El Estado de Derecho se funda, además de en la garantía de los derechos individuales, en el respeto de las competencias de los órganos de ese mismo Estado, competencias que ha diseñado y repartido la Constitución. Un Estado donde las competencias de cada órgano se ven mediatizadas y hasta neutralizadas por la acción de poderes de facto que pretenden suplantar a esos órganos, es un Estado de Derecho mermado. En España empieza a ocurrir que los órganos legítimos que representan a la soberanía nacional (las Cortes y, tras el otorgamiento de la confianza por parte de éstas, el Gobierno) ven obstaculizada su acción por poderes ocultos que manejan quienes se prevalen de las potestades que les ha otorgado el ordenamiento para desviarse de sus fines y lanzarse a la lucha política, siempre contra el Gobierno y contra la mayoría parlamentaria legítima. Las vicisitudes que está atravesando la tramitación de la proposición de ley de amnistía es un ejemplo de cómo ciertos poderes, que deberían estar fuera de la política se lanzan a la labor opositora. No es la primera vez que ocurre con el Gobierno del Presidente Sánchez, pues en diciembre de 2022 pudimos ver cómo el Tribunal Constitucional, presidido entonces por un activista de la derecha, intentó impedir la acción del Parlamento (véase Javier García Fernández: “La desestabilización constitucional de España”, El País, 19 de diciembre de 2022).

La reunión de los Fiscales de Sala, es decir, los Fiscales del Tribunal Supremo (la máxima categoría del Ministerio Fiscal), para debatir la imputación a Carles Puigdemont por terrorismo, es un ejemplo de cómo empiezan a confundirse los planos del Estado y de cómo los poderes ocultos quieren coartar la potestad legislativa del Parlamento. En apoyo de un Magistrado -que lleva algún tiempo en una guerra de guerrillas contra la futura amnistía- la mayoría de la Junta de Fiscales de Sala, reunida el pasado 6 de febrero, llegó a la conclusión de que existen indicios para imputar al ex Presidente fugado por terrorismo. Ya es sospechosa la coincidencia con García Castellón en la operación de hacer inviable la amnistía, pero el tema va más allá de la amnistía.

La rebelión de los independentistas de septiembre y octubre de 2017 desembocó, como es sabido, en un largo juicio contra los dirigentes separatistas no fugados, juicio precedido por un exhaustivo sumario a cargo de un Magistrado del Tribunal Supremo. El juicio se celebró en el Tribunal Supremo y se saldó con largas condenas por un delito de sedición en concurso con malversación, de sedición a secas o de desobediencia. El trabajo del instructor del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, no encontró trabas y tras indagar en la conducta de los imputados (Junqueras, Romeva, Turull, Forcadell, etc.) les acusó de los delitos por los que fueron condenados posteriormente. ¿Por qué el Magistrado Llarena no acusó de terrorismo y la Sala Segunda del Tribunal Supremo no condenó a Junqueras y demás imputados por un delito de terrorismo? Nada impedía añadir al delito de sedición el de terrorismo o calificarlo de esta manera sin sedición, pero ni el instructor ni el Tribunal juzgador (que era, vuelvo a decirlo, el Tribunal Supremo) advirtieron indicios de terrorismo. Entonces, ¿por qué al cabo de SIETE AÑOS algún Juez estrella y algunos funcionarios del Ministerio Fiscal descubren el delito de terrorismo? ¿Acaso fue muy diferente la conducta de Puigdemont de la de Junqueras o de la de Romeva?

Si una conducta similar fue considerada sedición en 2019 y en 2024 se tipifica como terrorismo debemos pensar que algo ha ocurrido. ¿Quizá ha cambiado el Código Penal? No ha cambiado. Luego hay que pensar que el delito de terrorismo, que se han sacado de la manga algunos Jueces y que apoyan con entusiasmo algunos Fiscales, se inscribe en una operación política, conectada con la presión del Partido Popular para impedir la amnistía y lograr que fracase el Gobierno de Sánchez.

Añadamos otra consideración. Que una Junta de Fiscales de Sala entre en política como lo hizo el 7 de febrero da qué pensar. Quizás la legislación, que busca el garantismo, esté otorgando demasiado poder a unos funcionarios que, como se está viendo desde hace algún tiempo, se salen del deber de neutralidad política y del principio de jerarquía y entran de lleno en operaciones políticas, siempre en oposición al Gobierno. La legislación de la democracia olvidó que los Jueces (que no el Poder Judicial, que no existía) y los Fiscales fueron un instrumento de represión del franquismo y nos damos cuenta de que ciertos hábitos, ciertas prácticas, perviven a lo largo del tiempo. Un Poder Judicial y un Ministerio Fiscal con derivaciones políticas resquebraja el Estado de Derecho, mucho más que una ley de amnistía, que es constitucional porque la Constitución no la prohíbe.