En el acuerdo de gobierno entre el PSOE y Sumar, se presta especial atención a continuar “modernizando la administración pública para responder a las necesidades y expectativas de la ciudadanía en relación a unos servicios públicos de calidad, cercanos, accesibles”. Al tiempo que se comprometen a implantar “un nuevo modelo de atención presencial a la ciudadanía sin cita previa obligatoria, garantizando unos horarios flexibles, y asegurando que la digitalización de los trámites administrativos no genere exclusión de colectivos.”

En definitiva, como señalaba el presidente del Gobierno reforzar la apuesta del gobierno por una administración moderna, más ágil, eficiente, que aproveche todas las oportunidades de la digitalización y la Inteligencia Artificial para mejorar la calidad de nuestros servicios públicos.

Esta modernización de los servicios públicos es una de las tareas fundamentales de la labor del gobierno durante los próximos años. Un reto, al que los ciudadanos también dan gran importancia, como se desprende de los datos obtenidos en la encuesta sobre la calidad de los servicios públicos en España, realizada recientemente por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), donde un 85,8 por ciento de los españoles se sitúan entre el 7 y 10 de una escala donde 1 es que no dan ninguna importancia a los servicios públicos en general y 10 es que dan mucha importancia.


O que el 61,3 por ciento de los españoles afirme que habla o discute sobre asuntos relacionados con los servicios públicos que prestan el Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos con mucha o bastante frecuencia. Mientras un 37,8 por ciento señala que lo hace con poca o ninguna frecuencia, según la encuesta del CIS.

Pero ¿Cómo perciben los españoles la calidad de los servicios públicos?

En la encuesta del CIS, ante la pregunta sobre como diría que funcionan los servicios públicos en general, un 45,3 por ciento de los españoles considera que funcionan de manera muy o bastante satisfactoria. Un 43,8 por ciento de forma poco satisfactoria y un 9,1 por ciento nada satisfactoria.


El grado de satisfacción e insatisfacción de los españoles con los servicios públicos no es lineal. Así, los mayores porcentajes de satisfacción se encuentran en los servicios relacionados con la seguridad, ciudadana (protección civil, policía, bomberos…), donde un 72,5 por ciento de los españoles está muy o bastante satisfecho. En los transportes públicos, con un porcentaje de muy o bastantes satisfechos del 58,6 por ciento. En la asistencia en hospitales públicos, con un 53,7 por ciento de satisfacción. Y en la enseñanza pública, con un 51,3 por ciento.

En sentido contrario, los ciudadanos están poco o nada satisfechos con la administración de justicia, un 66,2 por ciento. Con la asistencia en los centros de salud públicos, un 50,3 por ciento. Y con los servicios sociales (atención a personas mayores, inmigrantes, drogodependientes, personas sin hogar…) un 45,3 por ciento.


Dar mejor información y trato a los ciudadanos, reducir el tiempo en resolver gestiones, modernizar las instalaciones de las oficinas de atención al público, profundizar en la profesionalidad del personal, utilizar un lenguaje más comprensible, hacer más sencillos los procedimientos administrativos, posibilitar una mayor participación ciudadana, junto a otros, son retos de España como país.

¿Esto que significa? Que siendo sustancial el compromiso del gobierno para mejorar los servicios públicos, sería importante que la oposición adoptara una actitud constructiva de país, para hacer frente a muchos desafíos que actualmente tienen que llevar a cabo las Comunidades autónomas junto al resto de las administraciones.

Si no lo hacen se tardará más, lo que irá en detrimento de unos españoles a los que representan, pero que saben que cuentan con un gobierno comprometido en mejorar los servicios públicos, porque eso significa mejorar sus vidas.