En memoria de Manolo Bonmati. Un luchador incansable por  la causa obrera y el socialismo.

El Estado de Alarma va a impedir que los sindicatos celebren en la calle, como todos los años, el 1º de mayo, a pesar de que en esta ocasión se conmemora su 130ª aniversario.  Como se recordará, desde 1890, los sindicatos en el mundo han venido homenajeando a los “mártires de Chicago”, de acuerdo con la resolución que aprobó el Congreso Internacional Obrero celebrado el año anterior en París (1889), en el que participaron Pablo Iglesias y José Mesa como delegados españoles. Años antes, el 1 de mayo de 1886, había estallado en EE.UU la huelga por la jornada de ocho horas (ocho horas de trabajo, ocho horas de descanso y ocho horas de ocio). Más de 5.000 fábricas pararon y 340.000 obreros salieron a la calle para defender sus reivindicaciones y luchar en contra de unas condiciones verdaderamente inhumanas (era frecuente el trabajo de niños y mujeres y las jornadas interminables de 12 a 14 horas) y donde la miseria, la explotación y la represión eran un lugar común entre las clases obreras.

En Chicago, en la Plaza Haymarket, el 4 de mayo de ese mismo año, se masacró a los manifestantes que protestaban por esta situación (38 obreros muertos, 115 heridos y 6 policías muertos) y, lo que fue más grave, 4 de sus dirigentes fueron ahorcados un año después: “Los colgaremos igualmente. Son hombres demasiado sacrificados, demasiado inteligentes y demasiado peligrosos para nuestros privilegios”. Lo más escandaloso de todo el proceso es que fueron declarados más tarde “víctimas inocentes de un error judicial” en un juicio celebrado de nuevo en 1893. (Historia del 1º de Mayo. Maurice Dommanget. Archivo y Biblioteca de la FFLC).

La reivindicación y lucha por las ocho horas duró décadas; a pesar de que el 1º de mayo terminó siendo olvidado, ocultado deliberadamente y desprovisto de todo contenido social en algunos países e, incluso, prohibido en otros (entre ellos España- en plena dictadura franquista-, hasta el punto de transformar dicha fecha en un simple día festivo: “San José Artesano”). Por eso, en España hubo que esperar al año 1978 para celebrar legalmente el 1º de Mayo en defensa de diversas reivindicaciones, entre ellas la consolidación de la libertad (política y sindical) y la democracia.

En cualquier caso, desde sus comienzos, el  1º de mayo ha venido representando la movilización de una clase social contra la burguesía (la lucha de clases), que se concretaba en el eslogan: “Es necesaria otra política”. Por eso, solamente teniendo presente lo que ha venido ocurriendo en los últimos 130 años adquiere una total significación el 1º de mayo como Día Internacional de los Trabajadores, lo que además reafirma plenamente la importancia de la Unidad de los Trabajadores como el mejor instrumento solidario y global para combatir la brutal explotación del proletariado.

En estos momentos, la respuesta global del movimiento sindical mundial es más necesaria que nunca, en un mundo donde se antepone el interés y la respuesta local al imperioso principio de solidaridad global. Por eso, la Confederación Sindical Internacional (CSI) y también la Confederación Europea de Sindicatos (CES) tienen un reto mayúsculo ante la gravedad de la Pandemia y la falta de un interlocutor a nivel planetario (“gobernanza global”). En concreto, se espera que articulen, a la mayor brevedad posible, alternativas contra los efectos perniciosos de la crisis en la salud, la economía, el empleo y la protección social de los trabajadores; además de perfilar una salida a la crisis y analizar  en profundidad el futuro del trabajo, la digitalización (teletrabajo), el cambio climático (transición energética) y la igualdad de género.

En España, a pesar de las múltiples dificultades, los sindicatos  se han esforzado en responder, de acuerdo con sus posibilidades, a la Pandemia y a sus efectos relacionados con el desempleo, la desprotección social y las precarias condiciones de trabajo y, como consecuencia, a la prevista recesión, el déficit y la deuda pública, mostrándose además dispuestos a dialogar con los empresarios sobre la recuperación económica. En concreto, UGT y CCOO, en su Manifiesto del 1º de Mayo, reivindican una serie de puntos entre los que destacan: una Europa más igual, social y solidaria; mantener el empleo; fortalecer la protección social; potenciar los servicios públicos; cambiar nuestro modelo productivo; erradicar la precariedad de nuestro mercado de trabajo; apostar por un trabajo digno, con derechos y salarios suficientes; acelerar la puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital; proteger a PYMES y autónomos; reformar nuestra fiscalidad; respetar el medio ambiente…

En todo caso, la crisis nos ha dictado algunas lecciones. En primer lugar, se ha demostrado el estrepitoso fracaso de la gestión de las residencias de mayores (sobre todo en las concertadas y privadas), la alarmante falta de protección de nuestros sanitarios y, lo que es aún más grave, que el Ministerio de Sanidad no cuenta con los instrumentos necesarios para abordar un problema de esta envergadura al estar transferidas todas las competencias sanitarias a las CCAA. Ello exige, cuando menos, un mínimo acuerdo que potencie al conjunto del Sistema Sanitario; en particular, el Ministerio de Sanidad debería mejorar su capacidad de coordinar las consejerías de las CCAA y, en concreto, disponer de un gran Instituto de referencia a nivel nacional dedicado exclusivamente a la medicina preventiva (obesidad, tabaquismo, alcoholismo, bebidas edulcorantes, contaminación…), al margen de reforzar en profundidad el Instituto de Salud Carlos III- dedicado a la investigación sobre emergencias sanitarias- y garantizar una red de proveedores en tecnología  sanitaria y protección de los profesionales de la salud (Central de Compras).

Paralelamente- recordando el pasado 28 de abril, como Día Internacional de la Salud y la Seguridad en el Trabajo-, se debería potenciar el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) y tener en cuenta y valorar, por los responsables políticos que corresponda, sus conclusiones en la investigación sobre la protección y la medicina preventiva en las empresas, garantizando en todo caso la coordinación permanente entre las  áreas de Salud y Trabajo.

En segundo lugar, la crisis ha puesto de manifiesto la fragilidad de nuestro modelo productivo y la precariedad de nuestro mercado de trabajo (destruye empleos temporales con muchísima facilidad como ha confirmado la última EPA), además de la desprotección y pobreza de muchos trabajadores. Por eso, nadie puede quedar desamparado y sin la protección social necesaria, lo que nos obliga a poner en valorar el Ingreso Mínimo Vital que está elaborando el Gobierno y las medidas tomadas en relación con empresas, trabajadores y autónomos (ERTES, prestación por desempleo, ayudas a autónomos, pago y demora de alquilares e hipotecas…). Ahora, hay que trabajar a fondo para ir paulatinamente abriendo los centros de trabajo y mantener el empleo, al margen de la necesaria reconversión y ajuste de algunas empresas y sectores: por ejemplo, el sector turístico y los establecimientos de restauración, bares y hostelería.

En tercer lugar, la Pandemia está teniendo consecuencias brutales en nuestra economía y en concreto en el déficit y la deuda pública, agravados por la tardanza y la insuficiente implicación de la UE (Alemania y Holanda) en la búsqueda de acuerdos fundamentados y basados  en la unidad y la solidaridad exigible en ese ámbito. Acuerdos encaminados a responder al reto sanitario, mutualizar la deuda de los países, emitir deuda europea exclusivamente dedicada a la inversión, establecer un seguro de desempleo, apostar por una Europa Verde y, finalmente, por unos Presupuestos Europeos más expansivos. A pesar de lo razonable de estas propuestas todavía no se ha concretado un Acuerdo plenamente satisfactorio en la UE.

En nuestro país, tampoco será fácil lograr un Gran Acuerdo, como ha propuesto el Gobierno, a pesar de la decisión de Pablo Casado de que, finalmente, el PP participe en las conversaciones en sede parlamentaria. En todo caso, un hipotético Gran Acuerdo resulta incompatible con el empecinamiento de las derechas en “reducir impuestos” y, sobre todo, en desgastar y derribar al Gobierno- lo que consideran su principal objetivo (proponen nada menos que “un gobierno de salvación nacional” sin la presencia de UP)-, incluso por encima del combate a la Pandemia y la salida de la crisis. Los independentistas no le van a la zaga al exigir introducir de nuevo la autodeterminación y la República  Catalana en las conversaciones abiertas bajo el principio miserable de que una Catalunya independiente “combatiría mucho mejor la crisis y con  menos muertos”.

En el peor de los supuestos- y si no es posible un Gran Acuerdo-, se debería trabajar por alcanzar acuerdos parciales, con una menor proyección mediática, pero  no por eso menos importantes, en relación con la UE, la sanidad, educación, protección social, inversión pública, fiscalidad, cambio climático… Ello facilitaría la  elaboración de los próximos PGE y el Gobierno podría seguir reflexionando sobre las decisiones más adecuadas para volver a la normalidad y seguir protegiendo a los más vulnerables.

En coherencia con ello, también se debe potenciar a fondo el diálogo social entre los interlocutores sociales, sin descartar que se puedan incorporar, de alguna manera, a las conversaciones previstas en el Parlamento. Las consecuencias de la crisis justifican su intervención en la recuperación de los sectores de producción, transportes y  servicios y, sobre todo, en el mantenimiento del empleo, la estabilidad de nuestro mercado de trabajo y la protección social de los trabajadores. Además, en esta situación de incertidumbre, los sindicatos y empresarios deben asumir un mayor protagonismo a la hora de ajustar y adaptar las empresas y sectores a las nuevas exigencias que nos plantee la Pandemia mientras no se encuentre una vacuna.

Poderosas razones para que los valores relacionadas con el 1º de Mayo- entre los que destacan la unidad, la centralidad del trabajo y la solidaridad- sigan siendo una referencia obligada en el desarrollo de las políticas económicas y sociales en  los próximos meses. Ese es el reto que tienen que asumir la izquierda, el Gobierno y los sindicatos, ante unas derechas sin proyecto, sin alternativas y al margen de la realidad social (el ejemplo de Portugal es esclarecedor y edificante cuando se acaba de celebrar el 46º aniversario de la Revolución de los Claveles, el 25 de abril de 1974).