El encabezado de este artículo corresponde con el título del extenso informe que la OCDE acaba de publicar sobre la economía informal, donde se destaca que seis de cada diez trabajadores en el mundo operan hoy al margen de la legalidad que marcan los organismos internacionales. La mayoría de ellos en economías en desarrollo y en países emergentes.

Son trabajadores con más probabilidades de caer y perdurar en la pobreza, de tener problemas de salud y de ser presa de la indigencia en la vejez. Un 54% de estos trabajadores informales ganan menos del 50% del salario medio de esos países.

El documento denuncia las dificultades de pasar de esa situación informal a la del trabajador regulado y también las de permanecer en él cuando eso ocurre. La primera razón está en el escaso nivel formativo de la mayoría de esos trabajadores; más del 45% tienen como mucho un nivel educativo equivalente a la enseñanza primaria, cuando entre los trabajadores regulados este porcentaje no llega al 7%. Con esos niveles formativos es casi imposible hablar de productividad, nuevas tecnologías o métodos de competitividad dentro de lo que es una economía abierta.

Otra de las características comunes de estos trabajadores, es la perpetuación de esta actividad en los hijos; que tiene mucho que ver con la poca inversión de los padres en su formación, pues buscan la mínima permanencia en la escuela para incorporarles rápidamente al trabajo, lo cual genera una cronificación de la forma de vida, muy difícil de resolver.

Los desoladores efectos que tiene para los individuos que la practican solo son comparables a los que produce en los países más afectados, pues pierden ingentes cantidades de ingresos que son decisivos para su desarrollo. Según el mismo informe, el 90% de la mano de obra de las economías emergentes están en la economía sumergida.

Hay más: esta actividad no solo condena a la pobreza y al futuro incierto en la vejez. Crea competencia desleal, porque compite con costes laborales más bajos, lo cual puede llevar al cierre de empresas, que están en la legalidad y al despido de sus trabajadores. Además, el Estado no recauda los ingresos que beneficiarían al conjunto de la población, lo que le hace ser una actividad profundamente insolidaria. Aumenta las desigualdades entre trabajadores con condiciones laborales normalizadas y otras muy desfavorables tanto en las jornadas como en los salarios, la seguridad social, la prevención de riesgos y salud laboral, etc. Dificulta medir la actividad económica; al tratarse de una actividad no declarada las estadísticas no recogen los datos de su producción, lo cual imposibilita la planificación económica real del país. Y por supuesto, es una actividad ilícita que beneficia a unos pocos, además de ser un fraude fiscal y laboral que afecta directamente al Estado e indirectamente a la ciudadanía.

Esta actividad no es exclusiva de lejanos países no industrializados y escasamente desarrollados. En la Unión Europea se asume, por las estadísticas oficiales, que hay una media del 14% del PIB que es fruto de estas prácticas, y por supuesto todos los países miembros (27) tienen porcentajes muy dispares, desde Grecia e Italia con casi el 30%, a los nórdicos que no superan el 10%. España ha mejorado en los últimos años y, con las cautelas que cualquiera de estos datos tiene, hemos pasado del 25% en el año 2019 según datos del FMI, al 16`9% en 2021, y el 15% en la actualidad, tras la pandemia y los efectos que esta tuvo en estas actividades.

Según Gestha (técnicos del Ministerio de Hacienda), alrededor de 230.000 millones de euros arrastra esta actividad. Y las diferencias entre Comunidades Autónomas y provincias son muy amplias, mientras Canarias, Castilla la Mancha, Andalucía y Galicia tienen los mayores ratios, Madrid, Cataluña, Asturias y Cantabria, los más bajos.

Lo cierto es que hay sectores con alto grado de economía informal muy conocidos y con prácticas muy arraigadas, como la construcción (gremios y reformas), la hostelería, el transporte, la atención a las personas y el trabajo doméstico, que concentran casi el 90% de esta actividad sin que haya forma de reducir su importancia a pesar de las campañas y llamadas de atención que el Ministerio de Hacienda hace sistemáticamente.

Según investigaciones recientemente publicadas, el Gobierno de España dejará de ingresar, solo de los cuidadores/as que trabajan irregularmente, 1.200 millones de € de los 250.000 trabajadores/as que hacen esta modalidad.

La solución no es fácil, ni para los países emergentes que se asientan en un difícil bucle (tienen a gran parte de la población subsistiendo en estas prácticas lo que les lleva a no poder crecer sin recaudar ingresos y si las regularizan pierden empleo y generan inestabilidad), ni para los países desarrollados a los que les resulta muy difícil controlar las vías de agua por donde se escapan miles de millones de ingresos fiscales y millones de trabajadores/as con condiciones laborales y sociales injustas.

La experiencia de los ERTES en la pandemia, obligando a presentar la documentación actualizada y regularizada de los empleados y balances, para recibir las ayudas, fueron un método muy productivo para las arcas del Estado y para regular actividades informales. De la misma manera que el uso del dinero de plástico es una forma de seguimiento de muchas actividades mercantiles

Pero, además, desde la administración también se pueden impulsar planes formativos para estos trabajadores que aumenten sus oportunidades para regularizar su empleo, reconocer las capacidades adquiridas en esas actividades a la hora de acceder a proyectos de otra índole y, sobre todo, no dejar la labor de concienciación hacia quien la práctica y hacia los usuarios: para que no las alienten con su uso.