Una gran mayoría de ciudadanos estamos asistiendo con estupor e inquietud, desde hace unos cuantos meses, a una fuerte pugna política entre el PSOE y Unidas Podemos (UP) por interpretar y hacer cumplir el acuerdo programático que posibilitó el primer Gobierno de coalición progresista desde la transición política. Hasta ahora, todo  indicaba que una vez aprobados los PGE-2021, confirmado el proceso de vacunación contra la Pandemia y celebradas las elecciones en Cataluña las diferencias entre los dos partidos coaligados -ampliadas de manera interesada por algunos medios de difusión- estaban llamadas a desaparecer. Lamentablemente esto no ha ocurrido, lo que nos remonta a episodios semejantes que han estado presentes en el seno de la izquierda a lo largo de nuestra reciente historia.

Desde una visión de Estado, esta pugna resulta muy difícil de entender, sobre todo en un escenario político más pacífico y favorable al Gobierno y a la izquierda en general. Debemos recordar que las pasadas elecciones catalanas reforzaron a la coalición de gobierno (PSOE y UP) y golpearon duramente al PP y a Ciudadanos, muy divididos y sumidos en una muy profunda crisis de identidad política agudizada por el reciente escándalo de las mociones de censura y el adelanto electoral (absurdo e interesado) decretado por la señora Ayuso; incluso, el independentismo sigue fuertemente enfrentado y sin un rumbo claro y definido para formar gobierno en Cataluña. Además, el PSC y los Comunes están llamados a ocupar, en el peor de los casos, un lugar relevante en el Parlamento catalán para ejercer una fuerte oposición anclados en los poderes del Estado. Esta decisión es compatible con que Salvador Illa presente su candidatura para presidir la Generalitat al haber ganado las elecciones, lo que explica que haya sido aplaudida por muchos ciudadanos -tanto dentro como fuera de Cataluña-, a pesar de que los partidos independentistas, aun perdiendo muchos votos, hayan obtenido la mayoría absoluta de escaños en el parlamento catalán.

En todo caso, en el laberinto político catalán se barajan tres opciones. La primera opción es un gobierno de marcado carácter independentista, que redoble su apuesta unilateral por la proclamación de la República catalana y reafirme la confrontación con el Estado (el nombramiento de Laura Borrás para presidir el Parlament sería el primer paso). La segunda consistiría en un gobierno de izquierdas (muy  improbable) en base al PSC y a los Comunes, que cuente con el apoyo condicional dentro o fuera de ERC y desarrolle un programa que ofrezca diálogo y respeto a la Constitución en la perspectiva de configurar un Estado federal; reformar el Estatuto de autonomía; asumir un serio compromiso sobre fiscalidad; y  aumentar el gasto social, la inversión productiva y en infraestructuras. La tercera opción sería repetir las elecciones, que es precisamente lo que nadie desea en estos momentos.

Lo más grave de las controversias dentro del Gobierno es que han alcanzado incluso a la jefatura del Estado (monarquía), al problema catalán (inmunidad de Puigdemont), a la delincuencia y al vandalismo urbano a propósito del caso Hasél y al amplio capítulo de los derechos y libertades. Al margen de la incomprensible polémica relacionada con la prohibición de las manifestaciones del 8 de marzo en Madrid (“criminalizar el movimiento feminista”, según la ministra de Igualdad).

Sin embargo, a pesar de la gravedad de estos hechos, lo que de verdad preocupa a los ciudadanos tiene relación con la Pandemia y con el intolerable índice de desempleo (sobre todo juvenil), la escandalosa precariedad de nuestro mercado de trabajo, la inversión y el cambio de nuestro modelo productivo, la calidad de los servicios públicos, el gasto social, los ingresos fiscales, así como la gestión de las ayudas de la UE, sobre todo las que tienen que ver con la digitalización y el cambio climático.

En relación con estas preocupaciones tampoco debemos olvidar que sigue abierto el debate sobre el SMI; las pensiones y la sostenibilidad de la Seguridad Social; la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV); y, últimamente, el precio de las viviendas de alquiler. La resistencia del Gobierno a aplicar algunos puntos del Acuerdo entre el PSOE y UP y a secundar las reivindicaciones de los sindicatos y de un gran número de militantes socialistas tiene relación con el desplome del crecimiento de nuestra economía y el agravamiento de los problemas sociales derivados de la Pandemia.

Efectivamente, el Gobierno se muestra muy remiso a hacer concesiones en estos asuntos mientras no se recupere el crecimiento de la economía y, en coherencia con ello, apuesta decididamente por seguir ayudando a las empresas a que salgan de la crisis (Fondo de 11.000 millones de euros). Esta política resulta compatible con los apoyos que ya vienen recibiendo los empresarios y, lo que es más importante, con la decisión de mantener una legislación laboral muy favorable a sus intereses y de acometer las reformas estructurales que demande la UE. No es extraño que estas decisiones exijan explicaciones convincentes y, en todo caso, justifican la pertinencia de un debate a fondo en el actual Gobierno y de éste con los interlocutores sociales con la intención de tomar las medidas más eficaces para que nadie se quede atrás: empresas (viables), autónomos y familias en grave riesgo de exclusión social.

En cualquier caso, esperemos que la sangre no llegue al río y que termine por imponerse el sentido común y la cordura, sobre todo cuando está en juego la gestión de las cuantiosas ayudas que España recibirá en los próximos meses. Razones poderosas para evitar que esto pueda acabar mal, lo que exige que el PSOE y UP reflexionen a fondo para buscar fórmulas eficaces que salven las previsibles diferencias que no van a desaparecer de la noche a la mañana. Si bien es comprensible que UP exija que se cumpla el acuerdo programático y aspire a que se visualicen sus diferencias con el PSOE, esto no puede acabar en confrontación y, finalmente, en crisis y ruptura. Debemos recordar, que en el seno de UP se dio un fuerte debate sobre su participación en el Gobierno y, por lo tanto, desde entonces es muy consciente de su situación y de su débil relación de fuerzas. Lo mismo ocurrió dentro del PSOE, donde se alzaron voces autorizadas en contra de la participación de UP en el actual Gobierno. Finalmente se impuso el sentido común y todos hicieron de la “necesidad virtud” tras la ausencia de alternativas mejores, como no fueran las encaminadas a formar un gobierno de concentración con el PP y Ciudadanos que, por otra parte, también concitaba fuertes rechazos.

En todo caso, hay diferencias razonables que se entienden por sí solas y otras de más difícil comprensión que saltan fácilmente a los medios de comunicación. Por ejemplo, no es razonable exigir acuerdos sobre los Principios que justifican la existencia de partidos políticos. En cambio, en otros asuntos programáticos acordados  -que pueden dividir en un momento dado a los actuales socios del Gobierno- las controversias tienen su lógica, sobre todo cuando algunas exigencias de UP, como se dan en algún caso, son compartidas por los sindicatos e, incluso, por muchos militantes del PSOE: políticas activas de empleo, mercado de trabajo (reformas laborales), protección social (pensiones, dependencia, IMV…), SMI, precio del alquiler de la vivienda, inversión en la mejora de la calidad de los servicios públicos, aumento de los ingresos fiscales…

Una última consideración tiene relación con las formas de visualización de la acción política: la difusión de los agravios y diferencias no las pueden transmitir los propios ministros (tanto del PSOE como de UP) a los medios de comunicación. Las desavenencias se deben dilucidar dentro del Gobierno y, por lo tanto, no caben fuera de él manifestaciones contrarias a las decisiones que legítimamente pueda tomar un gobierno en base a una determinada relación de fuerzas. Para justificar y explicar las controversias están las organizaciones políticas y sus representantes, lo que exige un mayor protagonismo de los partidos y  diferenciar de manera muy clara las tareas de gobierno de las tareas partidarias, en coherencia con lo que asigna nuestra Constitución a los partidos políticos.

En definitiva, en estos momentos de especial incertidumbre política, la izquierda necesita partidos fuertes, unidos en lo fundamental, con altura de miras y capacidad de gestionar eficazmente la salida de la crisis y que se enfrenten, en concreto, al desafío que representa el populismo más ultra y montaraz. Partidos que defiendan y expliquen a todos los niveles  sus propuestas y alternativas y potencien a fondo la democracia, la transparencia, la participación y la ética política: no  existen argumentos serios para decir hoy una cosa y mañana todo lo contrario, ni tampoco para defraudar los compromisos asumidos en todo un programa electoral.

Debemos reafirmar que las medidas contempladas en el acuerdo programático (PSOE y UP) son las más apropiadas en la actual situación para responder a la fuerte crisis económica y a la fuerte ofensiva neoliberal que se está produciendo en un mundo globalizado. Son, además, las más eficaces para defender los intereses de los más desfavorecidos y de muchas familias que están sufriendo fuertemente las consecuencias de la crisis: la pobreza y la exclusión social. Precisamente a las que se debe dirigir una política de izquierdas ilusionante que, en cualquier caso, debe ser claramente diferente de las rancias recetas ya fracasadas que nos ha ofrecido y nos sigue ofreciendo en la actualidad la ideología neoliberal, como ya se está poniendo de manifiesto en la precampaña electoral de la Comunidad Autónoma de Madrid.