Lo que ha estallado en España en los últimos días es un auténtico vendaval de corrupción política, que está produciendo efectos muy erosivos en la opinión pública.

Si nos atenemos a los datos de los organismos internacionales que hacen mediciones comparativas sobre el grado de corrupción existente en diferentes países, vemos que la sociedad española como tal no está entre los países en los que existe un mayor grado de corrupción. Sin embargo, lo que ocurre en las altas esferas políticas de la derecha es un caso paradigmático de corrupción sistémica, y perfectamente organizada, que amenaza con corroer y deslegitimizar las bases de nuestro actual sistema político. Lo cual es algo especialmente grave, que exige compromisos y respuestas urgentes y contundentes.

Si nuestra democracia se desliza por la senda de la corrupción sistémica y de la correspondiente crisis ciudadana de confianza y de credibilidad en nuestros líderes e instituciones, en poco tiempo nuestra actual estructura política puede verse abocada a una encrucijada fatal.

Los ciudadanos están hartos de tantos casos de corrupción recurrente como salen a la luz pública y muchas veces no hacen distingos entre lo que ocurre en unos partidos y otros, por lo que tienden a descalificar al conjunto de los partidos y los políticos con el argumento de “todos son iguales”. Lo que, a veces, también se utiliza como coartada –moral y argumentalmente− para aceptar, más o menos resignadamente, que la corrupción es algo consustancial a la política. E incluso a la condición humana. Con lo cual se tienden a sentar las bases para la extensión de las prácticas corruptas en el conjunto de la sociedad. Contagio que aún no ha tenido lugar en la sociedad española. Pero del que podemos estar a solo unos palmos de distancia.

De ahí la urgencia de entender que es necesario dar una respuesta clara, contundente, eficaz y creíble a todo lo que estamos viendo.

Corrupciones sistémicas

El problema del PP y de otros partidos de la derecha catalana –aunque no solo− es que llevan años realizando unas prácticas de financiación de sus organizaciones que están alejadas de la legalidad. Cuando se financian las campañas electorales y otras actividades políticas cotidianas en base a comisiones y mordidas de empresas –amigas− contratistas con la Administración Pública, no solo se está cometiendo un acto claramente ilegal, que abre la puerta a la comisión de otros delitos en cadena, sino que además se somete a estas empresas a una sobretasación extraordinaria y anómala (del 3% o el 4%, o lo que sea). Esta situación da lugar, o bien a que estas empresas apliquen tal porcentaje a la reducción de sus beneficios, o bien a que carguen dicho porcentaje al precio de la obra o servicio que prestan al Estado. Lo que suele ser más frecuente. Con lo que al final es el Estado –o sea todos− los que estamos contribuyendo con nuestros impuestos a la sobrefinanciación ilegal de determinados partidos políticos. Algo que ya se sabía, y que podía constatar a simple vista cualquier observador mínimamente atento a tales pormenores político-electorales.

Cuando un partido y sus líderes y cuadros se meten por estos andurriales de la corrupción y empiezan a realizar estas tareas de una manera casi profesionalizada, lo que resulta es que la comisión de actos de corrupción ya no tiene límites. Y como estamos viendo en los escándalos que están saliendo a la luz pública estos días, se empieza a cometer un saqueo permanente de las arcas y los recursos públicos de manera sistemática y organizada, con “connivencias” de “amigos”, “chivatos”, “cómplices” y “delegados” en varios países, en la Justicia, en la Policía e, incluso, en las más altas instancias de la Administración Pública. Lo cual es sumamente grave y pone en evidencia que estamos ante casos de corrupción sistémica que es preciso erradicar de raíz y con total contundencia. Aún con el riesgo de que se puedan cometer algunas “injusticias” o “exageraciones” con ciertas personas.

Saqueo del Estado

Que el PP era un partido político afectado desde hace años por una corrupción sistémica era algo que se sabía perfectamente. Al igual que ocurre con una parte de los partidos secesionistas catalanes. La desenvoltura con la que varios Tesoreros –sucesivos- de estos partidos hablan de dineros, comisiones, sobresueldos y otras lindezas demuestra bien a las claras el arraigo y el carácter estructural de tales prácticas. Desde hace tiempo.

Prácticas corruptas y orientadas al saqueo del Estado, entre las que también hay que incluir los “clientelismos”, que se orientan a buscar cómplices y seguidores sumisos en el interior de los partidos políticos, utilizando los recursos y puestos públicos como moneda de cambio y de “fidelizaciones” al servicio de intereses y posturas personales. Lo cual supone un uso abusivo y corrupto del poder y de los recursos públicos.

Cuando Pedro Sánchez se encaró con Mariano Rajoy y le calificó de “indecente” por este proceder en un debate pre-electoral, no fueron pocos –dentro y fuera de las filas del PSOE− los que le afearon un pronunciamiento tan tajante, sin tener en cuenta que tal imputación no solo tenía fundamento, como se está viendo, sino que venía acompañada por un compromiso serio de hacer todo lo posible y lo imposible para erradicar la corrupción y las prácticas de saqueo del Estado en la vida política de España. Compromiso que Pedro Sánchez ratificó, amplió y explicó cumplidamente a lo largo de las campañas electorales de 2015 y 2016, dejando muy claro que el propósito era desplazar al PP de Mariano Rajoy y los suyos de la Moncloa. No solo por la corrupción, sino también por sus políticas regresivas y antisociales.

Compromiso de regeneración

De ahí, la perplejidad que sintieron muchos votantes y afiliados del PSOE cuando de una manera bochornosa y nada edificante se consumó el “derrocamiento” –en palabras de ellos− de Pedro Sánchez, por entender que era el obstáculo principal para facilitar que Mariano Rajoy y los suyos continuaran gobernando como si tal cosa. De una manera que suponía un incumplimiento neto de lo que el PSOE había prometido en la campaña electoral. Compromiso que concernía a todo el PSOE.

Consecuentemente, ahora se puede ver claramente quién tenía o no razón en aquella extraña operación de “facilitación” del gobierno de Rajoy, con todo lo que esto suponía y supone. En realidad, con dicho proceder, algunos han hecho posible que en España continúe un gobierno y unos equipos que han recurrido a –o facilitado- la “corrupción sistémica”, y en bastantes casos el más descarado enriquecimiento personal ilícito, retrasando y entorpeciendo considerablemente la posibilidad de empezar a atajar de raíz la corrupción. Y eso por no hablar de las consecuencias laborales y sociales de una política carente de la sensibilidad social que ahora se necesita.

Al final, la historia y la Justicia acaban poniendo a cada cual en su sitio. Por eso, hoy, las razones y argumentos esgrimidos por algunos a partir de la borrascosa sesión del Comité Federal del PSOE del 1 de octubre, quedan más claras ante todos y es más fácil comprender por qué algunos adoptaron otras posiciones políticas, estratégicas y morales. A partir de ahí, ¿se pueden considerar a estas posturas como extremistas y poco realistas? ¿O más bien se trata de posturas decentes? ¿Qué entenderán algunos por extremismo? ¿Hay todavía alguna duda?