España necesita abordar una reforma de su fiscalidad para que sea justa, page más quien más tiene, se persiga el fraude fiscal y se explique a los ciudadanos adecuadamente la finalidad y la utilización de los impuestos, dentro de un nuevo contrato social para el siglo XXI, donde conseguir un aumento de la prosperidad, de la igualdad y del bienestar de la población.

Parece obvio insistir en que una fiscalidad justa, posibilita contar con una recaudación constante y adecuada, que hará viable unos servicios públicos de calidad para toda la población. Pero junto a esta fiscalidad justa, es imprescindible desarrollar una cultura de protección de lo público, una mayor información sobre lo que suponen los impuestos y quién y cuánto paga, y una persecución eficaz del fraude. Solo así, el sistema aguantará, y será más equitativo y sostenible en el tiempo.

Hay problemas centrales que resolver. Un 91,4 por ciento de la población cree que existe mucho o bastante fraude fiscal, según la encuesta de Opinión Pública y Política Fiscal del CIS, del mes de julio de 2021.

Y aquí, surgen varias preguntas: ¿Cuáles son las razones que mueven a las personas a ocultar parte o todos sus ingresos a Hacienda? y ¿Cuáles son los efectos que para la sociedad tiene ese fraude fiscal?

Ante la primera de las preguntas, la principal razón que creen los españoles que mueve a la gente a ocultar parte o todos sus ingresos a Hacienda es porque los que más tienen evitan o minimizan el pago. Así piensa el 20,5 por ciento de los encuestados. Relacionada con la anterior, un 15,6 por ciento cree que es debido a la falta de honradez y conciencia ciudadana.

Después no encontramos un grupo de razones que tienen que ver con el incremento de la desigualdad y la precariedad en el mercado laboral. Así, un 17,6 por ciento señala que se ocultan ingresos a Hacienda porque los salarios son demasiado bajos y hay que buscar otras opciones para conseguir dinero. Y un 12,4 por ciento, indica que la escasez de empleo obliga a aceptar cualquier trabajo, aunque no se declaren dichos ingresos.

Tras estas, aparece la desconfianza en la Administración. Tanto a la hora de subrayar la falta de control de la Administración (10, 4 por ciento), como por desconfianza de la gestión y destino de los impuestos.

Por último, es importante resaltar que solo el 10 por ciento cree que la razón de ocultar dinero tiene que ver con que los impuestos que hay que pagar a Hacienda son excesivos. Y un 5 por ciento, que las sanciones que pueden imponerse son de poca importancia, es decir, “sale barato defraudar”.

Si a ese sale barato defraudar, le sumamos que un 57,4 por ciento de españoles considera poco o nada probable que le hagan una revisión de la declaración de la renta, otra cuestión a resolver con urgencia es aumentar el número de funcionarios de Hacienda, ya que tenemos una de las plantillas más envejecidas del mundo y sólo 9.744 funcionarios de Hacienda tienen competencias de control tributario de los contribuyentes.

Por tanto, las razones principales para ocultar ingresos tienen que ver con la codicia, con no sentirse involucrado en el orden cívico que existe con el contrato social que posibilita la convivencia, con la desigualdad y con la desconfianza en las administraciones.

En cuanto a la segunda pregunta, los efectos que para la sociedad tiene ese fraude fiscal. Un 34 por ciento, cree que crea injusticia, pues unos tienen que pagar lo que dejan de pagar otros; un 27,4 por ciento, que disminuye los recursos para financiar los servicios públicos y prestaciones sociales; un 18,1 por ciento, que desmotiva a quienes pagan correctamente sus impuestos; un 13,7 por ciento, que obliga a aumentar la presión fiscal sobre quienes cumplen y pagan correctamente sus impuestos; y solo un 1,1 por ciento, opina que en general no tiene unos efectos reales importantes.

Como el 88,1 por ciento de los españoles está más bien de acuerdo con que engañar a Hacienda es engañar al resto de los ciudadanos, hay que poner coto a esta situación ya, para mejorar el bienestar y la equidad en nuestra sociedad. Estamos hablando de la utilización de nuevas tecnologías, de modernización, de eficacia al servicio de una fiscalidad justa. Pero sobre todo estamos hablando de un compromiso cívico. Estamos hablando de ciudadanía.