La propuesta de reforma laboral presentada por el Ministerio de Trabajo a los agentes sociales, CCOO y UGT por parte sindical, y CEOE y CEPYME por la empresarial, ha suscitado múltiples y lógicas reacciones. Los sindicatos a ven como un punto de partida muy interesante, los empresarios la reciben con una despiadada crítica y hasta la tildan de ideológica y hasta de “marxista”; y el Banco de España viene ya de lejos pidiendo que no se derogue la reforma laboral que hizo el PP en el 2012 con el aval de los empresarios y la bancada conservadora.

Lo cierto es que modificando 12 artículos del Estatuto de los Trabajadores y añadiendo dos nuevas disposiciones adicionales transitorias, se puede decir que la propuesta presentada afecta al núcleo duro de la Ley 3/2012 del PP, que por cierto estos días cumple nueve años.

Se plantea modificar los contratos formativos, los contratos a tiempo parcial y contratos de relevo, la duración de los  contratos, los contratos  fijos  discontinuos, las  modificaciones  sustanciales de las condiciones de trabajo, la subcontratación de obra y servicio, introduce un nuevo artículo sobre los mecanismos de sostenibilidad del empleo, la extinción del contrato, la extinción del contrato por causas objetivas, la forma y efecto del despido disciplinario, la concurrencia de convenios colectivos, el contenido de los  convenios y su vigencia. Además, plantea dos nuevas disposiciones adicionales transitorias sobre la ampliación de las materias vigentes en materia de contratación temporal y vigencia del convenio colectivo.

La propuesta desmonta elementos básicos de la legislación laboral del PP, e introduce la normativa para reducir la temporalidad y la flexibilidad interna de las empresas, para evitar despidos masivos en caso de crisis o de problemas derivados de su actividad. Son cuestiones pactadas con Bruselas dentro del Plan de Recuperación y Resilencia del que dependen los fondos para la recuperación post-COVID.

Sintetizando la propuesta en las cuestiones más relevantes, el Ministerio de Trabajo plantea limitar la temporalidad introduciendo la causalidad en la contratación y utilizando el contrato fijo discontinuo para las campañas estacionales. Eso supone reducir los tipos de contratos temporales actuales y decir adiós a los sucesivos contratos por horas o días que actualmente funcionan. Igualmente se penaliza la contratación temporal irregular, pudiendo llevar a despido nulo la vulneración injustificada de la misma. Se plantea un mecanismo de flexibilidad interna en las empresas como alternativa a los despidos, lo que denomina, “mecanismo de sostenibilidad permanente”, lo que para algunos es “un ERTE permanente”. Se limitan los cambios unilaterales de las condiciones laborales que pueden aplicar las empresas. Se modifican los contratos formativos, limitándolos a tres tipos en función de la formación recibida, con duración de un año y las retribuciones se marcarán por las horas que realicen y el convenio del sector al que corresponda la empresa. Se limita la precariedad de las empresas subcontratadas, al equipararlas a las empresas contratistas. Se recupera la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa en cuanto al salario, la duración de jornada, conciliación y condiciones de trabajo que deben respetarse las pactadas en convenio sectorial. Y, por último, se recupera la ultraactividad en la negociación de los convenios colectivos.

Si como parece, el tiempo para la reforma expira el 31 de diciembre, por compromiso con la UE, el trabajo apremia. Hay muchos temas sobre la mesa y las posiciones están tan distantes que parece imposible un acuerdo.

Este país necesita dejar atrás el modelo laboral del 2012 y dar un impulso al trabajo con derechos, poniendo fin a la desregulación, la precariedad y el continúo deterioro de las condiciones laborales. Está demostrado que el exceso de temporalidad provoca ineficacia y lastra la competitividad de las empresas, impidiendo la cualificación de los trabajadores y su promoción profesional.

El dialogo social es una de los activos más importantes que tenemos, los cinco acuerdos realizados en plena pandemia así lo demuestran. Acordar una reforma laboral es un gran reto que puede servir de revulsivo para recuperar confianza y autoestima de país. Evitar las presiones y desterrar prejuicios es  la mejor ayuda para  que pueda  andar.

Todos sabemos que hay muchos intereses en juego, pero uno debería sobrevolar por encima de todos ellos; recuperar a nuestros jóvenes, castigados por un modelo laboral fracasado y perverso. Se lo debemos y todos estamos obligados a conseguirlo.