En las últimas semanas han tenido un fuerte eco mediático hechos de especial trascendencia: el triunfo de Jair Bolsonaro en Brasil, la reiterada y lamentable actitud de Trump ante el fenómeno de la inmigración, las serias diferencias de Bruselas con los Presupuestos Generales presentados por Italia y, finalmente, el sonoro y último fracaso electoral de los partidos mayoritarios alemanes (CSU y sobre todo SPD) en Baviera. Sin lugar a dudas, estos hechos representan sólo algunos ejemplos recientes y significativos del auge de los populismos, de los nacionalismos exacerbados y de la extrema derecha en el mundo.

A pesar de la actual situación, nada resulta especialmente nuevo. En términos históricos es fácil recordar populismos semejantes y execrables, así como lamentables reacciones viscerales contra la inmigración. A lo que hay que sumar en la actualidad  las consecuencias de la reciente crisis económica y, lo que es más grave, de la nefasta gestión para combatirla: políticas radicales de austeridad que dejaron profundas secuelas (fuertes desigualdades, pobreza y exclusión social). El 15-M, si bien denunció estas políticas y significó un fuerte revulsivo en sus comienzos, fue paulatinamente dirigiéndose en su mayoría hacia la expresión política de  Podemos y, posteriormente, diluyéndose en diversos movimientos emergentes y redes sociales.

Lo más lamentable de todo es que la socialdemocracia (salvo contadas ocasiones) no ha combatido estas políticas ni efectuado la necesaria autocrítica y, lo que es más importante, tampoco ha ofrecido alternativas reales para resolver los problemas derivados de la perniciosa crisis económica. Por lo tanto, no resulta extraña la evolución negativa de la situación social y el preocupante aumento de los populismos y de la derecha extrema. Lo peor de todo es que  los problemas enumerados pueden empeorar, si nadie lo remedia, sobre todo si las fuerzas progresistas no dan finalmente una respuesta contundente a la actual situación.

En la actualidad existe un consenso generalizado en que a ello ha contribuido de manera muy decisiva los graves excesos de la globalización, la desregulación de los mercados y de una economía fuertemente especulativa. Pero también la fuerte crisis de la socialdemocracia (desde comienzos de los ochenta), la aplicación radical de las políticas neoliberales y, más en concreto, la fuerte corrupción utilizando los resortes del poder; el fraude fiscal y la economía sumergida; las fuertes e injustificadas desgravaciones fiscales; y las dificultades para acometer una justa y necesaria reforma fiscal en profundidad. Efectivamente, los serios problemas que nos aquejan se han visto agravados por el descontrol del gasto público y la tremenda corrupción (particularmente en torno al PP), como se ha vuelto a poner de manifiesto en las bochornosas y escandalosas grabaciones efectuadas (y cobradas de alguna manera) por el ex Comisario de policía nacional José Manuel Villarejo a la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal.

El Informe del BBVA y del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), del que se han hecho eco la mayoría de los medios de comunicación (Los costos económicos del déficit de calidad institucional y la corrupción en España), calcula el costo de la corrupción en unos 10.000 millones de euros anuales; o, lo que es lo mismo, 16 puntos porcentuales del PIB en 15 años (El País. 31.10.2018). Se trata de algo más de un punto del PIB al año en una etapa marcada por problemas muy graves y relevantes: desempleo, precariedad, desprotección social, deterioro de los servicios públicos, desarme fiscal y problemas medio ambientales, lo que agrava considerablemente la situación. Resulta muy difícil explicar y comprender que esto pueda pasar en un país europeo y en una democracia formal consolidada.

El fraude fiscal y la economía sumergida son otros dos asuntos especialmente relevantes que se solapan y autoalimentan en estos momentos. Según Gestha, Funcas y diversos estudios publicados, el fraude fiscal y la economía sumergida en España superan de largo el 20% del PIB, lo que ayuda a comprender que España tenga unos ingresos fiscales considerablemente más bajos que la media de los países de la UE. A pesar de estos datos, especialmente negativos, el número de trabajadores de la Agencia Tributaria dedicados a perseguir el fraude es, contradictoriamente, muy pequeño en relación con los países más avanzados de la UE. A todo ello hay que añadir el desplome del Impuesto de Sociedades de las grandes empresas y el injusto aumento de los impuestos indirectos sobre los directos: por ejemplo, los presidentes y consejeros delegados de los bancos y grandes empresas pagan por el IVA lo mismo que sus trabajadores con salarios más bajos.

Otros asuntos relevantes que requieren decisiones políticas de calado se refieren al impuesto de patrimonio, sucesiones y donaciones, desgravaciones fiscales de todo tipo, las SICAV, los impuestos verdes, el impuesto a las transferencias financieras, el impuesto a la banca, la tasa Google y, por otra parte, las cuotas de los empresarios a la Seguridad Social. Por eso llama profundamente la atención que no se hayan tomado medidas políticas en los últimos años encaminadas a abordar una  reforma fiscal integral, sobre todo cuando los ingresos fiscales están claramente por debajo de la media de la eurozona (el 7,2% del PIB: próximos a 75.000 millones de euros); con el agravante de que arrastramos retrocesos en la recaudación fiscal: por ejemplo, en el año 2016 bajó la presión fiscal (34,1% del PIB) en relación al año 2015 (34,5%).

En definitiva, la reforma fiscal es urgente y necesaria y su propósito debe estar encaminado a garantizar el aumento de los ingresos y el reparto de la riqueza: que paguen más los que más tienen y que mejore la eficacia de la lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida, al margen de trabajar por erradicar los paraísos fiscales, recuperar impuestos y crear otros nuevos, entre ellos el que garantice la sostenibilidad de la Seguridad Social y, por lo tanto, de nuestras pensiones.

De los puntos enumerados se puede deducir que el papel de la política fiscal es determinante como motor del crecimiento económico y de la generación de empleo y representa, junto a los servicios públicos (sanidad, educación y servicios sociales) y la protección social (pensiones, dependencia y prestación por desempleo), la principal herramienta para lograr una redistribución justa y equitativa de la riqueza que haga, además, sostenible el Estado de Bienestar Social. Por eso, no nos debe extrañar que la política fiscal sea uno de los puntos fundamentales de la confrontación política y social. En todo caso, sin una política fiscal justa y progresista no podemos hablar de una democracia de calidad y menos de crear empleo decente y con derechos, de aumentar el gasto social, mejorar nuestros servicios públicos y planificar un nuevo modelo productivo más competitivo en un mundo digital y globalizado.

En la actualidad esto no es nada fácil. La relación de fuerzas en el parlamento hace muy difícil emprender este monumental problema, a pesar del Acuerdo alcanzado recientemente entre el PSOE y Podemos. Sin embargo, los dos partidos deben ser conscientes de que abordar una reforma fiscal en profundidad es una prioridad en el debate político y, por lo tanto, deben asumir, en este sentido, un compromiso serio en esta materia, a sabiendas de que la derecha reaccionará en contra de una reforma integral y progresista que redistribuya la riqueza de una manera más justa y equitativa. Como se ha puesto nuevamente de manifiesto por el secretario de economía y empleo del PP, Alberto Nadal (El País. 07.11.2018): En un país como España (…) se debe incidir en reducir tanto el IRPF como las cotizaciones sociales.

Efectivamente, la alternativa de la derecha, consistente en denostar las ideologías, negar la explotación y la lucha de clases, bajar impuestos y apostar por los impuestos indirectos- en detrimento de los directos- no es eficaz ni es justa y, además, resulta poco creíble, sobre todo cuando España debe corregir todavía el déficit público y pagar la fuerte deuda que nos atenaza (eso explica que con Rajoy la deuda haya aumentado en 400.000 millones de euros hasta alcanzar en la actualidad el 98% del PIB). Por eso, los partidos progresistas deben desenmascarar a la derecha y no temer ningún hipotético costo electoral por abordar a fondo la problemática fiscal. Los países nórdicos han demostrado, sobradamente, y a través de los años, que se pueden ganar unas elecciones con un programa fiscal suficiente, eficiente y más justo. Sólo faltan partidos valientes que hagan pedagogía y lo expliquen y defiendan a todos los niveles.

En este sentido, las próximas elecciones previstas en Andalucía y, posteriormente, en ayuntamientos, CCAA y en la UE, deben servir, entre otras cosas, para que los electores conozcan las alternativas de las diversas opciones políticas y puedan obrar en consecuencia. En concreto, y al margen de la reforma constitucional, deben conocer a fondo la posición de los partidos políticos sobre las tres grandes reformas pendientes. La primera consiste en derogar la reforma laboral (a pesar de la relación de fuerzas y de la ministra Calviño)- como ha escrito, con mucha razón, Joaquín Estefanía (El País. 04.11. 2018)-, con el propósito de reducir la escandalosa precariedad, combatir la devaluación salarial, propiciar el protagonismo de los interlocutores sociales y potenciar la negociación colectiva (sobre todo los convenios sectoriales). La segunda debe abordar la reforma de los servicios básicos y de las administraciones públicas, para luchar contra la corrupción, potenciar los organismos de control del gasto y hacer más transparente y eficaz la contratación pública a todos los niveles. La tercera se refiere a la mencionada y urgente reforma fiscal, que debe incrementar los ingresos y defender una política fiscal progresista- hacia la armonización con la UE-, decidida a luchar contra el fraude, la economía sumergida, los paraísos fiscales y la evasión fiscal. Un reto de proporciones mayúsculas que sólo pueden emprender los que creen en ello y  tienen voluntad política para conseguirlo: los partidos de izquierda, los sindicatos y los ciudadanos conscientes y movilizados.