Las frases: «Voy a contar al juez todo lo que sé» y «Mi grandísimo error en el ministerio fue ser leal a miserables como Jorge o Rajoy o Cospedal«, pronunciadas por Francisco Martínez, exsecretario de Estado de Seguridad con el PP, en relación con el espionaje a Bárcenas, vienen no solo a corroborar los hechos denunciados por la Fiscalía anticorrupción, sino que sitúan al Partido Popular, como organización política, en un callejón sin salida no solo jurídica y política, sino también legal.

Un callejón que se verá agravado si sus dirigentes no entienden la magnitud de unos hechos, que no solo afectan a su partido sino también a las instituciones del Estado, que han sido utilizadas de manera ilegal. La justicia actuará, pero con lo que se va a conocer los próximos meses el clamor popular e institucional, exigiendo una respuesta contundente ante estas graves ilegalidades, va a ser ensordecedor en la sociedad española.

De confirmarse este abuso de poder con conocimiento de Mariano Rajoy, como presidente de gobierno, se habrían quebrantado las normas esenciales del Estado de Derecho y de nuestro sistema democrático. Lo que significa, que la viabilidad futura de esta organización política como se ha conocido hasta la fecha estaría en su recta final.

¿Una exageración? No. Porque según el informe de la Fiscalía anticorrupción, el Partido Popular habría utilizado de manera ilegal efectivos, medios y recursos del Ministerio del Interior para desarrollar operaciones policiales ilegales, con el fin de ocultar pruebas en su propio interés.

El PSOE y Unidas Podemos han pedido la creación de una Comisión de investigación en el Congreso. Algo normal ante la gravedad de los hechos. Pero lo que no llega a entenderse, es la actitud del líder del Partido Popular ante la evidencia de lo sucedido.

Ni a Pablo Casado, líder del PP, le vale ya ponerse de perfil para intentar aferrarse al cargo, ni al Partido Popular le va a servir su estrategia de intentar eludir las responsabilidades políticas que como organización debe asumir ante estas nuevas informaciones sobre la operación Kitchen, y antes las siguientes que vendrán.

La sociedad española dejó claro en las urnas que la crisis estructural del PP, debido a la corrupción en sus filas, no solo no la iba a consentir, sino que además tampoco iba a permitir que arrastrara a España a una crisis institucional de difícil solución.

La sociedad española demanda ejemplaridad institucional. Y por ese motivo ha dado su apoyo en las urnas al PSOE. Pero esa demanda de ejemplaridad hace imprescindible que el PP reaccione en la dirección de fortalecer la democracia en España. Un camino que es incompatible con las declaraciones del líder del PP, diciendo que él era un diputado por Ávila.

Porque ese diputado por Ávila tenía cargos en el PP a nivel nacional cuando el PP acudía dopado a las elecciones, algo por lo que fue condenado a título lucrativo. Ese diputado por Ávila, dirige un Partido Popular al que todavía le esperan muchas más sentencias por Gürtel, Púnica, por los papeles de Bárcenas, por la Caja B, los Contratos de la Generalitat de Valencia, la Visita del Papa a Valencia, Fitur, la trama AENA, Emarsa, Púnica, Lezo, Brugal, y un sinfín de casos con más de 900 ex cargos públicos imputados por corrupción, que fueron ministros, presidentes de Comunidades autónomas, presidentes de diputación, diputados, senadores, consejeros autonómicos y alcaldes, concejales. Todos, gracias al Partido Popular.

Por tanto, no van a servir ni ahora ni más adelante, dos o tres declaraciones, o dos o tres ataques al Gobierno, para desviar la atención sobre la corrupción estructural en el PP como partido político, ni para desviar la atención de la grave quiebra de las instituciones del Estado que han provocado con sus acciones parapoliciales.

También se van a confundir si pretenden alejarse de esos casos bajo el argumento de que forman parte de otra etapa de la que ya han pasado página. Una confusión que les va a provocar un mayor alejamiento de unos ciudadanos que están hastiados, irritados e indignados de esas conductas.

El líder del PP haría bien en recordar el día 31 de mayo de 2018, cuando Pedro Sánchez, desde la tribuna del congreso defendió una moción de censura, que finalmente triunfó, ante la incapacidad de Rajoy, como presidente del gobierno, de asumir en primera persona las responsabilidades políticas tras el conocimiento de la sentencia de la Gürtel.

La presentación de la moción de censura primero, y su posterior triunfo, supuso defender el prestigio de unas instituciones gravemente dañadas como consecuencia de la corrupción.

La corrupción destruye la fe en las instituciones, en los políticos y en la propia democracia cuando no se reacciona con firmeza contra ella desde el terreno de la ejemplaridad. El PP es un partido herido de muerte por los casos de corrupción. Y solo podrá sobrevivir si es útil a la sociedad española. Si es capaz de llegar a acuerdos con el gobierno que mejoren la vida de los ciudadanos y las instituciones.

El líder del PP tiene que elegir, entre seguir en el fango o defender el interés general de los españoles en estos tiempos tan difíciles. Si elige, lo primero, continuará por el camino equivocado y aumentará la crispación en España. Si elige lo segundo, si elige el camino de la lealtad institucional desde las lógicas discrepancias ideológicas, lo agradecerán los españoles y España. Pero también el propio Partido Popular.

El PP es un partido herido de muerte por los casos de corrupción. Si quiere sobrevivir tendrá que modificar su estrategia ante lo que se le viene encima Un primer paso inteligente sería ser útil a la hora de aprobar unos presupuestos generales del Estado que necesita España. Y, ser de verdad constitucionalista, no de boquilla, desbloqueando las renovaciones pendientes, como dice la Constitución, de entre otros, el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, el Defensor del Pueblo.