Que la Unión Europea se fundamenta en los valores de libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los de las minorías, no es un lugar común ni tampoco una entelequia. Es un principio fundacional de nuestra Unión que, además, se entiende en el sentido más amplio de la palabra. Es decir, las instituciones comunitarias consideran que la violación de cualquiera de estos valores en cualquier Estado miembro repercute en los demás, en la confianza mutua entre ellos y en los derechos fundamentales que la Unión confiere a sus ciudadanos.

El pasado jueves, el Parlamento Europeo votó a favor de una resolución que denuncia el riesgo de violación grave de estos derechos en Hungría y Polonia. Puede que el lector piense: “no será para tanto”. Al fin y al cabo estamos ya en 2020 y esto es Europa, luego ¿cómo de grave puede ser el asunto?

Para que se hagan una idea, podemos hablar de una nueva ley polaca (la última) que hace “buena” la Ley Mordaza del PP de 2015. En diciembre, la cámara baja del parlamento polaco aprobó una ley según la cual los jueces pueden ser sancionados, entre otras cosas, no solo por ejecutar una sentencia de un tribunal supranacional como el Tribunal de Justicia de la UE, sino simplemente por dirigir preguntas a una instancia superior. Las consecuencias derivadas de su incumplimiento abarcan desde el relevo hasta la expulsión de la judicatura.

Todo ello decidido por abogados bajo la tutela del Ministerio de Justicia designados por el partido en el gobierno. Otro ejemplo de cómo funcionan las cosas en Polonia son las “zonas declaradas libres de LGTB”. Un macabro intento del gobierno y sus adeptos de marginar todavía más a esta comunidad. En palabras del Sr. Kaczyński, expresidente del país, actual líder de Ley y Justicia (PiS, el partido gobernante) y, para muchos, el verdadero dirigente de Polonia en la sombra: “la ideología LGTB+ es una amenaza importada para la identidad polaca, nuestra nación y, por lo tanto, la existencia misma de nuestro Estado”. Ahí es nada.

Si miramos a Hungría, por otra parte, podemos poner el foco en otra constelación de leyes y medidas adoptadas desde 2010 que, como poco, obligarían al más escéptico a enarcar las cejas. No es por nada que Human Rights Watch ya alertó en 2013 del cariz que estaba tomando la “democracia iliberal” húngara. Dicho de otro manera, reventar la democracia desde dentro a base de debilitarla y menoscabarla poco a poco. Así se explica, por ejemplo, la concentración de más de 400 medios de comunicación en el mayor conglomerado mediático del país (huelga decir que favorable al gobierno) cuya meta es, según su web, fortalecer «la conciencia nacional».

La negativa a respaldar el convenio del Consejo de Europa contra la violencia machista, al considerar que es producto de la «histeria liberal e izquierdista» es otro ejemplo de la deriva húngara, como lo son las detenciones «sistemáticas» de todos los demandantes de asilo que llegan al país -en contra de la normativa europea vigente-. Eso por no mencionar la reforma laboral de 2018 que permite hasta 400 horas extra al año (en la práctica 6 días de trabajo a la semana) a cambio de esperar hasta tres años a que la empresa las pague.

En definitiva, unos “grandes éxitos” del estado de derecho en Polonia y Hungría que han conseguido que 466 eurodiputados de todos los colores políticos, es decir, el Parlamento en bloque, apruebe una resolución nada fácil.

Tanto si consideramos Europa un club como una familia, nunca es plato de buen gusto sacar a relucir las vergüenzas ajenas. No es fácil, pero es necesario porque a muchos, la mayoría, nos importa lo que pasa a nuestros parientes o vecinos. Incomprensiblemente, la delegación del Partido Popular en el Parlamento europeo, encabezada por Dolors Montserrat, se ha desmarcado de esta resolución.

Votando no solo en contra de las directrices del Partido Popular Europeo, sino mano a mano con los miembros más derechisttas, extremistas y ultranacionalistas de la Cámara como son Identidad y Democracia (más conocidos como las huestes de Salvini, Le Pen y el partido alemán AfD), el Grupo de los Conservadores y Reformistas (es decir, VOX, nacionalistas flamencos y miembros del polaco PiS) y “versos sueltos” como los Brexiteers de Nigel Farage. Que su propia familia política se haya situado abrumadoramente a favor de la resolución, a pesar de contar entre sus filas con Fidesz, el partido gobernante en Hungría, dice mucho de la gravedad que reviste el asunto y de la altura de miras que requiere.

Pero eso, al mismo tiempo, también dice mucho de la miopía que afecta al Partido Popular español, cómodamente instalado en el espacio de la extrema derecha, el ultranacionalismo y el conservadurismo más rancio.

Es lamentable que el equipo de Casado-Montserrat haya dejado escapar la oportunidad de sumarse a la mayoría democrática europeísta por motivos incomprensibles (a no ser que su “voxización” sea ya irremediable), seguro, para muchos de sus compañeros políticos. El Parlamento Europeo, en cualquier caso, dejó claro esta semana que la democracia en Polonia y Hungría debe defenderse con más fuerza, porque todos somos polacos/húngaros. O casi todos, por lo visto.

Ver Resolución del Parlamento Europeo de 16 de enero de 2020