Tal vez resulte demasiado agresivo el titular de este artículo, e incluso desproporcionado para la situación actual de este país, de la Unión Europea o del planeta. Pero hay graves motivos de preocupación cuando se observa la situación de enfrentamiento político incomprensible en Madrid y España; el conflicto entre poderes y la utilización política del judicial; las reticencias de algunos países europeos a una política de respuesta activa contra los efectos socioeconómicos de la pandemia; o cuando se ha superado el millón de muertos[1], previsiblemente en mucha mayor medida de lo que muestran las cifras oficiales, sobre todo en los países en desarrollo; o cuando la ONU[2] advierte del fuerte incremento de las desigualdades y del malestar global, y muestra la caída en el desarrollo humano que se está produciendo, alertando que:

  1. La producción económica mundial se va a reducir en más de 8.500 millones de dólares en los próximos dos años, lo que acarreará 49 millones de personas más que caerán en la pobreza extrema (la mitad en África subsahariana).
  2. Las remesas de emigrantes disminuirán un 20% en 2020, lo que supone una pérdida de 110.000 millones de dólares en recursos disponibles para comprar alimentos y satisfacer otras necesidades de las familias de los países origen de los migrantes.
  3. Los efectos de la pandemia nos acercaban a una emergencia alimentaria mundial, con cerca de 270 millones de personas en situación de hambre aguda, duplicando los 135 millones en esta situación antes de la pandemia, y uniéndose a los más de 820 millones con alimentación por debajo de la básica.
  4. Que sólo en el sector alimentario los efectos de la pandemia en el desempleo global se estimaban en un incremento de cerca del 40% (452 millones de empleos en riesgo) de los aproximadamente 1.280 millones de empleos relacionados con el sector alimentario (producción, proceso, servicios alimentarios, de distribución, transporte, etc.) y se estimaba que afectaría negativamente a la tercera parte de sus medios de producción.

Es evidente que la pandemia incrementa la desigualdad ya que incide de forma mucho más significativa sobre las personas más vulnerables por sus propias condiciones de vida, trabajo y desplazamientos en transportes públicos; y también que es más probable que esas personas vulnerables tengan problemas de salud subyacentes que podrían agravar un caso de Covid 19. McKensey, en su Dashboard de 10 de septiembre, situaba esta probabilidad en las cifras que se recogen en la Figura siguiente, destacando que las personas que tienen graves problemas de vivienda son 4,5 veces más vulnerables a la muerte por Covid 19, las que están desempleadas 2,4 veces más vulnerables, las encarceladas 2,1 veces y, en general, las empobrecidas, las que tienen dificultades de alimentación o las marginadas son 1,4 veces más vulnerables a contraer el nuevo coronavirus que la población en general.

Pero, como hemos señalado en otras ocasiones, el problema principal no está en los que siempre han estado en los tramos más bajos de bienestar, sino en aquellos que, alcanzados un cierto nivel de bienestar, ven empeoradas sensiblemente su situación, siendo estos los que tienen históricamente una mayor tendencia hacia posiciones autoritarias, normalmente impulsados con los que ven más protegidos sus intereses en ese autoritarismo.

Desde el punto de vista de las desigualdades entre países los últimos datos disponibles[3] muestran que incluso en los países incorporados en la OCDE las tasas de crecimiento de los países que podemos considerar ricos tienden a converger con los de menor PIB per cápita durante las fases de expansión económica, ya que, en éstas, incluso las economías más débiles avanzan. Tal sucedió en la primera mitad de la década de 2000, en que el gap medio del PIB de los países ricos respecto a los menos ricos fue de cinco puntos porcentuales. Pero en la crisis financiero especulativa de 2008-12, el gap se amplió a diez puntos. Y muy probablemente la crisis asociada al Covid 19 incremente en mayor medida estas diferencias de crecimiento, pese a que la situación en el segundo trimestre de 2020 muestre tendencias divergentes de esta hipótesis general[4]:

En este marco, tiene sentido la reciente y larga intervención (287 epígrafes en 77 páginas) del Papa Francisco con su nueva encíclica “Fratelli tutti”[5], que muy poco gustará a los conservadores por su denuncia del incremento de la desigualdad, la pobreza y las diferencias en la población, que la pandemia está incrementado; y que con capítulos específicos sobre “La Mejor Política” (epígrafes 154 a 197) donde critica los populismos y liberalismos y al poder internacional (globalización), hace referencia a la caridad social y política, y define “La política que se necesita” (epígrafes 177 a 179), y el necesario papel del amor en la política (epígrafes 180 a 197).

Las fuertes críticas a la preeminencia de la propiedad privada sobre el derecho a los bienes comunes, a los populismos y al liberalismo, a la globalización desigual, al consumismo, o al trato inhumano a los inmigrantes, fruto del auge de nacionalismos que recuerdan pasados a no repetir, pueden tener una doble consecuencia: la deseable, de abrir un apoyo a unas políticas más centradas en la igualdad y en el respeto al ser humano y la naturaleza; o bien la desautorización de la política y los políticos democráticamente elegidos y la interpretación, que pueden hacer algunos, de que se justifican opciones autoritarias “bondadosas”.

La desautorización a políticos es creciente y peligrosa en muchos países y, en particular en España, donde la contradicción entre intereses partidistas a corto plazo está generando la percepción de que la salud y el bienestar general es subordinado a dichos intereses, abundando en una valoración general de políticos, ya en niveles muy negativos, que incide en la propia valoración de la democracia y en el crecimiento de valoraciones autoritarias. Y no ayudan en ese sentido posicionamientos como los de asociaciones y profesionales médicos que, cuestionando comportamientos impresentables de dirigentes como los del partido popular o la presidenta de la Comunidad de Madrid, generalizan la crítica a la política, dando cabida a interpretaciones de preferencia de situaciones tecnocráticas y autoritarias. O el comportamiento judicial, cada vez más guiado por posicionamientos políticos, e instrumentalizado por la derecha.

En este preocupante marco el Gobierno ha presentado el “Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia” (#PlanEspañaPuede) con cuatro líneas directrices de intervención: España verde; España digital; España sin brechas de género; y España cohesionada e inclusiva, y diez políticas palanca de reforma estructural para “un crecimiento[6] sostenible e inclusivo”.

Las dificultades para la imprescindible puesta en marcha del Plan, que debería aunar las voluntades de todas las partes en una situación tan excepcional como la creada por la pandemia del Covid 19, empiezan desde dentro de los sectores conservadores y autoritarios de la propia sociedad española, capaces de sostener en público “que se hunda España que ya la levantaremos nosotros”. Su tradicional consistencia de clase en la defensa de sus intereses específicos, al margen de los intereses generales, les hace tener claro el “todo vale” para la recuperación del poder político, incluida la radicalización de la sociedad española, y la llamada demagógica y populista a los más perjudicados en la búsqueda de soluciones autoritarias.

Desde esta oposición frontal de la derecha a las políticas del Gobierno de coalición, se cuestiona el imprescindible acceso del #PlanEspañaPuede a los fondos europeos para mantener la política expansionista (keynesiana) del sector público, ante una crisis en que el sector privado padece una destrucción en muchos de los sectores económicos que necesita una reconstrucción consistente y sostenible. Su constante referencia a la ausencia de garantías en su recepción, más allá de 4.000 millones de euros ya asegurados como anticipo, frente a los más de 21.000 millones que corresponderían a España para el ejercicio del 2021, poniendo en cuestión que España vaya a cumplir las condiciones exigidas para obtener la mayoría necesaria en el Consejo Europeo, y muy en particular como línea de presión para no modificar la Reforma laboral impuesta por Rajoy a los sindicatos y a toda la sociedad española, o el incremento de impuestos sobre las rentas mayores y los bajos niveles de tributación de las empresas.

Un Plan de transición a un nuevo Modelo exige que efectivamente sea un Plan con su normativa, programas, proyectos concretos, capacidad de gestión, mecanismos de seguimiento, retroalimentación y respuesta. En un país como España, cuando muchas de las transiciones que se incluyen en el Plan corresponden a las Comunidades Autónomas, la colaboración, concertación y coordinación son fundamentales. Y ya hemos visto las dificultades de lograrlo incluso en la respuesta a un gravísimo problema externo como ha sido la pandemia.

A las dificultades de funcionamiento interno en el propio Estado español, se une la realidad de una Comisión y Consejo Europeo no precisamente pacíficos para lograr una Reconstrucción/Transición hacia un nuevo Modelo de desarrollo, ya que la primacía en ellos de las posiciones conservadoras, e incluso en muchos de sus países y sus paralelos miembros en la Comisión de posiciones neoliberales, alentadas y potenciadas por los mensajes de la derecha española. De hecho, ya la Comisión ha propuesto, en el marco de su “European New Green Deal”, y del plan NextGenerationEU, plan de recuperación y de futuro de la UE, dotado con 750.000 millones de euros, en los que encuadrar el plan de inversiones y reformas de cada país de la UE, un sistema de rating o semáforos para conceder los fondos, todavía objeto de discusión/negociación, basado en una serie de condicionantes para los planes de inversiones y reformas que se propongan, que deben:

  1. Incorporar los cambios exigidos por las recomendaciones de la CE.
  2. Avanzar en la transición verde.
  3. Avanzar en la digitalización.
  4. Tener carácter estructural, con transformaciones del plan consistentes y duraderas.
  5. La mejora del potencial de crecimiento del país (nuevamente una referencia al crecimiento en vez de al desarrollo).
  6. La creación de empleo y el aumento de la resiliencia social.
  7. Los costes de las inversiones (sorprende que no se haga referencias mucho más claras a las evaluaciones “ex ante” “intermedias” y “ex post” sobre las que ya hay experiencias y resultados en la aplicación de los Fondos Estructurales de Cohesión Europeos).
  8. Si hay coherencia entre las inversiones y las reformas.
  9. Plan de implementación, incluido el calendario de inversiones, con sus hitos y objetivos.

Por ahora, los criterios de valoración hacen referencia a que cada uno de esos epígrafes se valorará con A, si se cumple en gran medida; B, si lo hace parcialmente; y C, si lo hace de manera escasa o nula. La propuesta actual establece que se denegarán los fondos si se obtiene una C en cualquiera de los puntos, si existen más B que A, y si no se logra una A en las reformas, la transición verde y el impacto estructural.

No debería haber problemas en la filosofía, asumida por el Gobierno de coalición español de que en la transición social y en el sector productivo, se priorice la intervención pública en base a criterios medioambientales (minimizar huella de carbono y huella ecológica) potenciando las actividades bajas en carbono (carbono 0), la economía verde y la agricultura ecológica, la generación de energía renovable, la potenciación del proconsumidor y la energía distribuida, junto a la desmaterialización económica con la política de residuos cero, utilizando las nuevas aportaciones de la ingeniería/economía circular disponible, así como en la potenciación de la digitalización, y en la defensa del empleo y cohesión social.

Es obvio que el verdadero caballo de batalla va a estar, precisamente, en los aspectos asociados a las reformas propuestas en relación con las recomendaciones de la Comisión. Y, en particular, en los fondos que se destinen a empresas sin capacidad de sobrevivir a los efectos de la pandemia de forma coherente con los principios antes señalados, si la transición que se propone se quiere realmente viabilizar.

La crisis financiero-especulativa de 2008 había afectado a un gran número de empresas y autónomos, algunas de las cuales se encontraban en una situación de supervivencia complicada ante las nuevas tendencias que estaba registrando el cambio global, al que hemos hecho referencia en artículos anteriores. La aplicación de las nuevas tecnologías y el auge de la digitalización, con el incremente del peso del telecomercio, la robótica, la relocalización productiva, las plataformas digitales, etc., habían puesto en cuestión la viabilidad de muchas empresas y autónomos (trasformando muchos empleos, además, en falsos autónomas) que la pandemia y los confinamientos han terminado de cuestionar en su totalidad.

Los gobiernos han intervenido en la economía a una escala enorme para mantener vivas a las empresas y autónomos, al margen de esa viabilidad, con el grave peligro de que en la nueva realidad social post-pandemia, algunas empresas y autónomos, a los que debería permitírseles quebrar continúen funcionando e inmovilizando fondos precisos para impulsar el nuevo modelo de Transición.

Obviamente, en estos casos se debe apoyar a los trabajadores, y no a unos puestos de trabajo inviables a medio plazo, con empresas que pueden generar graves problemas de solvencia y que podrían llegar a impulsar a una crisis sobre el sistema bancario, e intervenir de forma más quirúrgica, propiciando la “destrucción creativa schumpeteriana”, lo que exigiría una capacidad de análisis y evaluación de la situación en cada sector y territorio difícil de aplicar, teniendo en cuanta, además, las resistencias territoriales esperables por parte de las correspondientes comunidades autónomas para la aplicación en sus territorios de esta filosofía.

En este marco, el Gobierno de coalición español ha optado por una política social para asegurar que los trabajadores y los menos favorecidos no sufrieran las peores consecuencias, incrementándose todavía en mayor medida las graves desigualdades de la sociedad española. Pero también ha promovido que las empresas mantengan el empleo, financiando con recursos públicos las prestaciones y cotizaciones mientras dure la pandemia, promoviendo moratorias y líneas de liquidez para empresas y autónomos, con el objetivo complementario de reducir los costes que van a implicar para dichas empresas y autónomos las medidas puestas en marcha para combatir la pandemia. Y estas medidas son las que han de ser reevaluadas en el marco del #PlanEspañaPuede, a cuyo análisis dedicaremos el próximo artículo.

Terminamos el artículo como lo comenzábamos. La crisis financiero especulativa de 2008 ha incrementado el malestar de grandes capas sociales por el empeoramiento de sus condiciones de vida, inseguridad laboral, pérdida de expectativas de futuro de los jóvenes o degradación de las condiciones ambientales, salud y bienestar de la mayoría. La relación entre esta situación y el auge de los nacionalismos excluyentes y de las posiciones autoritarias ha sido clara. La pandemia y las medidas adoptadas y que previsiblemente se seguirán necesitando pueden incidir en mayor medida en esta dinámica. Evitarlo debería ser un objetivo de todos.

 

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[1] en total se encuentra que entre 500 millones y 730 millones de personas en todo el mundo han sido infectadas: del 6,4% al 9,3% de la población mundial

[2] https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/sg_policy_brief_on_covid_impact_on_food_security.pdf

[3] OECD Business and Finance Outlook 2020. (https://www.oecd.org/daf/oecd-business-and-finance-outlook-26172577.htm )

[4] http://www.oecd.org/economy/g20-gdp-growth-second-quarter-2020-oecd.htm

[5] http://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.pdf

[6] Desgraciadamente se aprecia que el Ministerio de Economía sigue con su resistencia a la utilización del concepto “desarrollo”, que sería lo correcto en el marco de las líneas directrices que define (una transición ecológica y digital, sin brechas de género y cohesionada e inclusiva)  y sigue refiriéndose a “crecimiento” y su indudable relación con el incremento del PIB y con el mantenimiento del modelo socioeconómico.