El salto del coronavirus SARS-Cov 2 en la especie humana ha tenido un doble impacto: en la salud de las personas y en la propia sociedad, en la forma de relacionarnos y de producir, lo que implica un enorme impacto económico.

Recientemente el editor jefe de la revista The Lancet publicaba un artículo en el que argumentaba que esta, la pandemia por coronavirus SARS- Cov 2, no se puede calificar de pandemia, sino que nos encontramos ante una sindemia, término que acuñara la médica y antropóloga  Merrill Singer para referirse a la sinergia entre los efectos sociales y sanitarios de las pandemias. A los efectos sanitarios se una la interacción de los factores sociales, económicos y ambientales.

Hace unos días conocíamos la encuesta del CIS sobre el impacto de la pandemia en la salud mental. La desagregación por tramos de edad y género nos aporta información sobre los distintos efectos en la emotividad, el sueño o la preocupación a enfermar o morir. Hay que agradecer a los diseñadores de la encuesta que hayan introducido una variable importantísima en este impacto: la clase social. Los resultados que arroja es que existe una mayor afectación a la salud mental en las clases sociales media baja, proletariado y pobres.

Nos encontramos, pues, ante una sindemia con impacto biopsicosocial que tiene una afectación bien diferente en relación a la clase social, el barrio donde se vive o la ocupación laboral. Por lo que podemos asegurar que este coronavirus sí entiende de clases sociales. Además, en muy pocas ocasiones se recuerda el origen de la enfermedad COVID 19, debida a una zoonosis provocada, como origen más probable según la información disponible, por el salto desde los murciélagos a través de animales domésticos, al humano. Y eso debido a la preocupante pérdida de biodiversidad en el planeta.

En este año de pandemia hemos aprendido mucho sobre el comportamiento fisiopatológico del virus en el cuerpo humano. Tenemos ya suficientes evidencias sobre su transmisión y, gracias al enorme esfuerzo de aportación de la ciencia, se han logrado vacunas eficaces en un tiempo récord.

Pero conociendo todo esto, nos seguimos contagiando de forma alarmante y sigue habiendo un número insoportable de muertes que podríamos esperar evitables. Es cierta la enorme interferencia en nuestra convivencia, pero con toda la información disponible deberíamos esperar una mayor eficacia en el control de la difusión del virus, toda vez que las consecuencias de la pandemia se evitan solo deteniendo los contagios.

Pero, lamentablemente, de todo esto se escuchan escasas voces y de forma muy esporádica. Estamos ante una profusión de datos diarios como si todo dependiera de una especie de suerte aleatoria al punto de imputar a las medidas de control de la difusión del virus como enemigos de la libertad individual o de tal o cual iniciativa económica o comercial.

Es evidente que las actividades económicas donde se concentran personas suponen un mayor riesgo. En los establecimientos donde las personas se quitan la mascarilla para tomar una consumición o comer el riesgo aumenta, y si se acompaña de animadas charlas en ambiente ruidoso que obligan a elevar el volumen de la conversación, este es aún mayor. En el caso del ocio nocturno, por sus propias características, se dispara. Las medidas de restricción de la actividad en estos sectores van dirigidas a evitar contagios, lo que supone prevenir enfermedades y sus secuelas y sobre todo a evitar muertes.

Es responsabilidad de los poderes públicos adoptar estas medidas cuando disponen de suficiente evidencia de la relación entre lo que se hace en esos lugares y transmisión del virus, con el objeto de quebrar la continuidad de la cadena de contagios. Y por las razones expuestas, las estancias, especialmente en los interiores de bares y restaurantes constituyen puntos neurálgicos en la expansión del virus.

Las restricciones de aforo y limitación de horarios persiguen minimizar en lo posible los riesgos de nuevos contagios. Esto conlleva menor actividad y en consecuencia, impacto en el empleo, en muchas ocasiones precario, con la consiguiente pérdida de ingresos familiares y la repercusión directa en la situación económica y social derivada de la pandemia.

Precisamente para compensar este impacto negativo se han articulado las ayudas en forma de créditos ICO del Gobierno de España, las ayudas directas de las CCAA y ahora de también del gobierno de España y los sucesivos planes de ERTES para sostener la actividad en este sector y evitar la destrucción de empleo.

Pero siendo esto así sorprende enormemente la relevancia pública de quejas y manifestaciones reclamando la retirada de las restricciones a estas actividades de ocio, bares y restaurantes como si la decisión de adoptarlas fuera una arbitrariedad, un capricho o peor aún, se quisiera perjudicar a un sector de la economía de nuestro país.

Es compresible que quienes se ven directamente afectados manifiesten su contrariedad y hasta defiendan sus intereses, pero lo que no es admisible en modo alguno es que quienes tienen la responsabilidad de contener la pandemia se coloquen del lado opuesto, relajen las condiciones, se permitan actividades de riesgo o no se vigilen los incumplimientos, cuando su responsabilidad principal está en procurar entornos seguros. Es el caso de la comunidad de Madrid, que relajando las restricciones se escapa de las compensaciones económicas que otras Comunidades Autónomas han aprobado.

Siendo esto muy grave por lo que supone de descontrol de la pandemia, es peor aún elevar la ausencia de controles a categoría de libertades individuales, lo que de hecho supone negar la raíz de Estado de derecho, es decir, de una convivencia regulada por las leyes. Convertir el descontrol de la pandemia en eslogan electoral supone una auténtica temeridad democrática, con ostentación de descarado atrevimiento y peligrosa ignorancia que exhibieran Trump o Bolsonaro.

Habrá que añadir una nueva consecuencia a las ya conocidas como sindemia: la política negacionista que puede ser de consecuencias aún más devastadoras para la salud humana y del planeta.