Los primeros días del presente mes de junio se han distinguido por una agresiva campaña de las derechas contra el Gobierno de coalición presidido por Pedro Sánchez; precisamente cuando se está vislumbrando una salida a la tremenda crisis sanitaria que todavía estamos sufriendo.  El objetivo es conocido y tiene relación con el no reconocimiento del Gobierno legítimo salido de las urnas y su pretendido desgaste: atacar a Unidas Podemos (UP) -particularmente a Pablo Iglesias- y hacer inviable que el  Gobierno acabe la legislatura y marque la iniciativa para salir de la crisis y superar sus terribles efectos sanitarios, económicos y sociales.

La estrategia de las derechas no es nueva: utilizan de manera torticera e interesada los símbolos y la bandera de España, además de manosear las palabras y los conceptos con marcado interés provocativo, populista y tabernario. Los instrumentos a su servicio son diversos y golpean con fuerza a la propia democracia: manipular a gobiernos autonómicos afines para criticar al Gobierno, crispar los debates parlamentarios, amplificar noticias interesadas a través de algunos medios de comunicación, propagar bulos y mentiras por las redes sociales, convocar alborotos contra el Gobierno, judicializar la vida política…

Ante esta actitud, el Gobierno ha pretendido actuar con mucha cautela evitando las provocaciones y la confrontación política, a pesar de que no siempre lo ha conseguido, como se ha podido comprobar en algunas declaraciones recientes del vicepresidente segundo del Gobierno, que él mismo las ha calificado de muy poco afortunadas. En todo caso, la izquierda no puede caer en esta escalada de insultos y provocaciones y debe concentrarse exclusivamente en hacer política y gestionar la defensa de los intereses de los ciudadanos. Particularmente en la UE, con la pretensión de alcanzar y concretar los apoyos que nos ayuden a salir de la crisis y a reactivar la economía, el empleo y la redistribución de la riqueza.

En este clima de incertidumbre se ha echado en falta una respuesta firme y contundente de las estructuras partidarias (PSOE y UP), movilizando a su militancia, para frenar la fuerte ofensiva de las fuerzas conservadoras. Por eso es comprensible que se haya abierto un debate sobre este asunto en los partidos de izquierda: en concreto, sobre el modelo de un partido que toma el poder y mucho más si gobierna en coalición. A pesar de que una de las misiones más importantes de cualquier partido político es transmitir y explicar las decisiones de su gobierno a los ciudadanos, impulsar la presencia de sus militantes en el tejido social y hacer de intermediario para que las reivindicaciones de los colectivos sociales más progresistas lleguen en tiempo y forma al gobierno. Ello requiere fomentar la participación, el debate, el espíritu crítico y, desde luego, una actitud ejemplar  de los militantes; lo que resulta muy difícil de compatibilizar con algunos nombramientos recientes considerados por muchos como poco éticos (puertas giratorias).

En este marco político -deliberadamente crispado-, dos asuntos han irrumpido con fuerza en los medios de comunicación alcanzando un gran protagonismo: el mercado de trabajo (la ampliación negociada de los ERTES y la reforma laboral) y, por otra parte, el Ingreso Mínimo Vital (IMV). En concreto, la derogación de la reforma laboral ha adquirido una notoria relevancia al estar incluida en el Acuerdo firmado entre el PSOE, UP y Bildu para prorrogar el estado de alarma. La decisión asumida por el Gobierno de apostar por el diálogo social, desde el inicio de esta legislatura y plenamente vigente en el estado de alarma, significa aceptar de entrada el resultado de las conversaciones entre sindicatos (CCOO y UGT) y empresarios (CEOE y CEPYME) y, por lo tanto, los ritmos de la negociación y sus hipotéticos acuerdos. Lo que hace difícil derogar a corto plazo la totalidad de la reforma laboral, como exigen sus perniciosos efectos y reivindican los sindicatos. Esto no significa, en absoluto, que el Gobierno tenga que renunciar a cumplir con sus compromisos programáticos a lo largo de la presente legislatura en el supuesto de que los interlocutores sociales no logren alcanzar y firmar acuerdos.

En todo caso, es oportuno recordar que el 10 de febrero de 2012 se publicó en el BOE el Real Decreto- Ley 3/2012, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, que modificó la anterior reforma laboral aprobada por el Gobierno del PSOE en septiembre de 2010. Estamos hablando de la calificada como “nefasta reforma laboral del PP” impuesta unilateralmente por el Gobierno conservador y contestada finalmente por los sindicatos con la huelga general de 29 de marzo de 2012,  celebrada bajo el lema: “Quieren acabar con todo, con los derechos laborales y sociales”. El propósito formal del Gobierno, contemplado en la Exposición de Motivos del mencionado Real Decreto-Ley era claro: facilitar la contratación, potenciar los contratos indefinidos frente a los temporales, acabar con la rigidez del mercado de trabajo y, finalmente, sentar las bases para un empleo estable.

Sin embargo, en la práctica se ha producido todo lo contrario, la reforma laboral de Rajoy ha sido extremadamente agresiva, injusta con los trabajadores, ineficaz e inútil para la economía y para el empleo. Ha representado además un duro golpe a los derechos  adquiridos por los trabajadores, sobre todo en lo concerniente al mercado de trabajo (aumento considerable de la precariedad: abaratar los despidos, permitir los descuelgues, facilitar la temporalidad, fomentar los contratos a tiempo parcial no deseados…), a los salarios y a la negociación colectiva; además de maniatar a los sindicatos y dar un cheque en blanco a los empresarios con el falso argumento de generar puestos de trabajo.

A esto hay que añadir las facilidades que introduce la reforma para incorporar nuevas figuras de precariedad laboral en torno a empresas multiservicios y plataformas digitales, que han conducido a la proliferación de falsos autónomos y de auténticos contratos basura (subcontratación, eventualidad, contratos a cero horas, “uberización”…). Eso explica que en los últimos años la medida estrella en materia laboral del gobierno del PP haya sido apoyada sólo por los empresarios y, lógicamente, valorada muy negativamente por los sindicatos y por la mayoría de los expertos socio laborales. La espantada táctica de la CEOE abandonando la mesa del diálogo social y corregida posteriormente, responde a su radical oposición a que se deroguen las reformas laborales que tantos beneficios han reportado a los empresarios a costa de los trabajadores.

Por lo tanto, no es extraño que exista un amplio consenso en eliminar cuanto antes la reforma laboral y elaborar un nuevo Estatuto de los Trabajadores, que recupere la autonomía y el protagonismo de los interlocutores sociales -restituyendo el equilibrio de fuerzas entre las partes- en el marco del diálogo social. Sobre todo, hay que fortalecer la negociación colectiva y facilitar su articulación a todos los niveles, así como su extensión, con el propósito de que todos los trabajadores (también en las microempresas) estén cubiertos por un convenio. En este sentido, el convenio estatal de sector debe ser la referencia obligada para fijar los marcos de negociación, así como los contenidos a introducir en los ámbitos inferiores y en las empresas.

En todo caso, hay que dar absoluta prioridad en esta legislatura a reducir la escandalosa e intolerable precariedad de nuestro mercado de trabajo. Según Alberto Pérez García (The Adecco Group), España se encuentra a la cabeza de la UE en Tasas de Temporalidad; en concreto, en 2019, la UE-28 tuvo una Tasa del 13,6% y España alcanzó el 26,3% (doblando prácticamente la media europea), seguida por Polonia (21,7%) y Portugal (20,8%). Esto exige recuperar la causalidad en la contratación, perseguir decididamente el abuso y el fraude empresarial (economía sumergida) y fortalecer la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, dotándola de los medios técnicos, económicos y humanos necesarios. Además de apostar por el empleo decente y propiciar el cambio de nuestro modelo productivo, hay que potenciar  la política industrial, reforzar la digitalización, luchar contra el cambio climático y dotar de más valor añadido a los sectores maduros que generen empleos de calidad. Otras medidas pretenden impulsar las políticas activas de empleo, revisar las subvenciones a la contratación, reformar en profundidad los servicios públicos de empleo, reactivar la cualificación profesional, regular el teletrabajo y, finalmente, explorar nuevos yacimientos de empleo.

En las actuales circunstancias, esta política se verá acompañada y complementada con el IMV. Este ingreso, recientemente aprobado por el Gobierno, es una de las medidas relevantes del Acuerdo de Legislatura firmado por el PSOE y UP y supondrá un gasto anual con carácter permanente de 3.000 millones de euros. Beneficiará a cerca de 850.000 hogares cuyos ingresos sean inferiores a 230 euros por unidad de consumo al mes y alcanzará a 2,3 millones de personas, lo que triplicará el número de  beneficiarios del actual salario social de las CCAA y sacará de la pobreza extrema a 1,6 millones de personas. Las cantidades oscilarán entre los 461 euros y un máximo de 1.015 euros mensuales en función de la estructura familiar.  Los requisitos para su percepción tienen en cuenta la renta y la búsqueda activa de empleo y acogen a los mayores de 23 años y menores de 65 años, así como a los inmigrantes que acrediten un año de residencia legal en nuestro país. Como conclusión, el IMV aprobado protegerá a 4 de cada 5 personas que sufren pobreza severa rebajando el alto índice de pobreza en España para tratar de acercarnos a la media de este indicador en la UE y avanzar en la consolidación del Estado de Bienestar.

Este es el auténtico rearme político, económico y social -con visión patriótica- que demanda la ciudadanía y distingue a los partidos de izquierda de las derechas. Además, y esto es lo que es más importante, esta política no deja flancos abiertos a las críticas miserables de la oposición, que considera despectivamente al IMV como una “paguita”. Por eso debemos condenar la equidistancia de algunos analistas, el boicot que sufren los encuentros sobre la reconstrucción en el Parlamento y, en particular, el escaso sentido de Estado del PP  y su actitud desestabilizadora. Lo más grave de todo es que esta actitud se está trasladando paulatinamente a la calle, con el riesgo de que aumente la conflictividad social, como de hecho está ocurriendo en algunos países.

En todo caso, nuestro futuro pasa en buena medida porque la clase política acuda unida a la Unión Europea (UE) -en busca de una respuesta común y solidaria-, lo que facilitará salir fortalecidos de esta terrible crisis sanitaria, económica y social. De lo contrario, no saldrá bien parada la UE, pero tampoco nuestro país y, desde luego, la gran mayoría de los ciudadanos. Esperar y ver.