No falla. Cuando está cerca un proceso electoral, ahora en Andalucía, o cuando hay indicios de mejorar ratios que afectan a la economía, como la elevada inflación actual, ahí está el Gobernador del Banco de España haciendo sus aportaciones, presentando sus estudios y valoraciones sobre los temas de política laboral o de cuestiones esenciales para el Estado del bienestar. En este caso, las pensiones.

Defendió la “mochila austriaca” como fórmula para resolver la dualidad laboral entre contratos temporales y fijos, cuando comenzaban las negociaciones para cambiar la reforma laboral del PP. Demonizó el incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) porque supondría la destrucción de 150.000 empleos “como mínimo”, al mismo tiempo que el premio Nobel de ciencias sociales se adjudicaba a tres profesores por demostrar que los incrementos salariales no suponían destruir empleo, sino lo contrario. Repetidamente anuncia la perversión que para el empleo tiene el elevado coste del despido. Y ahora no oculta sus simpatías por el incremento de las pensiones que hizo el PP a través de aquél factor de sostenibilidad que tuvo a los pensionistas seis años con subidas del 0’25%.

“La reforma que ha aprobado hasta ahora el Gobierno es insuficiente para garantizar la sostenibilidad de las pensiones y estas no deberían subir con el IPC este año para hacer frente a la escalada de precios”. Esta podría ser la conclusión fundamental del Informe del Banco de España presentada el pasado 18 de mayo. Además de no querer pronunciarse sobre la evolución de la temporalidad por la aplicación de la reforma laboral del actual gobierno, esperando ver cómo evoluciona el mercado de trabajo en los próximos meses.

Para él, la reforma de las pensiones aprobada hasta ahora, es insuficiente. “Por eso debe actuarse por el lado de los ingresos y de los gastos por ambos”. Insiste en desvincular el incremento de las mismas del IPC, al igual que los sueldos de los funcionarios, para evitar que la inflación siga subiendo. Plantea hacer un mecanismo automático de ajuste que en la mente de todos recuerda el 0’25% de revalorización que aprobó el PP en el 2013 y que tanto en la Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo como en la reciente Ley se ha desechado.

La opinión del Gobernador, y mucho menos los informes que realiza el gabinete de estudios del Banco de España, no están sujetos a ningún tipo de orientación política. La objetividad y el rigor, se supone, están siempre detrás de ellos. Sin embargo, resulta sospechoso que cuando hay avances en protección social o mejoras para la ciudadanía, aparecen declaraciones que en el mejor de los casos producen inseguridad, zozobra, y que pueden llegar a la desconfianza.

Porque una semana más tarde, el 24 de mayo, el Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, en respuesta a una interpelación de una senadora del PP se reafirmó en que “las pensiones serán revalorizadas conforme al IPC. Con la reforma se ha recuperado el poder adquisitivo de más de 9 millones de pensionistas que estuvieron con el Gobierno del PP sumidos en un incremento cerrado del 0’25% y una pérdida sistemática de poder adquisitivo”.

Los datos que aportó el Ministro son claros: cuando llegó al Gobierno en el año 2018, el déficit de la Seguridad Social era del 1’8%, mientras que el año pasado se consiguió reducir al 0’9%, y este año se prevé bajar al 0’5%, y eso que actualmente hay 600.000 afiliados más a la Seguridad Social que antes de la pandemia, llegando a los 20’3 millones. Son datos bastante más esperanzadores que las opiniones del Banco de España, pero la cizaña de la desconfianza y el descrédito están servidos. Con estas declaraciones vuelve a generarse ansiedad y desasosiego en un colectivo tremendamente inseguro con su futuro.

A pesar de que el Pacto de Toledo amortiguó durante algunos años la confrontación electoral sobre las pensiones, con el “todo vale” de los nuevos tiempos se hace que los votos de millones de pensionistas que solo piden la seguridad económica que se han ganado con sus años de trabajo, se esté convirtiendo en munición para cualquier campaña electoral, con la simple finalidad de arañar votos o neutralizar los del contrario.