Las fechas límite de finales de este año se avecinan, y aunque parece avanzar, el acuerdo de una  reforma laboral entre empresarios, sindicatos y gobierno, sigue lejos. A tenor de las declaraciones de los principales  negociadores, hay muchos temas que resolver. Así lo acaban de confirmar tanto el secretario general de CC.OO” (“a la negociación todavía le quedan unos cuantos capítulos, se está lanzando demasiado optimismo cuando todavía quedan muchas cuestiones”), como el de la UGT, (“no tiene sentido alargar los debates, hay que comenzar a redactar textos”). En parecidos términos se ha pronunciado CEOE. “Cualquier límite de la temporalidad tendrá el rechazo empresarial”.

Al mismo tiempo, la búsqueda de acuerdos a tres bandas obliga a buscar acercamientos con CEOE y CEPYME, que comienzan a ser cuestionados por algunos de los apoyos parlamentarios que tiene el gobierno en el ámbito nacionalista. La petición de explicaciones sobre la negociación a la ministra de trabajo realizada esta semana por ERC y BILDU, denotan cierto malestar, que puede ir creciendo conforme vayan filtrándose algunas de las propuestas para intentar conseguir un acuerdo.

Las partes saben que las reformas acordadas en el marco del diálogo social han sido menos cuestionadas y por lo tanto más duraderas que las realizadas de forma unilateral por el gobierno o con el apoyo de alguna de las partes, tanto si son con empresarios como con los sindicatos. Por eso todos se juegan mucho.

Pero claro, es que llevamos más de tres años de gobiernos progresistas que incluyen en su programa la necesidad de terminar con los elementos más nocivos de la reforma laboral del 2012. Una reforma que puso a los trabajadores a los pies de los caballos del empresariado, con una devaluación salarial brutal y el empeoramiento generalizado de las condiciones de trabajo de gran parte de ellos y que fomentó la triste realidad del trabajador pobre y las mayores desigualdades de nuestra reciente democracia.

Si para la CEOE cualquier cambio de la reforma, que tanto aplaudieron, es un daño en su modelo productivo, permanecer en la negociación les permite reducir la propuesta inicial del Ministerio. Saben que su salida del acuerdo hará que la reforma no sea igual, que no podrán influir y por lo tanto, un previsible acuerdo con los sindicatos obligará al Gobierno a hacerles concesiones que hasta ahora no se han planteado. De ahí sus contradicciones y su búsqueda de soluciones. En esta coyuntura la postura del PP no les ayuda nada. Pablo Casado ha demostrado sobradamente que ni entiende ni huele las repercusiones del diálogo social. En su estrategia, cualquier acuerdo con el Gobierno le perjudica y deja a sectores ideológicamente próximos colgados de la brocha en negociaciones de enorme importancia.

Por otro lado, sería difícil justificar no apoyar cambios en una normativa que ha alterado de forma sustancial el equilibrio entre capital y trabajo, que ha fomentado la desigualdad, que ha potenciado la devaluación de las condiciones de trabajo y ha hecho del ajuste temporal de empleo la alternativa a los diferentes problemas económicos en las empresas.

Es muy complicado defender la permanencia de la reforma con la reivindicación de los ERTE que han  puesto el mantenimiento del empleo como objetivo prioritario, o reivindicar los fondos derivados del pacto Next Generation. La suspensión de las reglas del equilibrio presupuestario y del Mecanismo de Estabilidad rompen la tradicional política de ajustes derivada de la crisis económica del 2009. Superar la crisis económica consecuencia de la pandemia del COVID-19 con otras políticas de carácter expansivo y una malla social a los ciudadanos supone también recuperar derechos y hacer reformas que cicatricen las heridas dejadas, y ahí cambiar cuestiones fundamentales de la reforma del 2012 es un deber moral.

Difícilmente entenderán los trabajadores el rio de ayudas que recibirán numerosas empresas y sectores de actividad, si ellos no ven cambios sustanciales en las relaciones laborales que les modificaron unilateralmente para “hacer frente a la crisis económica del 2009”.