La convalidación de los decretos del gobierno que incrementan las pensiones (0,9%) y las retribuciones de los empleados públicos (2%) ha sido ampliamente aprobada en el Parlamento. Sin embargo, ha sido el Acuerdo para aumentar el SMI (950 euros) lo más relevante por el hecho de haberlo gestionado una ministra de Trabajo que proviene de Unidas Podemos (UP) y firmado en La Moncloa por el presidente del gobierno y los interlocutores sociales. Sobre todo se ha destacado la firma de la CEOE y de CEPYME- después de sus duras declaraciones contra el incremento del SMI por encima del IPC previsto para este año-, por su estrecha relación histórica con la derecha (PP). A nadie se le oculta que un acuerdo de estas características reporta beneficios para el gobierno actual, pero también, y de manera destacada, para los más vulnerables, como lo ha reconocido, incluso, el presidente del PP Pablo Casado. Por eso, han resultado sorprendentes e incomprensibles las declaraciones- sin ningún rigor ni fundamento- de Fernández Vara en relación con los efectos negativos del SMI en las zonas rurales.

En todo caso, no debemos olvidar que el problema más preocupante y urgente de nuestro país sigue siendo el desempleo y la precariedad, lo que se debería tener en cuenta a la hora de elaborar los PGE-2020. Eso justifica que los sindicatos insistan en que el gobierno elabore urgentemente un Plan de Choque por el Empleo ante las altas cifras de desempleo y de precariedad de nuestro mercado de trabajo confirmadas por la EPA del IV trimestre de 2019, los últimos datos de afiliación a la Seguridad Social y el registro del paro del mes de diciembre. Según la última EPA del pasado año el total de trabajadores desempleados alcanza a 3.191.900 personas (el 13,78% y el 30,5% en los jóvenes menores de 25 años), lo que confirma plenamente, a pesar de la severidad de estos porcentajes, la senda de crecimiento moderado de la ocupación en el pasado año (402.300 personas empleadas más que al finalizar el año 2.018: un 2,06%). Sin embargo, el empleo generado contempla altos índices de precariedad: la tasa de temporalidad alcanza el 26,1%, el trabajo a tiempo parcial indeseado se consolida (51%), la prolongación de la jornada muchas veces no se paga, se deteriora la salud en el trabajo y los contratos a cero horas resultan intolerables. Por otra parte, son destacables las altas cifras del paro de muy larga duración (el 30% de los desempleados llevan más de dos años buscando empleo) y la tasa de cobertura del desempleo que, a pesar de su mejoría, sigue siendo insuficiente (62,4% de media a lo largo de 2.019) para paliar la situación de muchos desempleados.

Estos preocupantes datos exigen soluciones audaces para resolver este tremendo problema que nos sitúa a la cabeza, junto a Grecia, de la UE. Hasta ahora la derecha se ha limitado a defender que el crecimiento de la economía es la única alternativa para crear empleo, a pesar de que se ha demostrado que resulta claramente insuficiente. A la izquierda se le exige, lógicamente, mucho más: alternativas y políticas diferentes capaces de avanzar en la resolución de un problema que condiciona el presente y el futuro de los jóvenes e, incluso, nuestro propio Estado de Bienestar Social. La primera medida a tener en cuenta es que hay que cambiar a medio plazo nuestro modelo de crecimiento (que aborde el cambio climático y el medio ambiente) y nuestro modelo productivo (industria, digitalización y conocimiento), al margen de dimensionar las plantillas de las pequeñas empresas. En España, el desempleo en las CCAA industrializadas se sitúa por debajo del 10% (P. Vasco, Navarra y La Rioja); sin embargo, en las CCAA, con muy escaso tejido industrial, el desempleo se sitúa en torno al 20% (Extremadura, Andalucía y Canarias). Por lo tanto, es imprescindible que la política industrial en nuestro país alcance el 20% del PIB y conviva con el turismo, la agricultura y los servicios, con el propósito de alcanzar un alto grado de diversificación de la economía en todas las CCAA, incluidas las agrarias (industria agroalimentaria). Esta será también la mejor alternativa para consolidar los asentamientos de población y atraer a nuevas personas a la España del interior, a la España mesetaria y profunda, lo que evitará que la España rural se vacíe definitivamente.

En segundo lugar, el gobierno debe revisar a fondo las actuales políticas activas de empleo: las bonificaciones a la contratación (3.700 millones de euros de difícil justificación), la cuantía de la inversión (aumento de los ingresos fiscales) y, sobre todo, lo relacionado con la formación y la cualificación profesional (teórica- práctica). En tercer lugar, hay que elaborar un diagnóstico certero en torno a las oficinas públicas de empleo. Las oficinas públicas son muy eficaces para registrar a los trabajadores desempleados y gestionar la prestación por desempleo. En cambio, fracasan en su tarea de intermediación en el mercado de trabajo (sólo lo hicieron en el 2,1% de las contrataciones del año 2018) y arrastran en esta práctica a las empresas de trabajo temporal (ETT)- intermediaron en el 3,9% de las contrataciones del mismo año-, a los interlocutores sociales e, incluso, a la Inspección de Trabajo en sus diversas competencias.

En todo caso, las empresas de trabajo temporal deberían de asumir un mayor protagonismo en los contratos de corta duración (por horas y días) y, sobre todo, en la información, orientación, selección, formación e intermediación en el mercado de trabajo, lo que requerirá, entre otras cosas, superar el intrusismo profesional y su actual atomización (en estos momentos están registradas 257 ETT y sólo 4 de ellas copan el 70% de la actividad) y, en último término, contar con una legislación garantista que facilite el cumplimiento de sus fines y la estrecha relación y colaboración con los servicios públicos de empleo. Por otra parte, y esto es muy poco conocido, las ETT sólo administran el 20% de la contratación temporal siendo el 80%- 4 de cada 5 contratos temporales- gestionado directamente por empresas y gestorías. En la Unión Europea, donde las ETT tienen una mayor incidencia en la gestión de la contratación temporal, las tasas de temporalidad son mucho más bajas (la mitad que en España). Según Alberto Pérez García (The Adecco Group España), es un hecho constatable que la gestión ordenada de la temporalidad por las ETT, además de ser una garantía para los trabajadores y empresarios contribuye directamente a eliminar la temporalidad abusiva, incontrolada y al margen de la ley.

En cuarto lugar, es absolutamente necesario reformar a fondo la actual legislación laboral. Las últimas reformas laborales se aprobaron con la única misión (no declarada) de devaluar los salarios. Una vez superado lo peor de la crisis hay que afrontar sin demora la derogación de las reformas laborales (a pesar del Banco de España) para superar sus profundas secuelas: desigualdad, pobreza y exclusión social. Esto justifica plenamente la reivindicación sostenida de los sindicatos de derogar las dos últimas reformas laborales y descalifica “las dificultades técnicas existentes” para proceder a dicha derogación como ha argumentado la ministra de Trabajo. Debemos recordar que el PSOE no tuvo dificultades técnicas para reformar la legislación laboral y, posteriormente, tampoco las tuvo el PP de Mariano Rajoy para imponer la gran reforma laboral del año 2.012 que tanto perjudicó a trabajadores y sindicatos. En definitiva, se observan dificultades técnicas para legislar a favor de los trabajadores pero no para perjudicarlos como se hizo en periodo de crisis…

En quinto lugar, hay que explorar a fondo el capítulo relacionado con los nuevos yacimientos de empleo capaces de generar muchos puestos de trabajo: empleos sociales (dependencia), medio ambientales (verdes), educativos (0 a 3 años), restauración de edificios, limpieza de bosques, digitales… En sexto lugar, hay que poner en valor el trabajo que desarrolla la Inspección de Trabajo en el cumplimiento de la legislación laboral y la lucha contra la economía sumergida dimensionando fuertemente sus plantillas y dotándolas de los medios técnicos necesarios. Por último, y en séptimo lugar, los interlocutores sociales deben abordar, a través de la negociación colectiva, el reparto del trabajo existente (jornada de trabajo) y el impulso a trabajos de calidad y con derechos, lo que redundará en mejores salarios, un mayor consumo interno y como consecuencia en la mejora del empleo y del mercado de trabajo.

En definitiva, las políticas encaminadas a crear empleo, a combatir la precariedad de nuestro mercado de trabajo y a superar las desigualdades están llamadas a ser muy relevantes en esta legislatura. En este marco, también los ciudadanos, y sobre todo las personas más vulnerables, deberían resolver sus problemas aplicando a fondo las políticas socialdemócratas. Sin duda, estas políticas son el mejor antídoto contra las derechas ultramontanas y representan, dialécticamente hablando, un considerable freno a los partidos independentistas de Catalunya en su afán desmedido por convocar unilateralmente un referéndum de autodeterminación hacia una república independiente.