A lo largo del mes febrero del presente año se va a aprobar el aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2023, tal y como anunció hace unos días el Presidente del Gobierno en su comparecencia en el Pleno del Senado para explicar las medidas económicas aprobadas para afrontar las consecuencias de la guerra de Ucrania.

El Gobierno de coalición ha establecido un SMI de 1080 euros mensuales por catorce pagas con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2023, lo que supone un incremento del 8%.

Esta subida supondrá una importante mejora de los salarios de muchas familias y permitirá a millones de personas trabajadoras aminorar la pérdida de poder adquisitivo que se ha generado durante el año 2022 debida, fundamentalmente, a la guerra de Rusia contra Ucrania, a la escasez de suministro de energía, al repunte de los precios y a la inflación que está provocando.

El objetivo es reducir la desigualdad salarial y los niveles de pobreza que se han instalado en nuestro país, principalmente en los colectivos más vulnerables, jóvenes y mujeres, ya que la mayoría de los perceptores del SMI son mujeres; y trabajadores más precarios; incluso beneficiará a los que cobran un subsidio, y a pensionistas.

Muchas personas trabajadoras, de forma directa o indirecta, percibirán como sus condiciones de vida mejoran, ya que el efecto de este incremento influirá en el proceso de negociación colectiva de los sectores y empresas.

Esta decisión la ha tomado el Gobierno con acuerdo de las organizaciones sindicales más representativas, UGT y CCOO, y los partidos de izquierdas tras escuchar la opinión de expertos. Los partidos de derechas en la oposición como el Partido Popular y Ciudadanos, desgraciadamente se han autoexcluido y lo mismo ha sucedido con las organizaciones empresariales CEOE-CEPYME, situación que difiere de la mantenida hasta ahora, ya que la firma de acuerdos a través del Diálogo Social Tripartito en los últimos años ha sido el sistema utilizado.

Los principios del establecimiento del SMI se basan en garantizar a los trabajadores y trabajadoras una renta que les permitiera satisfacer sus necesidades de manera adecuada. Un SMI digno es una de las columnas para el desarrollo de una política socialdemócrata de mejora del estado del bienestar, para luchar contra la pobreza a través de mayor protección social, potenciando la redistribución de la renta y la reducción de las diferencias salariales.

El Convenio número 26 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por España en 1929, protege este derecho de las personas trabajadoras. La OIT recoge diferentes documentos e investigaciones sobre los efectos positivos de las subidas de los salarios mínimos.

En nuestro país, según la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV), publicada en Junio de 2022, en 2021 (teniendo en cuenta los ingresos de 2020) el porcentaje de población con ingresos por debajo del umbral de riesgo de pobreza (tasa de riesgo de pobreza) se situó en el 21,7% de la población residente en España, frente al 21,0% del año anterior. Por grupo de edad, la tasa de riesgo de pobreza aumentó 1,1 puntos para los menores de 16 años y 1,2 puntos para el grupo de edad de 16 a 64 años.

En la misma línea, la Encuesta de Población Activa (EPA), refleja que un 31,7% de los y las menores de 24 años cobra el salario mínimo, el 19,2% para las personas trabajadoras de entre 25 y 34 años, el 12% para las de entre 35 y 44 años, el 11,3% para los que tienen entre 45 y 55, y baja al 10,3% para los de 55 y más años.

Por tanto, es necesario el desarrollo de políticas públicas en nuestro país como medida de justicia social y de igualdad destinadas a mejorar las rentas de las personas trabajadoras. De esta manera se producirán efectos positivos sobre la actividad económica a través del impulso de la demanda. Medidas para mantener y crear empleo, el control de los márgenes empresariales, mejoras fiscales y de protección social para las personas vulnerables, son algunas de ellas.

La Carta Social Europea (CSE), ratificada por España en 1980, dispone que la cuantía del salario mínimo sea el 60% del salario medio de cada país. En 2023 nos acercamos al cumplimiento de este objetivo, tal y como el presidente del Gobierno comprometió al inicio de la legislatura.

Desde que en el 2019, entrara a gobernar el Gobierno de coalición y diera comienzo la XIV legislatura, el incremento del SMI ha sido una constante. De 735 € a 900 €/mes en el año 2019, hasta llegar al actual en este 2023 de 1080 €, en cinco años se ha incrementado 345 €.

En nuestra legislación, el SMI está recogido en el artículo 27 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. que atribuye al Gobierno la potestad para fijar su cuantía, teniendo en cuenta: el índice de precios al consumo, la productividad y la participación del trabajo en la renta nacional y la coyuntura económica general. Sus fines principales son proteger el poder de compra de la población trabajadora de bajos ingresos y reducir la pobreza y las desigualdades en el trabajo.

En el informe de la OCDE sobre “Perspectivas de Empleo para 2022”, España es el segundo país, de los treinta y ocho estados miembros, donde los salarios están experimentando una mayor pérdida de poder adquisitivo, por los bajos incrementos que se están registrando en los pocos convenios pactados frente al gran incremento de la inflación. Este organismo propone ampliar los salarios mínimos para contener la pérdida de poder adquisitivo y fortalecer la negociación colectiva.

Por ello, junto al desarrollo de políticas públicas como el incremento del SMI, se hace necesario renovar el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), que fijará los incrementos salariales en las empresas. Los negociadores del mismo, patronal y sindicatos, vienen manteniendo reuniones, para intentar alcanzar un V Acuerdo Interconfederal de Negociación Colectiva, en el que se incluyan las directrices que deben regir en los convenios colectivos de trabajadores y trabajadoras en los próximos dos o tres años. En estos acuerdos se recogen las recomendaciones salariales y el resto de condiciones laborales que habrán de incorporarse en los convenios para el próximo periodo. Las propuestas remunerativas están siendo el eje de las negociaciones, máxime en la actual situación de elevada inflación que atraviesa la economía. La clase trabajadora necesita este acuerdo con urgencia.

Ante esta situación, CCOO y UGT, desde el mes de junio vienen desarrollando una campaña por todo el país bajo el lema “Salario o conflicto”. Se rechaza que la devaluación salarial sea la salida a la crisis, y exigen a las patronales el desbloqueo de la negociación colectiva y el reinicio de la negociación, de no ser así, se incrementará el conflicto y se realizarán movilizaciones para garantizar el poder adquisitivo de los salarios, fijar compromisos para controlar la evolución de los márgenes empresariales, y por tanto, mejorar el estado de bienestar de la clase trabajadora.

En definitiva, el Gobierno de coalición está cumpliendo sus compromisos dirigiendo esfuerzos a mejorar la calidad de vida de los trabajadores y las trabajadoras, lo demuestran sus acciones. La Reforma Laboral y la disminución de la temporalidad que ha supuesto especialmente para los jóvenes y las mujeres, a pesar del difícil contexto económico. Ahora la subida del SMI, mediante la cual la clase trabajadora de este país podrá mantener su estado de bienestar. Esperemos que la Patronal española esté a la altura de las circunstancias, negociando el próximo AENC con una subida salarial acorde a la actual situación, que mejore las condiciones laborales y reparta de una manera más justa de los beneficios empresariales.