INTRODUCCIÓN A LA CRÓNICA DE UNA MUERTE ANUNCIADA

En los Estados Unidos de América, los ciudadanos no eligen a su Presidente, aunque haya elecciones presidenciales. El sistema electoral es muy complejo, arcaico y disfuncional. Ahí radica el principal cimiento estructural de la potencial crisis institucional y fraude electoral en torno a las elecciones presidenciales del 3 de noviembre del 2020. Los Estados Unidos son el único país considerado una democracia consolida gestionada por una Constitución que ya ha cumplido con creces los dos siglos de edad.

A la sazón, los Estados Unidos de América, son la única democracia consolidada de OCDE cuyo Jefe del Estado concurrió a las elecciones presidenciales deslegitimando el procedimiento electoral que regula la misma, por ello, sembrado dudas sobre el resultado. Efectivamente, el Presidente Trump, como puede observarse en cualquier medio de comunicación mundial, ha realizado infinitas afirmaciones sobre el riesgo de fraude electoral en las elecciones presidenciales de 2020, por Twitter, en debates electorales, en declaraciones a la prensa o, incluso, en discursos oficiales, como sucedió en su discurso de aceptación de la nominación del partido republicano a las elecciones presidenciales de 2020. Ello, huelga mencionarlo, sin aportar una prueba creíble y, lo que resulta más sorprendente, sin hacer una sola referencia a la ausencia de acciones por parte de su administración para liderar las reformas que podrían haber evitado dichos riesgos. Ello pese a venir aullando sobre el particular desde la campaña electoral de 2016. Allí ya sembró dudas sobre la falta de fiabilidad del sistema. Como recordará el lector, su victoria electoral no calmó, más bien lo contrario, su falta de fe en el sistema electoral americano. Entonces las señales del fraude para Trump tenían que ver con la negación de que Hillary Clinton hubiera obtenido casi tres millones más de votos populares que su candidatura.

En 2020, para Trump, el fraude supuestamente se ha producido porque no se le ha declarado vencedor en la noche electoral, lo cual, permitiría que se cuenten votos emitidos por correo u otros que le robarían la victoria. Esta música fue tocada por el Presidente en distintos momentos. Sin duda, el momento más sorprendente, el que pasará a la historia, fue su excepcionalísimo discurso en la Casa Blanca en la noche electoral. En él, leyendo en un teleprompter, es decir, sin improvisación, afirmó que había ganado las elecciones y que se quería hacer un fraude a los americanos. Antes de su aparición, en la misma noche electoral, realizó distintos mensajes en el mismo sentido en su canal de propaganda favorito Twitter: “Están intentando ROBAR las elecciones. No dejaremos que lo hagan. ¡No se puede votar después del cierre de las urnas!”. Twitter etiquetó este mensaje del siguiente modo: “este tweet ha sido objetado y pude ser engañoso respecto de cómo participar en una elección”.  Este mensaje es coherente con el goteo de mensajes y declaraciones en el mismo sentido del propio Trump durante toda la campaña. El Fiscal General de los Estados Unidos ya había afirmado, en coro con el Presidente, pese a ser formalmente independiente, que el voto por correo es una fuente de fraude. En la misma línea, como veremos, un magistrado del Tribunal Supremo parafraseó la ilegal lógica de Trump en una opinión emitida en el contexto litigioso de las elecciones y del recuento electoral. A mayor abundamiento, ni durante la campaña, ni durante la jornada posterior a la elección (cuando cerramos este artículo), ningún cargo del partido republicano se ha alejado de la estrategia fraudulenta de Trump pese a que, la normativa aplicable no deja duda de que el recuento del voto por correo puede hacerse después de la jornada electoral. Incluso, en algunos casos, es la propia normativa la que obliga a contar esos votos después de la jornada electoral. Es decir, la supuesta razón de Trump para clamar la existencia de fraude es contraria a la legalidad vigente al derecho y a revés.

En este artículo estudiaremos los elementos estructurales, constitucionales y sociopolíticos que hacen hoy (un día después de la noche electoral) de los Estados Unidos un país en vías de involución constitucional. Un país que, tras cuatro años de administración Trump, ha perdido cualquier legitimidad de decidir quien es y quien no una democracia consolidada. Un país en la que la mitad de su sistema de partidos de gobierno, el Partido Republicano, ha negado, de palabra y de obra, los elementos básicos de la Democracia en América tal y como ellos construyeron en la mejor tradición de su decimosexto presidente, Abraham Lincoln.  Por último, desarrollando lo apuntado en nuestro artículo del numero 311 en Temas, expondremos los escenarios y los hechos que muestran los escenarios de fraude electoral con los que pueden estar soñando Trump y sus acólitos.

LA BASE CONSTITUCIONAL DEL PROBLEMA

Frente a lo que ocurre en la mayoría de los sistemas presidenciales del mundo, los americanos no eligen su Presidente en unas elecciones directas con una única circunscripción electoral nacional, ya sea a una o dos vueltas. Los americanos que tienen derecho a votar, y que son muchos menos de los que votan en otros países (alrededor del 55%), votan en una circunscripción estatal para elegir un número de representantes de su Estado (California, Dakota del Sur, Delaware u Oklahoma). Estos, se reúnen en el denominado Colegio Electoral, en Washington D.C., y ahí es donde se elige formal y legalmente al Presidente.

El número de representantes de cada Estado en ese Colegio Electoral es, por virtud del artículo 2 de la Constitución, el equivalente al numero de senadores y representantes en las dos cámaras de ese Estado en el Congreso de los Estados Unidos. Esto introduce otro elemento de tensión con el flujo demográfico y socioeconómico del país por infrarrepresentar a los estados más poblados. Todos los Estados tiene dos senadores en el Senado por mandato constitucional, pero, en la Cámara de Representantes sí existe la posibilidad de modular el número de representantes a la población. Pese a ello, desde la Permanent Apportionment Act de 1929, donde se fijó el número de representantes en 435, dicho número no se ha adaptado al crecimiento demográfico, perjudicando al partido demócrata. Esto introduce otro elemento de tensión institucional y de presión del partido republicano para no perder el poder en 2020.

Esta fórmula fue fruto de los recelos de los padres fundadores con la democracia representativa y el sufragio directo. Para evitar las sorpresas de una elección directa, pensaron que no había nada mejor que ubicar unos “intermediarios” que se parecieran a los padres fundadores. El pretexto histórico fue la eventual falta de conocimiento de los candidatos debido a las limitadas vías de comunicación existentes en 1787, año de la génesis constitucional que nos ocupa. Así, los electores -“intermediarios”- del colegio electoral podían y pueden votar por un candidato distinto al elegido por los ciudadanos. Sin ir más lejos, en el año 2016 hubo 7 electores que no votaron ni a Trump ni a Clinton. La otra gran sorpresa desconocida a muchos niveles, con gran impacto según las teorías del fraude electoral, es que la Constitución no requiere la mediación de elecciones para elegir a estos electores del Colegio Electoral, por el contrario, otorga a los estados total libertad para nombrarlos. Así el predicho artículo 2, en su sección 1, en su segundo apartado, reza: “Cada Estado nombrará, del modo que su legislatura disponga, un número de electores igual al total de los senadores y representantes a que el Estado tenga derecho en el Congreso.” Ni hay obligación constitucional de realizar elecciones, ni hay formalmente una elección nacional stricto sensu para elegir al Presidente. Hay un cúmulo de regulaciones y elecciones estatales que eligen a unos electores.

El segundo recelo sobre el que se construyó el sistema de gobierno y de elección era el de los pequeños estados frente a los grandes. Ello provocó la introducción de una criba mayoritaria, en el Gobierno (léase composición paritaria del Senado) y en la elección presidencial. El Colegio Electoral facilitaba no realizar una elección presidencial sino tantas como estados hubiera en la Unión. Por ello, en lugar de haber una criba nacional mayoritaria, porque únicamente se celebra una discriminación nacional en una única circunscripción nacional (como ocurre en todo sistema presidencial con la lógica de the winner takes all o the first past the post), hay 50 discriminaciones con sesgo mayoritario, una por cada estado (51 si contamos los 3 electores de Washington D. C.).

Fruto de esta realidad, Hillary Clinton ganó las elecciones de 2016 a Donald Trump por 2.868.686 votos, pero Donald Trump, con 306 electores en el Colegio Electoral, ganó a Hillary Clinton con 232 electores. Esto se produjo por la sencilla razón de que Trump ganó en muchos estados pequeños y con menor población, en algunos por muy poco margen de votos. Por el contrario, Hillary Clinton ganó solamente en 18 estados entre los que, con la excepción de Texas, se encontraban los estados más poblados, con las ciudades más grandes y por mucha más diferencia, como en California o el estado de Nueva York. Hay muchas formas de resumir el sesgo del sistema electoral americano, una gráfica sería señalar que después de que 120 millones de votos fueran emitidos en las elecciones de 2016, Donald Trump ganó a Hillary Clinton porque sacó 77.745 votos más que ella en 3 estados clave que ganó: Michigan, Pensilvania y Wisconsin. Esto hizo intranscendente electoralmente el hecho de que ella obtuviera 2.868.686 millones de votos más en todo el país.  Para contextualizar el drama demócrata, conviene recordar que Wisconsin no había votado a un candidato republicano desde 1984, mientras, por su parte, tanto Pensilvania como Michigan no habían votado por un candidato republicano desde que votaron por George H.W. Bush padre en 1988. Por ello, la forma más sencilla y probable de victoria electoral para Biden es devolver los tres estados del lado Demócrata, eso sí, sin perder el resto de los estados ganados por los demócratas en 2016. Como un segundo escenario, incluso si no consiguiera ganar Pensilvania, le bastaría con la victoria de Arizona y del segundo distrito de Nebraska. Pese a ello, no creo que Biden pierda Pensilvania, simplemente porque el Secretario de Estado del estado, como responsable de la elección, ha indicado que faltan por contar más de un millón de votos emitidos por correo. Estos votos por correo han sido mayoritariamente demócratas en todos los estados, porque Trump pidió a los suyos que votaran en persona (para colaborar en su estrategia de fraude), porque el voto sociocultural alto vota siempre más por correo y, simplemente, porque sigue las recomendaciones sanitarias a la hora de votar y a la hora de vivir.

LA VIEJA DIVERSIDAD ELECTORAL Y LA NUEVA DIVERSIDAD DEMOGRÁFICA

Los Padres Fundadores, siguiendo la lógica constitucional apuntada, dejaron en el ámbito de los estados la regulación de todos los procesos electorales, incluido el que posibilita la elección del Presidente. Esto se justificó y justifica porque lo que formalmente se elige en las elecciones presidenciales no es al Presidente, no al Jefe del Estado, es a unos delegados estatales que, en principio, deben elegir al presidente al que los ciudadanos creen votar. El resultado del ejercicio de este poder electoral surgió y se desarrolló a lo largo de la historia, con un objetivo, a saber: mantener el derecho al sufragio activo y pasivo del hombre blanco cristiano. Como veremos, la evolución de la universalización del voto ha sido muy lenta y todavía está lejos de completarse.

El otro elemento paradigmático del sistema es la inmensa diversidad regulatoria entre estados, desde las papeletas, hasta el voto por correo, pasando por las cabinas y ciertamente sobre el conjunto de cosas que se votan haciendo las papeletas interminables. Como seguramente recordará el lector, esta realidad prehistórica alcanzó su máximo apogeo en las escandalosas técnicas utilizadas en el estado de Florida en 2000, provocando el famoso caos del asunto Gore vs. Bush. El caos fue tal que el Tribunal Supremo, de mayoría conservadora, tuvo que intervenir dando la razón a la campaña de George W. Bush y provocando el definitivo reconocimiento de la derrota por parte de Gore. Este asunto puso de manifiesto el diseño sistemático de técnicas fraudulentas en las papeletas y en el sistema de votación creadas para favorecer a Bush frente a Gore, de muestra vale un botón: las papeletas mariposa. Dichas técnicas se diseñaron desde el Estado de la Florida, donde curiosamente era Gobernador Jeb Bush, a la sazón hermano del candidato republicano favorecido por la maquinaria fraudulenta, George W. Bush (entonces Gobernador de Texas). Ambos, como es sabido, hijos del expresidente George H. W. Bush.

La elección del 2000 no es la primera vez que una elección llegó al borde de la Crisis Constitucional por no poder elegir a un Presidente, en tiempo y forma, por causa de la disputa electoral. En la elección Presidencial de 1876, el republicano Rutherford B. Hayes perdió en votos contra el Demócrata Samuel J. Tilden, pero reclamó la victoria en el Colegio Electoral. La crisis se resolvió con el denominado “Compromiso de 1877” por el cual los demócratas concedieron la victoria en la elección a Hayes a cambio de poner fin a la “Reconstrucción” y conseguir la retirada de las tropas federales del Sur. Este acuerdo deshonró  el legado de Lincoln, traicionando a los republicanos negros que volvieron a ser privados del derecho al voto en todos los estados del sur. Dicha inercia no cambió en lo estructural hasta que Lyndon B. Johnson consiguió aprobar el Civil Rights Act en 1964. Tras la firma presidencial del Act se atribuye a Johnson la frase: “Creo que acabamos de entregar el Sur al Partido Republicano durante mucho tiempo”. El mapa electoral desde entonces no le ha desmentido significativamente, debido, entre otras, a los muchos condicionantes constitucionales del sistema electoral y de gobierno. Sin embargo, la puerta puede salir de sus goznes por la evolución demográfica y sociocultural del país. Esta, efectivamente, junto con el efecto boomerang negativo de Trump, puede dar alguna sorpresa impensable también en el sur en estas elecciones. Más pronto que tarde incluso Texas votará a algún Presidente Demócrata.

Efectivamente, el desarrollo demográfico y sociopolítico del país ha provocado que, desde hace cincuenta años, solamente en una ocasión el candidato republicano haya ganado las elecciones presidenciales en votos electorales y populares. Esta excepción la realizó George W. Bush en su reelección. Dicho hecho se produjo por el punto de inflexión del 9/11 que dio al Presidente una popularidad sin parangón del 90% gracias a la estrategia diseñada por el Vicepresidente Dick Cheney: de “la caza de Bin Laden” a “las armas de destrucción masiva”, pasando por la foto de Azores y la guerra de Iraq. Desde las elecciones de 2016, el número de votantes blancos sin formación universitaria -la base de Trump- se ha reducido en más de cinco millones. Por el contrario, 13 millones se han sumado a una bolsa mayoritariamente demócrata en el mismo período: blancos universitarios y minorías raciales y étnicas (afroamericanos, latinos, etc.). Si miramos los estados clave, la vuelta a la tortilla posible supera con mucho los 77.745 votos que dieron la victoria a Trump en Michigan, Pensilvania y Wisconsin.

LOS ESCENARIOS ELECTORALES Y LOS DE LA CRISIS CONSTITUCIONAL

De todo lo dicho, y cerrando este artículo el día después de las elecciones, se colige que un primer escenario electoral en 2020, aunque muy improbable por el giro de Arizona del lado demócrata después de 24 años, podría todavía ser otra victoria electoral de Trump, perdiendo nuevamente en número de votos populares, como en 2016. Esto tendría un impacto en la movilización de la mayoría progresista sin precedentes en favor de la reforma constitucional para el cambio del sistema de elección y el reequilibrio hacia la proporcionalidad del gobierno. Se ha de tener en cuenta que el ticket Biden-Harris ha conseguido el mayor número de votos de la historia para una candidatura, superando los 70 millones de votos. Al mismo tiempo, siendo motivo de reflexión en un libro más que en un artículo, Trump ha conseguido 6 millones más de votos de los que consiguió en 2016, superando los 67 millones de votos. Aquí, se hace necesario que la élite intelectual y académica haga autocrítica por volver a desconocer la naturaleza de la mitad de los votantes americanos. No es cierto que se votó a Trump en 2016 porque no se le conocía. Ahora no hay duda de que cuanto más se le ha conocido más se le ha votado. Tampoco hay duda de que una gran parte de los votos de Biden se deben a un voto negativo a Trump.

Un segundo escenario posible sería una victoria Demócrata, en votos populares y electorales, sin reconocimiento por parte de Trump. Esta segunda parte del escenario ha sido confirmada por Trump en la noche electoral. El Presidente, todavía en ejercicio, acudiría a los tribunales -como ya está haciendo su campaña- denunciando irregularidades y concretamente la validez del voto por correo en estados claves. Aquí nos podríamos encontrar en un escenario como en Gore vs. Bush, una decisión de una mayoría conservadora del Tribunal Supremo favoreciendo la causa de Trump.  El hecho de que 3 de sus 9 magistrados hayan sido nombrados por Trump empeoraría la situación respecto al antecedente de 2016.

En primer lugar, porque los nombramientos de Trump en el Tribunal Supremo han sido contestados radicalmente por la mayoría social y política demócrata. El nombramiento de Gorsuch, por ser fruto de un año de bloqueo al candidato de Obama, Garland, a quien la mayoría Republicana se negó a considerar al candidato durante 293 días con la excusa de ser año electoral. El nombramiento de Kavanaugh, fue discutido, entre otros, por haber sido acusado el candidato de acoso sexual y haber formado parte de los equipos de defensa republicanos como abogado, entre otros asuntos en el mencionado Gore vs. Bush. Por último, Barrett ha sido discutida, también procedimentalmente, por haber sido nombrada a escasos días de las elecciones, habiendo los Republicanos cambiado el precedente que crearon para no considerar siquiera al candidato de Obama por la excusa de que durante un año electoral había que esperar a que los ciudadanos eligieran a un nuevo Presidente. Aquí cabe destacar que los dos senadores republicanos artífices de esta operación han sido reelegidos con claridad, aunque dijeran digo donde dijeron Diego sin pestañear, o quizá precisamente por hacerlo, dado que toda victoria frente al enemigo demócrata suma, se haga como se haga. Hablamos de Lindsey Graham, en Carolina de Sur, el actual Chairman of the Senate Committee on the Judiciary, y Mitchell McConnell Jr., de Kentucky, el actual líder de la mayoría del Senado. Ellos son la punta del iceberg del grupo de senadores que han sido reelegidos por no haberse apartado de Trump ni un milímetro, pese a haber tenido en contra la mayor inversión de dinero (proveniente de millonarios liberales de California y Nueva York) contra sus candidaturas.

En segundo lugar, los excesos de la administración Trump y de los republicanos han hecho aflorar las deficiencias constitucionales de los nombramientos vitalicios del Tribunal Supremo, por el mero hecho de que la legitimidad democrática derivada queda debilitada por la lógica mayoritaria de las elecciones del Colegio Electoral y del Senado. Los tres últimos nombramientos del Supremo fueron realizados por un Presidente elegido con 3 millones menos de votos que su oponente, y ratificados por un Senado de mayoría conservadora (53 sobre 100), pese a tener millones menos de votos que la minoría electoral demócrata (47 sobre 100). Hay que recordar que esta realidad no es nueva por los motivos explicados. Según Nathan Nicholson, investigador de FairVote, “los 46 miembros del caucus demócrata en el 114º Congreso recibieron un total de 67,8 millones de votos para ganar sus escaños, mientras que los 54 miembros del caucus republicano recibieron 47,1 millones de votos”.

En este contexto, la mayoría conservadora del Supremo está apoyando decisiones que dificultan o impiden (depende del marco estatal discutido) el cómputo del voto emitido legalmente por correo, básicamente porque avala la imposición estatal de fechas límites que impedirán que los votos por correo lleguen a tiempo, aunque fueran enviados en tiempo y forma. Esto es particularmente sorprendente en un año en el que, debido al COVID, se ha incrementado exponencialmente el voto por correo o anticipado (en 2020 se estima que 101,9 millones de personas han votado por correo, o anticipadamente). El hecho de que las indicaciones sanitarias recomienden evitar las aglomeraciones -en los colegios electorales también-, claramente ofrecía y ofrece elementos para una interpretación flexible respecto a los plazos en los que se puede recibir y realizar cómputo del voto por correo, ello por mor a preservar efectivamente el derecho al sufragio activo y la salud. Si el sobre que contiene el voto por correo tiene un matasellos oficial de la oficina pública de correos, y la fecha es previa a lo establecido legalmente en el estado (que normalmente es la de las elecciones), el voto debería ser computado, punto. El votante no puede ser responsable de los retrasos de correos, ni en circunstancias normales, ni en circunstancias excepcionales como la del COVID, donde la salud está en riesgo.

Los magistrados elegidos por Trump, además, han permitido que se introduzca en la más alta instancia judicial la música del fraude electoral que está tocando el Presidente Trump. En concreto, el Magistrado Kavanaugh escribió, en un voto particular concurrente a la mayoría conservadora, que las fechas límite al voto por correo se diseñaron “para evitar el caos y las sospechas de irregularidades que pueden producirse si fluyen miles de votos por correo después del día de las elecciones y que potencialmente pueden cambiar los resultados de una elección”. Aquí hacemos nuestra la respuesta del voto disidente de la Magistrada Kagan, quién afirmó, con todo el criterio constitucional, que el voto por correo no cambia ni da la vuelta al resultado electoral, sencillamente porque no hay resultado electoral hasta que se computan todos los votos, incluidos ciertamente los emitidos legalmente por correo postal. El hecho de que Trump repita insistentemente que tendría que proclamarse sí o sí un ganador en la noche electoral, es nuevamente, jugar a ser el Nerón de la Constitución y la democracia americana.

El tercer escenario, aunque parezca difícil, es todavía más peligroso, pero, como sabemos un día después de las elecciones, es más que probable. Esta situación requiere que el resultado de las elecciones presidenciales dependa de uno o dos estados claves, como ocurrió en el año 2000 con Florida. En este contexto, la campaña de Trump inundaría a las administraciones electorales de estos estados con recursos y recuentos interminables, recurriendo principalmente la validez del voto por correo y, subsidiariamente, del presencial. Con ello, evitarían que haya un recuento definitivo que haga posible la declaración de vencedor en un periodo razonable de tiempo. Ante esta tesitura, dado que el nombramiento presidencial tiene fechas tasadas, sería necesario resolver la situación por una vía alternativa.  Aquí, las dos cámaras legislativas de los estados discutidos, de mayoría republicana, elegirían a unos electores del Colegio Electoral favorables a Trump, sustituyendo el voto popular por voto fraudulento o “recuento inconcluso”. Barton Gellman, en la prestigiosa revista The Atlantic, ha afirmado que el Presidente de Partido Republicano en Pensilvania reconoció “on the record” haber discutido sobre esta posibilidad con la campaña de Trump. Es un secreto a voces que las dos campañas pensaban que Pensilvania podría ser la Florida de esta elección. De muestra valga un repaso al número de actos de campaña realizados en dicho estado. De hecho, se puede afirmar que Biden, dejando nuevamente dudas sobre si era el candidato más energético del partido demócrata para esta batalla, solamente ha hecho una campaña significativa en Pensilvania.

Por otro lado, debemos recordar que, en el caso de Florida de 2000, las dos cámaras del Estado, dominadas por mayorías republicanas, estuvieron a punto de realizar sendas votaciones para seleccionar electores a favor de George W. Bush marginando el voto popular. De hecho, la votación había sido aprobada en las comisiones parlamentarias pertinentes en ambas cámaras y se dirigía hacia el pleno de las cámaras. Como sabemos, la campaña de Al Gore, sitiada por esta operación a nivel parlamentario estatal, y por la sentencia mencionada del Tribunal Supremo, decidió tirar la toalla, aunque tenía opciones de seguir luchando. Dicha actitud no fue comprendida entonces por muchos demócratas. Hoy, un día después de las elecciones del 3 de noviembre de 2020, podemos decir que dicha generosidad no ha sido honrada por el partido republicano. Hoy por hoy, el único camino de redención del partido republicano empieza por no apoyar la estrategia de Trump de deslegitimar el resultado de las elecciones si, como parece, el voto por correo dará finalmente la victoria definitivita a Biden en Pensilvania y, por extensión, en las elecciones.

En definitiva, cuando el Presidente Trump afirmó en su discurso de aceptación de la nominación republicana que solamente podía perder la elección si había fraude electoral, no hablaba a humo de pajas. Podríamos decir que los americanos tienen y tendrán lo que han votado. También podríamos simplificar la ecuación atribuyendo los problemas únicamente al partido Republicano, a la administración Trump o, en última instancia, simplemente a Trump. Pero, como hemos visto, la situación actual no se hubiera dado si los cimientos constitucionales del sistema electoral y del gobierno americano no tuvieran más de dos siglos. Tampoco si la mayoría de la élite intelectual y académica americana no se limitara a buscar las soluciones a sus limitaciones constitucionales de forma autárquica. Hay mucho conocimiento constitucional en el mundo, pero hay muy poca transferencia del mismo hacia el laboratorio constitucional de los Estados Unidos. Ello es así, principalmente, porque los líderes americanos en condiciones de influir en los distintos ámbitos están muy poco internacionalizados. De hecho, baste con ver las carreras de los magistrados del Tribunal Supremo.  Hay vida, incluso hay vida inteligente, fuera del constitucionalismo americano. También hay mucha necesidad de superar las limitaciones centenarias del constitucionalismo americano, particularmente si no se quiere que la única América en crecimiento -demográfico, cultural e ideológico – se aleje del patriotismo constitucional de las barras y estrellas.  Esperemos que no sea necesaria una crisis constitucional para que los americanos comiencen a ganar el futuro. Para ello, deben encontrar la fórmula constitucional para que su sistema de gobierno esté, al menos, designado por la mayoría de los ciudadanos.