que ofenden a muchas personas. Tan de mal gusto y tan ofensivo como ciscarse en la Virgen María, o hacer caricaturas de Jesucristo, o de Mahoma. Pero la democracia no debería confundir el mal gusto con el delito, porque hay un derecho superior a proteger que es el de la libertad de expresión. Para nuestras derechas en cambio, todo ello debería ser delito porque no soportan que alguien pueda pensar de un modo diferente al suyo. Su solución es castigar y encarcelar al diferente, que es por cierto lo que también quieren hacer con los independentistas.

La esencia de la democracia no es aplastar al contrario cuando se tienen los votos necesarios para ello, que es lo que ha venido haciendo el PP cada vez que ha conseguido una mayoría absoluta. Las leyes más perdurables son aquellas que alcanzan consensos más allá del partido que las propone. La esencia de la democracia es acordar, transaccionar, convencer, de forma que el acuerdo final tenga algunas partes en las que las otras fuerzas pueden verse reconocidas. Ese fue precisamente el mérito de la Constitución del 78: no satisfizo por completo a nadie, pero tenía suficientes elementos de cada posición política para que todos pudieran apoyarla como suya. Por eso precisamente nos ha servido impecablemente durante 40 años.

Lo primero que hace un demócrata cuando no comparte una posición política es respetarla, porque esa posición posiblemente responde a los intereses y opiniones de muchas personas que votaron a ese partido. Así, cuando se tilda de “plaga” al dirigente máximo del PSOE, se está ninguneando el derecho a existir y a expresarse de los millones de votantes socialistas. El mismo respeto merece el señor Iglesias y también los independentistas, señores de la derecha. ¿O no han votado por estos últimos dos millones de catalanes?

Lo siguiente que hace un demócrata es rebatir políticamente lo que no comparte. Y lo hace con argumentos, con razones, y si es posible, con datos. También con propuestas sobre cómo enfocaría su partido el problema. En Cataluña, por volver a ello, las derechas han dejado el campo libre a los independentistas. Sólo se ha oído su discurso y las ventajas que les reportarían a los catalanes ser independientes. Pero no han escuchado de las derechas, y en este caso tampoco de las izquierdas, argumentos que desmonten los de los independentistas, ni cuáles serían los inconvenientes de una supuesta independencia. Lo único que han recibido de las derechas son amenazas, agresividad y recursos judiciales. Es decir, la política de la testosterona, que es la que mayor impotencia revela acerca de sus protagonistas: cuando faltan los argumentos, proliferan los insultos y las amenazas.

A muchos, las ideas de la derecha nos parecen deplorables. Discrepamos profundamente de su visión darwinista del mundo. Deploramos que les parezca aceptable que unos vivan con muchísimo más de lo que necesitan, y otros apenas sobrevivan con mucho menos de lo imprescindible. Que acepten sin inmutarse un abanico de más de uno a mil en los ingresos de las personas (el que va, por ejemplo, de 10.000 euros anuales a 10 millones), y que se opongan a las medidas de redistribución que podrían disminuirlo a una ratio más razonable. Por eso, combatimos ese discurso donde podemos hacerlo. Pero no se nos ocurre pedir que encarcelen a todos los liberales y neoliberales.

La segunda parte de las reglas democráticas es que la discrepancia ha de ser pacífica. El desprecio, la descalificación y el insulto no son precisamente formas pacíficas de discrepar. Apelan a las vísceras en lugar de a la razón, y crispan a la sociedad. De nuevo, se insulta, descalifica o ningunea a los ciudadanos, antes que a sus representantes. Pero además, se ningunean las propias reglas del juego. Si los dirigentes dirimen sus discrepancias a golpe de adrenalina y de testosterona, quienes sufren son las propias instituciones democráticas, que ya no sirven para acordar soluciones racionales en beneficio de todos. Y lo más grave es que los ciudadanos pueden tomar ejemplo de sus dirigentes y resolver sus discrepancias utilizando la agresión y la fuerza en lugar de la palabra.

Desgraciadamente, están apareciendo indicios de esto último con demasiada frecuencia. No otra cosa son las acciones de los llamados Grupos de Defensa de la República en Cataluña, o las que impiden por la fuerza actos públicos, a la vez que, paradójicamente, tildan de fascistas a los conferenciantes a los que no se deja hablar. La reciente detención de una persona que presuntamente pretendía matar al Presidente del Gobierno, no puede despacharse sin más como la acción de un loco. Cuando se siembra odio y se deshumaniza al adversario político, se crea un clima en el que alguien con pocas luces puede sentirse autorizado a apretar el gatillo.