Introducción. 50 años de la Declaración de Naciones Unidas de Estocolmo
El 16 de junio de este año 2022 se conmemoran los 50 años de Declaración de Estocolmo sobre el Medio Humano, realizada en la Conferencia de Naciones Unidas celebrada en 1972 (la Cumbre de la Tierra), cuyo objetivo inicial era sensibilizar a los líderes mundiales sobre la magnitud de los problemas ambientales, muy influenciados los países desarrollados porque el 22 de abril de 1970, 20 millones de norteamericanos, fundamentalmente estudiantes, se manifestaron para defender un ambiente saludable y sostenible, incidiendo en la creación de la Environmental Protection Agency (Agencia de Protección Ambiental) en EEUU, y en el establecimiento de una serie de leyes destinadas a la protección del medio ambiente en aquel país (aire, agua, conservación de especies en peligro de extinción) que, poco a poco, irían generalizándose, con mayor o menor incidencia, en el resto del mundo.
Pero una Conferencia impulsada por criterios ambientales, pronto se vio obligada a considerar también la problemática de la pobreza y la desnutrición en el mundo, y a reconvertir parte de sus planteamientos iniciales, ante la presión de los países menos desarrollados, hacia una visión más interdependiente del hombre y la naturaleza. Como consecuencia, el bienestar empezó a considerarse y valorarse con un carácter multidimensional, señalando que, junto a un determinado nivel de renta que asegure la supervivencia personal, tienen importancia aspectos no económicos como la presión sobre los recursos y la biodiversidad, la desigualdad de oportunidades, o la sostenibilidad ambiental a largo plazo. Posición que terminaría de materializarse en la asunción del concepto de desarrollo sostenible, cuyo origen se sitúa en el conocido como Informe Brundtland (ONU 1987[1]).
En esta línea, el 25 de septiembre de 2015 se aprobaba la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible –“Transformar el Mundo”[2]-, por parte de los representantes de 193 países, que reflejaba, según la propia declaración de la Cumbre de Naciones Unidas, las preocupaciones mundiales por lograr un “desarrollo sostenible que permita a cada generación satisfacer sus necesidades sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer las suyas propias, a la vez que se respeta el equilibrio y la integridad del ecosistema de la Tierra”. Se trataba de “avanzar en el bienestar, salud, educación, igualdad, la economía y el medio ambiente de todos los países y habitantes del planeta, sustentándose su realización en la inteligencia, la inversión y la cooperación entre todas las partes interesadas, incluida la sociedad civil, los gobiernos y el sector privado”.
Para ello, los países firmantes asumían el compromiso de promover el avance hacia los 17 ODS (Figura 1) y sus 169 Metas asociadas para el 2030, buscando un avance hacia la modificación de “los patrones de producción, de comercialización y de consumo por otros más sostenibles ecológicamente, menos excluyentes en lo social y que, por lo tanto, permitan equiparar oportunidades para toda la población mundial”.
Naciones Unidas era consciente de que el logro de estos ODS exigía un cambio radical en la evolución tendencial –“business as usual” (BAU)- de la sociedad, exigiendo cambios muy importantes en la economía y en los intereses que la sustentan; siendo necesario que todos los países desarrollaran actuaciones colectivas concertadas en temas de interrelación global, como reducir las emisiones de gases efecto invernadero, para frenar el calentamiento global, erradicar los paraísos fiscales, frenar la sobreexplotación de los recursos naturales y la pérdida de biodiversidad, colaborar en la paz, etc.
Con ocasión de la celebración de los 50 años de la señalada Cumbre de la Tierra, en Estocolmo, se ha publicado el Informe de Desarrollo Sostenible 2022[3], que muestra, en primer lugar, que por segundo año consecutivo, el mundo no avanza en la consecución de sus 17 ODS y 169 Metas asociadas, aunque las diferencias entre países siguen siendo numerosas y crecientes, siendo los países más pobres y vulnerables los que registran una peor evolución.
Las causas del retroceso están claras y han sido reiteradas en esta Sección: superposición de los efectos de la invasión de Ucrania (y del resto de conflictos militares menos considerados en los media) a los efectos derivados de las medidas adoptadas para combatir la Covid-19, y a las consecuencias, todavía remanentes en materia de desigualdad y desequilibrios globales, de la crisis financiero-especulativa iniciada en 2008.
En todo caso, el aumento de la pobreza por los procesos inflacionistas, el incremento de la inseguridad alimentaria, las restricciones en el acceso a la energía, y las crisis climáticas y de biodiversidad y servicios de los ecosistemas, amplifican el impacto de estas crisis, con consecuencias claras en una mayor inseguridad, incertidumbre y fragilidad socioeconómica, que se extiende también al aspecto sanitario y a la generación de procesos de malestar, desequilibrio político y social, y graves tensiones migratorias, cuyas consecuencias políticas apreciamos reiteradamente en la evolución de la radicalización, de la extrema derecha y del autoritarismo en el conjunto del planeta.
En los dos artículos anteriores de esta Sección poníamos el acento en la relegación de las políticas de protección de la naturaleza en el actual marco de fuertes turbulencias derivadas de las sucesivas crisis globales que están azotando al planeta, que, tras la invasión de Ucrania, tienen efectos acumulativos sobre un mundo en cambio global, con la inmensa mayoría de la población sufriendo unas consecuencias gravemente negativas.
Y así también se señala en el Informe citado sobre los ODS de 2022, que muestra que está claro que estas crisis múltiples y simultáneas han desviado la atención y las prioridades políticas de los objetivos a mediano y largo plazo, como los ODS y el Acuerdo Climático de París, produciéndose un cambio de enfoque hacia cuestiones a corto plazo que amenaza con desacelerar -o incluso estancar- la adopción de planes nacionales e internacionales ambiciosos y creíbles, y también reduce la financiación internacional disponible para el desarrollo sostenible.[4]
El avance hacia la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de la Agenda 2030 (Transformar el Mundo) en España, en el marco de una nueva crisis global
Para ver el grado de avance hacia la consecución de los 17 ODS se definen Indicadores cuantitativos diversos por parte de distintos organismos[5] (incluidos EUROSTAT[6] y el INE[7]), en primer lugar, para contrastar hasta qué punto se produce un avance real en el cumplimiento de los ODS y las Metas definidas (a nivel global el seguimiento se produce en el Foro Político de Alto Nivel de la ONU, que se reúne anualmente y lo hará también en julio de este año); y, en segundo lugar, para que una vez los resultados de la medida de esos Indicadores sea pública y transparente, la población informada sobre el grado en que sus respectivos Gobiernos cumplen los compromisos asumidos, puedan, en su caso, presionarlos, o promover cambios en los mismos si los resultados son socialmente insatisfactorios.
Como es obvio, la definición que se haga de los Indicadores que se utilizan para medir el grado de logro de las distintas 169 Metas, condicionan los resultados y valoraciones correspondientes. Y no siempre se pueden considerar adecuados algunos de los Indicadores que se van utilizando, ya que mediatizan la verdadera evolución sobre algunos objetivos sociales y ambientales, por, implícitamente, valorar positivamente la tendencia del modelo de desarrollo actual, claramente insostenible a medio-largo plazo.
En las comparaciones internacionales, de las que son referencia fundamental los trabajos de Sachs, J.D. et alt. (los últimos de los cuales han sido publicados por Cambridge University Press[8]), en general se discuten sus limitaciones metodológicas (en cada informe hay adaptaciones metodológicas), la diferente fiabilidad de los datos de cada país, y la lejana y heterogénea fecha de referencia en estos. Situación que, aunque con mejoras significativas en algunos casos, se ha ido repitiendo hasta 2022, último año con Informe publicado.
Una referencia a los Indicadores utilizados y a su variable fecha de referencia se aprecia en la Figura 2, que recoge los resultados de estas evaluaciones de 2022 para España (Cambridge University Press, 2022[9]).
Como apreciamos, algunos Indicadores se refieren a valores correspondientes a 2015 (3 de los 110) y son escasos los que reflejan datos de 2021 (9 indicadores) o 2022 (4 indicadores), lo que limita fuertemente su utilidad para el diagnóstico actual, aunque sí pueda servir de referencia comparativa internacional, o para valorar tendencias en la evolución histórica de cada país, aunque con limitaciones.
Atendiendo a la doble consideración de la puntuación obtenida y de los Esfuerzos de los Gobiernos para mejorar el grado de consecución de los ODS, la posición de España queda en una situación claramente positiva, tal y como se aprecia en la Figura 3 siguiente, valorando positivamente los esfuerzos del Gobierno de coalición al respecto:
Valoración que es notablemente negativa, sin embargo, en la relativa alta incidencia de España en la generación de efectos internacionales negativos, con efectos indirectos socioeconómicos y ambientales, a través de cadenas de suministro y comercio insostenibles; en particular, a través del consumo no sostenible (ODS 12) y de las importaciones de productos de alto contenido en carbono, con respecto al conjunto de los efectos de los países considerados “ricos”. Así, España presenta un Índice de 66,9, frente al 70,7 de los países miembros de la OCDE (mayores valores implican menores efectos negativos). La autosuficiencia energética y en materias primas, así como una mayor incidencia en la producción y autoconsumo local, serían tareas claramente pendientes para este país, al igual que en el conjunto de los países considerados “ricos”
Atendiendo a los datos disponibles para España en el conjunto de Informes publicados por las fuentes señaladas en el Cuadro 1 siguiente, sobre la evolución internacional del logro de los 17 ODS en España, muestra que se ha ido evolucionando positivamente en su valoración (country score) y posicionamiento global relativo (posición decimosexta, de 163 países, en 2022). Aunque hay que recordar que los Indicadores, las metodologías, el número de países evaluados y las formas de discriminación de los niveles de logro de ODS definidos, han ido cambiando en el tiempo, por lo que la evolución sólo es válida en términos de aproximación; y sólo en la medida en la que los Indicadores utilizados se consideren representativos del avance hacia los ODS, aspecto en algunos casos cuestionable.
Como apreciamos, la posición más conflictiva la sigue manteniendo España en el avance en los ODS 2 (Hambre cero), ODS 8 (Trabajo decente y crecimiento económico), ODS 13 (Acción por el clima) y ODS 15 (Vida de los ecosistemas terrestres).
Con respecto al ODS 2, la mala valoración se centra, fundamentalmente, en el desarrollo de una agricultura y alimentación poco sostenible, lo que le une a la mala valoración en los señalados ODS 13 (mala valoración de emisiones por uso de combustibles fósiles y producción de cemento per cápita y emisiones asociadas a las importaciones del país per cápita) y ODS 15 (niveles de protección de espacios naturales, biodiversidad y aguas en buen estado como sustento de los ecosistemas)[10].
Con respecto al ODS 8, su mala valoración se debe a que consideran tanto el crecimiento del PIB, como los jóvenes “sin empleo, trabajo o formación, en 2020, como Indicadores muy negativos. Aspectos parcialmente compensados en 2021, sobre todo, hasta la actualidad, en lo que se refiere al empleo, que es uno de los claros éxitos de las políticas del Gobierno de coalición.
Por otro lado, hay que destacar lo cuestionable del papel del crecimiento económico medido a través del crecimiento del PIB (o del PIB per cápita), que mantienen en el ODS 8, como Indicador significativo del desarrollo, ya que este crecimiento –entre otros aspectos- ha venido acompañado, en las últimas décadas, por un fuertísimo crecimiento de las rentas más altas, incrementando desproporcionadamente las desigualdades de ingresos y patrimonios, tal y como hemos tenido ocasión de constatar en esta Sección, y se recoge explícitamente en la baja valoración de España en el ODS 10, que hace referencia a la desigualdad en los países y entre estos.
Por otro lado, hay que señalar que el turismo, una actividad fundamental en un país como España, sólo aparece implícitamente en dicho ODS 8, a través de ese crecimiento del PIB, sin ningún Indicador adicional para el mismo; ni tampoco en el ODS 12 (que se creen puestos de trabajo y se promueva la cultura y los productos locales) ni en el ODS 14 (aumentar los beneficios económicos que se obtienen del uso sostenible de los recursos marinos, en particular mediante la gestión sostenible). Aunque, implícitamente, sus resultados sí inciden negativamente en los efectos externos sobre otros países y en la falta de sostenibilidad sobre uso del territorio y los señalados ODS asociados a la biodiversidad y los ecosistemas.
Con respecto al ODS 10, de las 7 Metas y tres Líneas de acción que incluye la Agenda 2030 en este ODS, cuatro Metas y las tres Líneas de acción se centran en los países en desarrollo o más desfavorecidos. No obstante, la Meta 10.1. incide en incrementar los ingresos de la población más pobre por encima de la media nacional; la 10.3. en garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de resultados; y la 10.4. en adoptar políticas, especialmente fiscales, salariales y de protección social, que permitan lograr progresivamente una mayor igualdad.
Y, en ese sentido, el análisis del alineamiento de los Presupuestos Generales del Estado con los respectivos ODS[11], señala que estos se centran, fundamentalmente, en el avance hacia el ODS 1 (pobreza e integración social) y en el ODS 10, en línea con la importancia dada a las medidas que refuerzan el sistema de protección e inclusión social, entre las que se pueden destacar la revalorización de las pensiones, el fortalecimiento de la economía de los cuidados y la protección de los colectivos más vulnerables de la sociedad, la mejora de los servicios públicos esenciales (garantizando su acceso a todos), la financiación del ingreso mínimo vital, o las actuaciones dirigidas a proteger a los trabajadores ante riesgos de exclusión del mercado laboral. De hecho, en su conjunto, los ODS ligados a la cohesión social se alinean con del orden del 60% de los fondos presupuestarios para 2022.
Pero el Informe analizado, tal y como se aprecia en la Figura 2, sólo incorpora tres Indicadores para este ODS 10: El coeficiente de GINI, en el que la valoración es relativamente positiva; la ratio del Informe Palma sobre Educación, en que la valoración es negativa; y el porcentaje de pobreza en la población mayor de 65 años, en el que la valoración vuelve a ser relativamente positiva[12].
En la actualidad, el avance en el logro de los ODS viene condicionado por los efectos asociados a la pandemia del Covid-19 y a la invasión de Ucrania, lo que ha hecho incrementar en importancia el ODS 3 y los señalados ODS ligados a la cohesión social. Pero también viene condicionado, tanto por las crecientes tensiones socioeconómicas (fragilidad e inestabilidad global, unida al riesgo de estancamiento con inflación presente en EEUU y del que será difícil excluir a la UE), lo que hace incidir en los ODS asociados a la dinámica económica y a la cohesión social, como por las crecientes tensiones geopolíticas (conflictos bélicos y sus consecuencias), lo que incide en el ODS 16, con tendencias claramente negativas y preocupantes.
El Pacto Verde Europeo, de 2019, y las actuaciones normativas y de inversión derivadas de la irrupción de la Covid-19 (NextGenerationEU) y de los Presupuestos Europeos 2021-2027, así como la sucesión de medidas derivadas de la reacción a los efectos de la invasión de Ucrania, son las piedras angulares para la implementación de los ODS en Europa y para conseguir avanzar en el logro de la Agenda 2030. Pero ya hemos visto en anteriores artículos de esta Sección, que los mismos no implican un avance suficiente en desvincular el progreso socioeconómico de sus impactos negativos sobre el clima y la biodiversidad, ni en lo relativo a las consecuencias de los efectos externos -ambientales y socioeconómicos- del desarrollo europeo sobre otros países de los que se importan bienes y servicios con alto contenido en carbono.
El Marco Financiero Plurianual, el NextGenerationEU y el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), con su aplicación en cada país a través de los Planes Nacionales de Recuperación y Resiliencia (PNRR), proporcionarían capacidad financiera y reformas para acelerar la transformación de la UE durante el período 2021-2027, con sus objetivos de “guiar y construir una Europa más sostenible, resiliente y más justa para la próxima generación”, en línea con los ODS de las Naciones Unidas. Y, en España, en concreto, son el ODS 9 (inversión en industria, innovación e infraestructuras), junto con el ODS 8 (trabajo y crecimiento económico) y el ODS 7 (energía) –y, en menor medida el ODS 10 (reducción desigualdades)- los objetivos fundamentalmente económicos que constituyen el bloque central de mayores efectos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Español, si bien hay que destacar la incidencia también significativa sobre el ODS 13 (cambio climático) y el ODS 11 (asentamientos y ciudades).
Pero las últimas Medidas de urgencia (Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania. RDL 6/2022, aprobado el 28 de abril de 2022 en el Congreso) para combatir los efectos del incremento de la inflación y la dependencia energética y en materias primas -en línea con las medidas puestas en marcha por la UE- priman lo coyuntural sobre los necesarios cambios estructurales; y relativizan la prioridad del objetivo de transición ecológica y la lucha contra el cambio climático (que presenta riesgos muy graves para España a medio/largo plazo), corrigiendo de forma no discriminada la incidencia de los precios energéticos sobre una demanda de combustibles fósiles que debería reducirse. Y vuelve a ser necesario destacar la escasa incidencia relativa sobre los objetivos ligados a transformar los sistemas alimentarios (ODS 2) y sobre los objetivos de biodiversidad (ODS 14 y ODS 15). De hecho, los fondos presupuestarios para 2022 previstos, específicamente, a lo que podríamos encuadrar dentro de los objetivos ambientales (ODS 13, 14 y 15, en términos de Objetivos de Desarrollo Sostenible) han quedado reducidos a del orden del 4,5% del total, comprometiendo el alcance de los objetivos a medio-largo plazo en biodiversidad, protección de ecosistemas y lucha contra el calentamiento global.
La resiliencia socioeconómica y la capacidad de adaptación a los efectos de la continuación de la Crisis Global asociada a estos procesos exigen tener en cuenta los principales retos que se presentan para el período 2022-2030, así como las principales tendencias globales que condicionarán necesariamente el devenir de la sociedad española. El “desarrollo sostenible” y el avance en el logro de los 17 ODS y sus 169 Metas, que son los objetivos teóricamente prioritarios estatal, nacional, regional y localmente, implicarían políticas que son difícilmente compatibles con las tendencias actuales en la práctica de muchos de sus gobiernos, ya que exigirían cambiar la dinámica económica actual, y las dinámicas de consumo, que son claramente incompatibles con los recursos del planeta.
La necesidad de concienciación sobre los problemas económicos, sociales y ambientales que existen, así como la necesidad de una actuación coordinada con el pensamiento puesto en el largo plazo, son más necesarios que nunca, ya que, aunque se detectan avances en la reducción de algunas presiones ambientales, éstos no son suficientes para mejorar la calidad ambiental, en general, y mucho menos para avanzar hacia el desarrollo sostenible que se propugna en la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Y el futuro se muestra más conflictivo en una situación en la que los altos niveles de deuda pública y de las empresas, que no presentaba graves consecuencias en una situación de tipos de interés muy reducidos y actuación masiva de compra de deuda por los bancos centrales, se están deteriorando gravemente, ya en la actualidad.
Es evidente que la UE –y España en particular- necesitan generar una reacción que no cuestione la consecución de los objetivos ambientales (porque en ellos radican la sostenibilidad y la salud de la población) pero que, a su vez, controle que el deterioro socioeconómico, inevitable a corto plazo como consecuencia de las medidas adoptadas tras la invasión de Ucrania, no derive en un descontento social que genere una reacción de rechazo al Gobierno de coalición. Riesgo que estamos recogiendo en esta Sección desde hace tiempo y que, como hemos señalado, exige medidas inteligentes, prácticas y de apoyo, no solo a la población que más lo necesita, sino también a una clase media cuyo deterioro de las condiciones de vida va deslizándola, poco a poco, hacia una derecha, cuya valoración de una naturaleza sana y sostenible que mantenga su biodiversidad y proporcione los adecuados servicios de los ecosistemas como soporte de esa salud y bienestar, se ha demostrado históricamente, que no entra dentro de sus prioridades.
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[1] https://web.archive.org/web/20111201061947/http://worldinbalance.net/pdf/1987-brundtland.pdf
[2] ONU. Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, 2015. https://undocs.org/es/A/RES/70/1
[3] Cambridge University Press (2022).- “Sustainable Development Report 2022. From Crisis to Sustainable Development: the SDGs as Roadmap to 2030 and Beyond”. www.cambridge.org/9781009210089
[4] Op. Cit. Pág. Vii.
[5] Naciones Unidas, a través de su Statistical Commission (UNDP, 2022), ha estado propiciando y perfeccionando la definición de Indicadores (se propusieron inicialmente un total de 232 Indicadores) para contrastar el acercamiento o alejamiento del cumplimiento de los ODS por parte de cada país o territorio, propiciando la publicación de Informes anuales valorados sobre la situación de cada país en dicho cumplimiento, aunque la definición y disponibilidad de los Indicadores y de las variables utilizadas, tanto en cuanto a fecha de referencia como a fiabilidad de los datos, es muy variable.
[6] EUROSTAT elaboró una primera aproximación al logro de los ODS, en 2016, que ha avanzado sensiblemente en cuanto a número de Indicadores (hasta 153) y armonización de métricas para los países de la UE hasta la actualidad. https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/explore/all/tb_eu?lang=en&subtheme=sdg&display=list&sort=category
[7] El INE (2021) ha establecido para España los Indicadores y Metodología que se van a utilizar para la consideración del logro de los ODS y sus correspondientes Metas. https://www.ine.es/dyngs/ODS/es/index.htm
[8] Pueden verse las referencias completas en las Fuentes recogidas en el Cuadro 1.
[9] Cambridge University Press: Sustainable Development Report 2020, 2021 y 2022. https://www.cambridge.org/es/academic/subjects/economics/economic-development-and-growth/
[10] Aspectos ya valorados y tenidos en cuenta en anteriores artículos de esta Sección).
[11] Ministerio de Hacienda y Función Pública (2021), Informe de Alineamiento con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. https://www.sepg.pap.hacienda.gob.es/sitios/sepg/es-ES/Presupuestos/InformesImpacto/IA2022/Paginas/IAPGE2022ODS.aspx. El objetivo del Informe es ponderar la contribución, cuantitativa y cualitativa, directa e indirecta, de las políticas de gasto y de los programas presupuestarios a la consecución de los ODS.
[12] En ese sentido hay que señalar que le evaluación que realiza el INE de la evolución del logro de este ODS (y, en general de la totalidad de los mismos) es mucho más detallada y valorable, pero no permite comparaciones mundiales. https://www.ine.es/dyngs/ODS/es/index.htm
